Funcionarios del 'baby boom': Más de 900.000 empleados públicos se jubilarán en la próxima década

Hace unos días el Gobierno hacía un guiño a los funcionarios aprobando la subida del salario mínimo interprofesional como una de las primeras medidas del Ejecutivo de coalición, pero hay un tema vital para el futuro de la Administración Pública aún pendiente de resolver: el relevo generacional. Muchos se plantean qué va a pasar cuando se produzca la jubilación masiva de los funcionarios que ahora están próximos a los 60 años ante la paralización de la oferta de plazas públicas que se produjo tras la crisis y que se está recuperando pero a un ritmo menor al esperado. Y es que los empleados contratados por el Estado han alcanzado máximos en cuanto a envejecimiento de la plantilla, llegando ser 925.000 los mayores de 55 años, lo que equivale al 28,4% del total, según los últimos datos de la EPA del tercer trimestre de 2019.

Estos funcionarios, que corresponden a la generación baby boom (nacidos entre 1946 y 1964), son además los que se incorporaron masivamente en los años 80 a la administración pública y que contrastan con los menores de 30 años que apenas llegan al 7,5% de los empleados públicos. Por tanto, previsiblemente en tan solo 5 años se habrán jubilado 330.800 asalariados del sector público- es decir, los que ahora tienen 60 años–, que sumados a los que lo harán en la próxima década supone el 30% de la plantilla actual de 3,1 millones de trabajadores públicos. Dicho porcentaje se elevará hasta el 44% en 15 años, ya que se habrán jubilado 1.419.600 empleados públicos sobre un total 3.228.700, según el Informe “Edad de los asalariados del sector público”, elaborado por la academia ADAMS Formación (@Adamsformacion) a partir de los datos sobre población activa publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos al Tercer Trimestre de 2019.

Diversos colectivos piden una solución urgente

La cifra de futuras jubilaciones contrasta con las cerca de 330.000 plazas públicas convocadas por Estado y Comunidades Autónomas y Provincias entre 2017 y 2019, de las que menos de la mitad está destinada a reponer personal, según datos de CCOO (@CCOO), quienes alertan sobre la urgencia de abordar esta situación con la convocatoria de más plazas debido a que se tarda una media de dos años en reponer los puestos vacantes, a lo que hay que sumar las formación. "El Gobierno debe asumir el reto de rejuvenecer las administraciones públicas y cumplir con los compromisos suscritos con las organizaciones sindicales para la creación y estabilización de empleo público", aseguran.

También desde el sindicato de funcionarios, CSIF (@CSIFnacional), señalan la necesidad de "invertir esta tendencia si queremos salvaguardar los niveles de asistencia y prestaciones que recibe la ciudadanía. Por ello, reclaman al Gobierno sentarse en la mesa a negociar un plan de recursos humanos. "Aunque el empleo público ha crecido en el último año en 42.300 personas, todavía arrastramos una pérdida de 53.000 empleos desde el tercer trimestre de 2011, cuando se empezaron a congelar las ofertas de empleo público por la crisis", recuerdan. 

En la misma línea se sitúa Gloria Oliveros, directora de Empleo Público de ADAMS Formación, que piden un Plan Estratégico de Recursos Humanos a medio y largo plazo donde se tenga en cuenta la previsible jubilación de los empleados públicos, las necesidades futuras de puestos de trabajo, la prestación de nuevos o diferentes servicios, el impacto de las nuevas tecnologías y la Administración digital, etc. "Hay que planificar al mismo tiempo el relevo generacional para aprovechar el talento, los conocimientos y experiencia de las personas que se jubilarán.” Además, Gloria Oliveros añade que es necesario trabajar en “campañas de difusión del empleo público como oportunidad de trabajo entre los más jóvenes, como una alternativa profesional real,  para que contribuya al rejuvenecimiento de las plantillas y atraer talento  y en todo caso garantizando el acceso en condiciones de igualdad, de mérito y capacidad, con mayor transparencia, periodicidad y agilidad en los procesos selectivos.”

Seguridad Social y Comunidades Autónomas, los casos más extremos

Por su parte, de los 1.840.000 asalariados de las Comunidades Autónomas, el 44,24% tiene más de 50 años. Un porcentaje muy similar al del conjunto de los asalariados del sector público, por lo que coincde en ccifras, que el 29% de la plantilla (concretamente 530.600), tendrá la edad legal de jubilación. Solo en los próximos 5 años, lo harán 201.500 ocupados del sector público autonómico. Destaca además que en las Comunidades Autónomas hay muchas más mujeres (el 67,5%) que hombres. Los menores de 30 años solo representan el 7,4%, igual que en la estadística nacional, según cifras de la academia ADAMS.

No todas las plazas implican reposición

El nuevo Gobierno tendrá que decidir ahora cuál es la estrategia con el empleo público a partir de 2020. En los últimos tres años las comunidades autónomas han sacado cerca de 43.200 plazas, pero solo la mitad estaba dedicada a sustituir vacantes de personal jubilado. En cuanto a la Administración central, la mayor parte del esfuerzo de las más de 300.000 Ofertas de Empleo Público se ha destinado a Justicia y a la Administración General del Estado. Destacan también las últimas ofertas de empleo para cubrir las vacantes en el sector público del Estado publicadas hasta el momento para Sanidad, Educación, Correos, Instituciones Penitenciarias, policías locales, personal de Administración de la Generalitat. Entre ellas, el pasado fin de semana se han convocado 900 plazas a en Madrid para una oposición del cuerpo de ayudantes de los centros penitenciarios y los centros de inserción social de la administración penitenciaria.

Aunque muchas de ellas se han destinado a la reposición de personal jubilado, también hay una parte importante dedicada a reducir la elevada temporalidad (estabilización), sobre la que alertó una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2017 y obligó al exministro Cristóbal Montoro a sacar a concurso cientos de miles de plazas para convertirlas en indefinidas. A partir de 2020, se espera que el proceso de estabilización esté completado (o casi) y la convocatoria de plazas de reposición tomará el testigo, según informa El Confidencial. Entre 2017 y 2019, se han convocado 157.401 plazas de reposición (el 47% del total), destinadas principalmente a cubrir jubilaciones en los sectores prioritarios. Pero no está claro todavía el balance entre empleo neto creado y destruido, ya que depende de área y de la comunidad autónoma.

España, entre los países europeos con una plantilla pública más envejecida

En comparación con el resto de naciones de la OCDE, España es el tercer país con la plantilla pública más envejecida. Sólo Italia e Islandia presentan cifras más elevadas. "Si en 2008 las personas con más de 50 años representaban el 29%, solo 10 años más tarde alcanzan el 43%. Por otro lado, las personas jóvenes han pasado de ser el 12% del personal público a representar el 6%", según informa CCOO.

Un informe publicado en 2017 por Esade y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) alertó del impacto negativo del proceso de envejecimiento, que conllevará “la pérdida de competencias propias de los perfiles de empleados públicos más mayores y, posteriormente, la pérdida de talento”. Aun así, también señaló que ello puede ser una oportunidad para avanzar hacia una mayor “flexibilidad y tecnificación” en el sector público, dos aspectos en los que el estudio recomienda que avance la Administración.