La novedad de Hacienda que afecta a los jugadores y acertantes de la Lotería del Niño

La Agencia Tributaria ingresará hasta 19,5 millones de euros de los premios que se repartirán en el Sorteo de El Niño, siempre que se vendan todos los décimos del primer y segundo premio, que son los que tributan, de acuerdo con los cálculos del colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y según recoge Europa Press.

En total, este sorteo, que se celebra el 6 de enero, repartirá 700 millones de euros en premios, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que sólo grava a los dos primeros premios de 200.000 y 75.000 euros por décimo, respectivamente. De esta manera, los afortunados con el tercer premio recibirán los 25.000 euros íntegros.

Asimismo, Gestha señala que los agraciados que compartan un premio superior a los 40.000 euros tendrán que pagar a Hacienda la parte correspondiente a su participación, aunque ésta sea inferior a esa cifra, ya que el gravamen se exige sobre la cuantía que supere los 40.000 euros del décimo premiado, siendo indiferente en cuanto esté participado.

No obstante, recuerda que los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los agraciados, quienes sólo añaden en su declaración los rendimientos que les genere el dinero conseguido, como los intereses bancarios. Incluso no les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí hay que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si alcanza el mínimo autonómico para presentarlo.

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)

Por ello, los técnicos de Hacienda vuelven a pedir al Gobierno que reponga el mínimo exento de los premios de Loterías, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros, límite vigente entre 2013 y el 4 de julio de 2018, puesto que no ven ninguna justificación para que no tribute una ganancia del juego de 40.000 euros, pero sí lo haga la prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros.

Asimismo, Gestha recuerda a los afortunados que contraten un seguro de los que -según se promociona- "te devuelve los impuestos de la lotería", que el cobro de la indemnización equivalente al impuesto retenido también tributará como incremento de patrimonio, por lo que deberían incluirlo en su declaración de la renta correspondiente al año en que la perciban, junto al resto de sus rendimientos sometidos a la escala general.

Por otro lado, Gestha indica también que este año, por primera vez, se podrán investigar los "premios sospechosos", de acuerdo con la nueva ley de prevención del fraude fiscal, que permite a la Agencia Tributaria "conocer inmediatamente" los premios pagados con o sin retención, identificar al ganador, las fechas del sorteo o apuesta y del pago del premio, entre otros datos relevantes.

En concreto, se ha establecido una disposición legal para que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE informen mensualmente a la AEAT de los premios pagados e identifique al perceptor y a su representante legal, la fecha de celebración del sorteo o apuesta, la fecha de pago del premio y la forma de pago.

Fraudes en el cobro de los premios

Según los técnicos de Hacienda, el impacto de esta medida disuasoria ha sido "muy importante", pues hasta octubre de este año las entidades jurídicas habrían ganado 3,8 millones en premios de Loterías de más de 40.000 euros cada uno, cifra muy alejada de los 340 millones logrados con grandes premios en el mismo periodo de 2020.

De esta forma, Gestha alerta de que las fundaciones, asociaciones y entidades sin fines de lucro acumulan el 98,2% de los 714 millones en premios obtenidos por las personas jurídicas desde 2017.

Por lo que los técnicos siguen reclamando a la AEAT que les permita abrir las investigaciones tributarias y de blanqueo de capitales a las entidades jurídicas, así como a las personas que ganaron grandes premios en distintos sorteos, antes de que prescriba la posibilidad de investigar los fraudes que podrían haberse cometido.