Intoxicaciones alimentarias: así puedes reclamar

El famoso restaurante madrileño Casa Dani, reconocido por sus icónicas tortillas de patata, ha vuelto a traer a la palestra el recurrente problema de la salmonelosis al verse obligado a cerrar o temporalmented por la sospecha de un brote de intoxicación alimentaria que ha afectado por salmonela a cerca de 40 personas.

Precisamdente por eso, la OCU ha hecho público un comunicado en el que recuerda que el derecho a pedir una indemnización en caso de intoxicaciones alimentarias y añaden que, sea cual sea la causa de la intoxicación, el importe de la indemnización deberá contemplar, al menos, el número de días que no se ha podido acudir al trabajo, bien por estar de baja o por el cuidado de un familiar directo, sobre todo si es un niño o una persona mayor que no pueda valerse por sí misma.

Entre los documentos a presentar, el afectado deberá recabar un informe médico que recoja la fecha y la gravedad de los síntomas de la intoxicación, además de un parte médico de baja (si lo hubiera) y el ticket o la factura de la comida realizada, sobre todo si se pagó en efectivo, ya que el pago con tarjeta se registra en la entidad bancaria. De hecho, igual que ya se hace con las compras de productos, OCU recomienda guardar siempre el ticket del establecimiento donde se haya comido, al menos durante una semana puesto que algunas intoxicaciones tardan hasta cinco días en manifestarse.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios también advierte que si no se llega a un acuerdo amistoso con el establecimiento donde se produjo la intoxicación, el consumidor puede elevar la demanda a la vía judicial y recuerdan que para reclamaciones por un importe inferior a 2.000 euros no es necesario contratar abogado ni procurador. Además, no está de más denunciar los hechos ante la Consejería de Sanidad o la de Consumo para que levanten acta de los hechos, investiguen la posible intoxicación e impongan la pertinente sanción administrativa.

OCU solicita también a las administraciones autonómicas que, tal y como ya se hace en otros países europeos, se hagan públicos los resultados de inspección sanitaria de los establecimientos de restauración colectiva, por considerar que se trata de un derecho básico para la información del consumidor.