La Plataforma del Tercer Sector (PTS), integrada por veinte organizaciones por medio de las cuales representa a cerca de 28.000 entidades del ámbito social, ha despedido un año "complejo y cargado de trabajo" en el que se han logrado "hitos" como la ratificación de la Carta Social Europea Revisada, las mejoras en el Ingreso Mínimo Vital o la reforma del Derecho Civil.
De este modo, da la bienvenida a un 2022 en el que asegura que seguirán trabajando para "alcanzar el máximo reconocimiento y protección de los derechos sociales".
"El 2021 ha sido, sin duda, un año complejo y cargado de mucho trabajo para las entidades del Tercer Sector. Un año que ha venido marcado por una cierta recuperación después de la pandemia del COVID-19 que ha dejado graves consecuencias sociales y económicas en nuestro país", ha valorado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.
El año que acaba, según precisa, ha sido "intenso" y ha supuesto "un nivel de exigencia importante" para las entidades del Tercer Sector y, desde la Plataforma, según destaca, han desplegado una serie de acciones, reuniones, convenios y acuerdos "sin precedentes".
Entre los "momentos clave" de 2021, ha destacado el acuerdo marco de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, "que todavía necesita seguir desarrollándose y profundizándose". En este sentido, Poyato apuesta por revitalizar y dinamizar la Comisión para el Diálogo Civil para que sea el foro de trabajo para dar seguimiento y cumplimiento al acuerdo, y por avanzar en los trabajos del grupo normativo.
También pone de relieve que, durante 2021, han intensificado su relación con otros departamentos ministeriales y su actividad de incidencia en relación con el nuevo periodo de financiación europea y, específicamente, en las materias vinculadas con los Fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
"Hemos diseñado y desplegado una estrategia de incidencia para poder estar informados de primera mano sobre las iniciativas impulsadas desde los departamentos ministeriales y al mismo tiempo para formar parte de los foros que puedan constituirse sobre el proceso de implementación de los fondos europeos", ha explicado.
Además, entre los hitos de 2021, Poyato ha puesto de manifiesto el trabajo que han desarrollado para abordar mejoras en el Ingreso Mínimo Vital, "que van a permitir que la implementación de esta medida sea mejor y su impacto en la ciudadanía sea mayor". En concreto, destaca que las entidades del Tercer Sector van a ser mediadoras del IMV, colaboradoras del Ministerio de Transición Ecológica en temas de pobreza energética y también de la Administración de Justicia.
Asimismo, señala que han podido ver, "por fin", la aprobación de la Carta Social Europea Revisada y sus protocolos, lo que supone "un gran avance para España pues expresa el compromiso con la lucha contra la pobreza y la exclusión social y refuerza los derechos de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad".
Ampliación de derechos para personas con discapacidad
Otro elemento importante de este año ha sido, según recuerda, "la gran reforma del Derecho Civil" que era "urgente y necesaria porque supone una ampliación de derechos para las personas con discapacidad y responde a fuertes y constantes demandas sociales y políticas, especialmente desde el movimiento de la discapacidad".
También, a finales de año, han alcanzado un convenio con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para el fomento de la comunicación inclusiva en materia de Gobierno Abierto, que se extenderá durante tres años, y que recoge acciones para informar, sensibilizar y concienciar a los colectivos más vulnerables de sus derechos de acceso a la información pública y a la participación.
A nivel interno de la PTS, Poyato subraya que se ha "profundizado en la cohesión y la articulación" del Tercer Sector a nivel territorial lo que les permite "una mayor capilaridad, coherencia y coordinación".
Graves situaciones de vulnerabilidad por la pandemia
En cuanto a la situación que viven las personas a las que atienden, el presidente de la PTS precisa que las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia están "incidiendo en mayor medida sobre las personas en situación de vulnerabilidad, pero también ha generado graves situaciones de vulnerabilidad entre personas que nunca habían necesitado ayuda".
"El contexto que nos deja esta crisis que todavía continúa es una realidad social marcada por el incremento de la desigualdad, por la precarización de amplios sectores, un aumento de la pobreza que afecta a parte de la población, el mantenimiento de barreras y obstáculos a la plena inclusión y la cohesión social", advierte.
Según los últimos datos, más del 26,4% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir más de 12 millones de personas. Además, la pandemia ha incrementado en un 50% la privación material severa, afectando a 3,3 millones de personas.
A pesar de todo ello, Poyato puntualiza que la pandemia también ha dejado algunos hechos "positivos", pues "ha provocado una explosión de solidaridad". Durante los peores meses de la pandemia, unos dos millones de personas se sumaron a hacer acciones voluntarias, junto a los 2,5 millones de personas que hacen voluntariado de forma habitual.
En este sentido, ha detallado que las entidades del Tercer Sector de Acción Social han sido, desde el primer momento, "esenciales" en la respuesta a la pandemia; y ha añadido que "el Estado, el Gobierno, las CCAA y los ayuntamientos, tienen que reconocer el papel esencial de las entidades del Tercer Sector de Acción Social y garantizar la financiación necesaria".
De cara al 2022, ha asegurado que van a seguir trabajando para "alcanzar el máximo reconocimiento y protección de los derechos sociales" y ha pedido "abordar los diversos desarrollos normativos pendientes", los cuales que vienen reclamando desde la aprobación de la Ley del Tercer Sector en 2015.
También se proponen "avanzar en la mejora e implantación de las rentas e ingresos mínimos, en la reducción de la pobreza, el acceso y derecho a la salud, el derecho a la vivienda, la reducción de la brecha digital, la igualdad en el acceso a la educación, la inclusión social, la no discriminación, la igualdad de género y la lucha contra la emergencia climática".
