La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales han advertido este miércoles de que "solamente 900.000 personas" reciben alguna ayuda de carácter social en el país, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge que hasta 3,3 millones "sufren carencias materiales graves".
La entidad recuerda que "en la crisis social" que vive el país tras la pandemia es "imprescindible" ayudar a las familias que peor lo están pasando, para que puedan cubrir, al menos, sus necesidades más básicas.
Pero la cifra del INE no es la única que muestra la realidad de muchos hogares del país. Los directores de Servicios Sociales apuntan que, con los indicadores europeos (Tasa AROPE) la cifra de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en el país es de 12,4 millones y cifra en 4,6 millones los españoles que viven en hogares donde ningún miembro de la familia tiene empleo o existe una baja intensidad del mismo.
A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la entidad explica que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos, son los recursos que en la actualidad tienen estas familias para cubrir estas necesidades tan básicas.
Intervenciones "dificultosas" y "humillantes"
"Ya hemos denunciado reiteradamente el entramado burocrático, innecesario y cruel, que dificulta a cientos de miles de familiar que lo necesitarían, percibir el IMV, de manera que sólo llega a 260.000 hogares en los que viven más de 680.000 personas, frente a los 850.000 hogares que el propio Ministerio consideraba como potenciales perceptores", han señalado los directores.
En este sentido, destacan que los presupuestos municipales para atender las necesidades más básicas (alimentación, vestido, alquiler, suministros del hogar...) de las familias más vulnerables, se han incrementado hasta un 30% en algunos casos, aunque "los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales han imposibilitado el acceso y, por tanto, la eficacia de las ayudas".
"Hay ayuntamientos que pueden tardar casi dos meses a dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificar en las intervenciones son dificultosas a la vez que humillantes", lamentan.
A su juicio, la estricta interpretación de la norma que considera estas ayudas como subvenciones, "es una de las causas de esta situación" y, por ello, llama a "modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa".
"Planteamos la necesidad de derogar el procedimiento administrativo que hace que las ayudas de emergencia social sean tratadas como cualquier subvención (incluso millonaria) a una entidad, y vincular su concesión y pago a procedimientos ágiles basados en la prescripción social facultativa del profesional de referencia de los Servicios Sociales municipales", concluyen.
