El ictus provocará casi 10 millones de muertes al año en 2050: ¿estamos preparados?

A menos que se tomen medidas urgentes, se estima que el número de personas que mueren por ictus en el mundo aumentará en un 50% en 2050 hasta alcanzar los 9,7 millones de muertes anuales, con unos costes anuales que podrían alcanzar los 2,3 billones de dólares (unos 2.178 millones de euros), según un nuevo informe sobre soluciones prácticas para reducir la carga mundial del ictus.

Una Comisión de Neurología de la Organización Mundial del Ictus y Lancet prevé un creciente impacto sanitario y económico del ictus entre 2020 y 2050, que afectará de forma desproporcionada a los países de ingresos bajos y medianos (PIBM).

Basándose en una revisión de las directrices basadas en la evidencia, encuestas recientes y entrevistas en profundidad con expertos en ictus de seis países de ingresos altos y seis de ingresos bajos y medianos, los autores hacen recomendaciones pragmáticas basadas en la evidencia para reducir la carga mundial, incluyendo medidas para mejorar la vigilancia del ictus, la prevención, la atención aguda y la rehabilitación.

El número de personas que sufren un ictus, mueren o quedan discapacitadas por esta afección en todo el mundo casi se ha duplicado en los últimos 30 años, y la gran mayoría de los afectados se encuentran en países de ingresos bajos y medios, donde la prevalencia de la afección aumenta a un ritmo más rápido que en los países de ingresos altos.

Si se mantienen las tendencias actuales, no se alcanzará uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) clave de la Organización Mundial de la Salud. El ODS 3.4 pretende reducir en un tercio para 2030 los 41 millones de muertes prematuras por enfermedades no transmisibles, incluido el ictus. Aunque su consecución exigiría 140.000 millones de dólares en nuevos gastos entre 2023 y 2030, los beneficios económicos superarían los costes en una proporción de diez a uno.

El profesor Valery L. Feigin, de la Universidad Tecnológica de Auckland (Nueva Zelanda) y copresidente de la Comisión, señala que "predecir con precisión las repercusiones sanitarias y económicas del ictus a décadas vista es un reto inherente, dados los niveles de incertidumbre que entraña, pero estas estimaciones son indicativas de la carga cada vez mayor que veremos en los próximos años a menos que se tomen medidas urgentes y eficaces".

En la nueva Comisión, los autores utilizaron los métodos del estudio Global Burden of Disease (GBD) para proporcionar estimaciones de la carga de ictus entre 2020 y 2050 en los países de ingresos altos, los de ingresos medianos y bajos y por principales regiones mundiales del GBD y edad.

Teniendo en cuenta el crecimiento y el envejecimiento de la población en la mayoría de los países, su análisis indica que el número de personas que mueren anualmente por ictus en el mundo aumentará un 50%, pasando de 6,6 millones en 2020 a 9,7 millones en 2050.

Se prevé que el número de muertes por ictus en los PBI y los PIM aumente drásticamente –incrementando la brecha con los países de ingresos altos– al pasar de 5,7 millones en 2020 a 8,8 millones en 2050.  Por el contrario, se estima que las muertes por ictus en los países de ingresos altos se mantendrán prácticamente sin cambios, en torno a 900.000 entre 2020 y 2050. Esto indica que la proporción de muertes por ictus en el mundo que se producen en los PIBM aumentará del 86% en 2020 al 91% en 2050.

Mientras que se prevé que la tasa mundial de mortalidad entre los mayores de 60 años descienda un 36% (566 muertes por 100.000 en 2020 a 362 por 100.000 en 2050), entre los menores de 60 años se prevé que descienda menos de un 25% (13 por 100.000 en 2020 a 10 por 100.000 en 2050). Los autores de la Comisión señalan que la menor reducción entre los más jóvenes podría estar relacionada con el aumento de los niveles de diabetes y obesidad en este grupo de edad.

Entre los principales obstáculos identificados se encuentran la escasa concienciación sobre el ictus y sus factores de riesgo (hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, obesidad, dieta malsana, sedentarismo y tabaquismo) y la escasez de datos de vigilancia sobre factores de riesgo, eventos, tratamiento y resultados del ictus.

Entre los principales factores facilitadores se incluyen las organizaciones y redes de accidentes cerebrovasculares bien desarrolladas, que pueden crear capacidad para la atención y la investigación de los accidentes cerebrovasculares, y la atención sanitaria universal, que proporciona acceso a toda la población a una atención para los accidentes cerebrovasculares basada en pruebas.

A partir de los resultados del análisis cualitativo, los autores de la Comisión formulan 12 recomendaciones basadas en la evidencia sobre la vigilancia, la prevención, la atención aguda y la rehabilitación del ictus.

Entre las principales recomendaciones figuran establecer sistemas de vigilancia de bajo coste que proporcionen datos epidemiológicos precisos sobre el ictus para orientar la prevención y el tratamiento y aumentar la concienciación pública y la acción para mejorar los estilos de vida saludables y prevenir el ictus mediante el uso en toda la población de tecnologías móviles y digitales, como vídeos y aplicaciones de formación y concienciación.

También recomienda dar prioridad a la planificación eficaz de los servicios de atención de accidentes cerebrovasculares agudos, el desarrollo de capacidades, la formación, el suministro de equipos apropiados, el tratamiento y medicamentos asequibles, y la asignación adecuada de recursos a nivel nacional y regional.

Otra de las recomendaciones pasa por adaptar las recomendaciones basadas en la evidencia a los contextos regionales, incluida la formación, el apoyo y la supervisión de los trabajadores sanitarios de la comunidad para ayudar en la atención a largo plazo del ictus.

Los expertos aconsejan establecer ecosistemas locales, nacionales y regionales en los que participen todas las partes interesadas para crear, aplicar y supervisar conjuntamente la vigilancia, prevención, atención aguda y rehabilitación de los accidentes cerebrovasculares.

"Uno de los problemas más comunes a la hora de aplicar las recomendaciones sobre prevención y atención del ictus es la falta de financiación. Nuestra Comisión recomienda que todos los gobiernos del mundo introduzcan normativas legislativas e impuestos sobre los productos poco saludables (como la sal, el alcohol, las bebidas azucaradas y las grasas trans)", señala el profesor Feigin.

Según añade, "tal imposición no sólo reduciría el consumo de estos productos y, por tanto, llevaría a la reducción de la carga que suponen el ictus y otras enfermedades no transmisibles importantes, sino que también generaría cuantiosos ingresos suficientes para financiar no sólo programas y servicios de prevención del ictus y otros trastornos importantes, sino también para reducir la pobreza, la desigualdad en la prestación de servicios sanitarios y mejorar el bienestar de la población"