Las cuidadoras de la Ayuda a Domicilio: "Somos un colectivo precarizado e invisible"

La precariedad se ha vuelto, tras la crisis, una característica transversal de la mayoría de sectores de la economía española. Sin embargo, antes de la debacle financiera de 2008 ya había profesiones que la sufrían en silencio. Una de ellas era y sigue siendo la de los cuidadores de personas mayores y/o vulnerables, un segmento productivo que cuenta con 177.860 empleados en toda España, según el Imserso.

Y es que las trabajadoras del sector, mujeres en su mayoría, afrontan a diario largas jornadas de trabajo por las que suelen cobrar unos siete euros la hora y tienen que hacer penosos desplazamientos entre vivienda y vivienda (que muchas veces no se pagan). Además, en la mayoría de casos, tienen contratos a tiempo parcial con jornada partida de seis o siete horas (cuatro por la mañana y dos por la tarde).  

"Algunas se tienen que buscar un trabajo los fines de semana para llegar a final de mes", asegura la portavoz de la Plataforma Estatal de Ayuda a Domicilio (SAD), Concha Real. Esta plataforma, que fue creada al calor de las Marchas de la Dignidad de 2014, ha tenido el apoyo de distintas formaciones políticas, como Unidas Podemos (@ahorapodemos), e incluso se han reunido en Moncloa con el Gobierno para exponer sus demandas. "Estamos en contacto, pero no se ha avanzado mucho", señala. 

Además, la plataforma ha plasmado sus principales reivindicaciones en una Propuesta No de Ley presentada por Podemos  en 2018 y que, actualmente, se encuentra en fase de convertirse en Ley, a la espera de la conformación de las nuevas Cortes. En la propuesta se definen tres ámbitos de actuación necesarios para que mejore el sector: "incrementar sustancialmente la aportación de la Administración General del Estado al Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia", "la obligatoriedad de realizar evaluaciones de riesgos laborales especificas en los domicilios de los usuarios" y "reconocer el excepcional índice de penosidad asociado a la actividad de la Ayuda a Domicilio". 

De esta manera, en relación al último de los puntos, piden que se reconozcan enfermedades profesionales "como las hernias, lumbalgia, ciática, etc." y que se puedan jubilar antes de los 67 años. "Muchas de nosotras se nos incapacita antes de los 65 años y cobramos 300 euros habiendo trabajado toda la vida", explica. 

Falta de medios para ayudar a los mayores

"Muchos domicilios no están adaptados y no hay ayudas técnicas. Te encuentras con que no tienes una grúa y que la persona pesa 90 kilos, tiene poca movilidad y no puede colaborar", apunta. Según la portavoz, en muchos casos las trabajadoras se ven en "grandes problemas para sacar el trabajo adelante". 

Por otra parte, Real denuncia que las empresas no les informan de qué se van a encontrar en los domicilios a los que acuden. "Trabajamos también con personas en exclusión social y con problemas de salud mental. Por la Ley de Protección de Datos no tenemos información, no sabemos si un usuario tiene hepatitis, tuberculosis o VIH. No estigmatizamos al usuario, entendemos que no tenemos que conocer la enfermedad pero sí en qué situación de peligrosidad o toxicidad nos vamos a encontrar. Estamos completamente desprotegidas", comenta. Y añade: "Nuestros medios son una bata desechable, una mascarilla, un gorro y unos guantes. Con ese material trabajamos con casos de personas con síndrome de diógenes y esas limpiezas con parásitos las estamos haciendo nosotras". 

"Además, otro problema es que hemos tenido que pasar por un proceso de acreditación a nivel europeo que, en muchos casos, ha sido penoso", asegura. Y es que la Unión Europea exige que estas profesionales homologuen sus titulaciones y, aunque muchas tienen "cursos de gerocultoras", la UE no los considera válidos. "En academias privadas cuesta 1.200 euros", sostiene. 

Miembros de la Plataforma reunidos con diputados. 

Algo que también critican desde la plataforma es que se considere en muchos casos la ayuda a domicilio como un simple gasto para el Estado. "Prima lo económico frente a lo técnico", señala. Sin embargo, según la portavoz, el trabajo que hacen "de seguimiento, higiene y control de la nutrición" previene "ingresos hospitalarios". "Le ahorramos dinero a la Seguridad Social", sostiene. 

Finalmente, entienden también que la calidad del servicio aumentaría si volviese a ser público. Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, la gestión corresponde a tres empresas de la construcción que "decidieron invertir en contratos públicos" y, a su parecer, el servicio sería de mayor calidad para el usuario si volviese a ser de gestión estatal.