La justicia fija criterios para sustituir al conserje por un videoportero
Un Tribunal establece los motivos para despedir a un trabajador, que debe ser en el momento del cese
Los motivos organizados o técnicos para despedir a un conserje tienen que darse en el momento del cese y no tiempo antes, cuando se implantan las mejoras técnicas y organizativas que afecten a sus labores de trabajo, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG).
El caso de esta sentencia consistió en una serie de cambios organizativos que la llevó a cabo la comunidad de propietarios y que afectaban a las labores de la portera, como fueron la instalación de un videoportero y buzones en el portal, el cambio a gas de las calderas de la calefacción y agua caliente central y la modernización de los ascensores. La implantación de estas mejoras técnicas y organizativas afectaron al trabajo de la empleada.
No obstante, el despido de la portera no se acordó en el momento en el que se implantaron las medidas, sino nueve años después. Por eso, la trabajadora decidió ir al juzgado a denunciar por despido improcedente. La comunidad presentó un recurso de suplicación ante este Tribunal, aunque este confirmo el despido improcedente ya que las “causas organizativas o técnicas invocadas no concurren en el momento del cese de la trabajadora, sino que surgieron muchos años antes”.
Los jueces reconocieron que, al implantar esos cambios técnicos y organizativos, que la comunidad había aprobado, las labores de la empleada se vieron afectados y que se ha acreditado de manera razonable y proporcional que el mantenimiento del puesto de trabajo que se pretende amortizar provoca un desequilibrio prestacional. Sin embargo, los cambios más relevantes, el videoportero, nuevas calderas y los buzones, se produjeron nueve años antes del despido.
La sentencia recoge que cualquier empresa o comunidad de propietarios puede reorganizar su actividad a través de cambios en el trabajo de su personal o en el modo de organizar la producción, aunque deben de acreditar de manera razonable y proporcional que el mantenimiento del puesto de trabajo que se pretende amortizar provoca un desequilibrio prestacional.
