El Juzgado de Instrucción 2 de Mataró (Barcelona) ha admitido una querella de la Fiscalía contra el exdirector y la exdirectora médica de la residencia de mayores Ca n’Amell, de Premià de Mar, por 87 muertes durante las primeras semanas de la pandemia de coronavirus, que fueron relevados cuando la Generalitat intervino el centro, en abril de 2020.
La querella, consultada por Europa Press, les atribuye los presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional grave, y de trato degradante a raíz de una investigación que la Fiscalía abrió tras la intervención del centro, dado el "elevadísimo índice de mortalidad" entre los mayores y lo que tacha de deficiencias en el trato y los cuidados que se daban a los residentes.
En el geriátrico hay en total 272 plazas y al inicio de la pandemia había 230 mayores internos, y según la querella de la Fiscalía los directivos del centro no tomaron medidas para evitar contagios y "no mostraban ninguna colaboración con los profesionales de la sanidad pública evitando implementar los protocolos y medidas sanitarias que les eran indicadas".
Desde el 1 de marzo hasta el 18 de abril, cuando la Generlaitat intervino la residencia, habían muerto 64 mayores, y desde entonces hasta el 31 de mayo murieron otros 23, sumando un total de 87.
Para la Fiscalía, "los datos ponen de manifiesto que tras la entrada de la Covid-19 en el centro residencial se desencadenó un reguero de fallecimientos" que no pudo estabilizarse hasta junio.
La querella asegura que antes de la pandemia la atención en la residencia ya tenía "graves déficits, conocidos y aceptados" por la dirección del centro, que aumentaron con la llegada del coronavirus.
Falta de personal y material
Entre las carencias, la Fiscalía menciona el "escaso" personal con relación a la cantidad de residentes, y que las noches y los fines de semana no había médicos ni enfermeros en el centro.
"La falta de personal comportaba que no pudiera alimentarse e hidratarse convenientemente a los usuarios dependientes que por ello padecían importantes pérdidas de peso y deshidratación", y el texto también asegura que era habitual que el personal no se asegurara de que los pacientes tomaran la medicación que les correspondía, saltando dosis o dándoles una medicación distinta.
También era "habitual" la falta de material para curas, esponjas, toallas y colchones para evitar llagas, y la Fiscalía afirma que a menudo los timbres de alerta en las camas de personas dependientes estaban inutilizadas.
