La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 36, en función de guardia de detenidos, ha acordado la puesta en libertad sin medidas cautelares de Ángel H., el arrestado por haber ayudado a morir a su mujer aquejada de esclerosis múltiple en fase terminal, ha informado el Tribunal Superior de la Justicia de Madrid (TSJM).
La Fiscalía, por su parte, durante la declaración, tampoco ha pedido su ingreso en prisión preventiva, han indicado fuentes cercanas al caso.
Sobre el detenido pesa una imputación inicial de la supuesta comisión de un delito de cooperación al suicidio y durante su comparecencia ha reconocido los hechos objeto de investigación. La magistrada no ha acordado medida cautelar alguna para Ángel H., si bien tiene la obligación de acudir al Juzgado tantas veces cuanto sea requerido en el transcurso de la investigación judicial.
Ángel H. se enfrenta a penas de entre dos y diez años de cárcel, según recoge el Código Penal, que contempla una rebaja si hay petición expresa de la víctima y si ésta padece una enfermedad grave, un extremo que se produce en el caso de María José Carrasco.
Ramón Sampedro fue el primer español que reclamó que se regulara la eutanasia en España, una pretensión que veinte años después sigue estancada en el Congreso. Tras 30 años, el tetapléjico gallego logró quitarse la vida tras consumir cianuro.
En abril de 2016, la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó a un joven, Ignacio Sánchez Olaso, a dos años de cárcel por un delito de auxilio al suicidio al ayudar a morir a su madre enferma. La afectada llevaba más de diez años sin salir de vivienda.
El último de lo casos conocidos tuvo lugar en 2017. José Antonio Arrabal, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se suicidó a los 58 años dejando un vídeo en el que reclamaba su derecho a morir dignamente.
En marzo de 2017, la Asamblea de Madrid aprobó la primera regulación regional sobre muerte digna tras conseguir el consenso de todos los grupos políticos. Se trataba de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas.
El doctor Luis Montes, que falleció en abril de 2018, fue un firme defensor de la eutanasia tras ser acusado de aplicar la eutanasia a 400 enfermos.
Montes fue director del Hospital Severo Ochoa de Madrid. En 2005, la Comunidad de Madrid le llevó a los tribunales a raíz de dos denuncias falsas que aseguraban que había aplicado la eutanasia a 400 enfermos. La Justicia le exoneró y quiso limpiar su honor llevando ante los tribunales a la entonces cúpula de la Sanidad de la Comunidad de Madrid.
El caso de María José
Durante años, Ángel y su mujer, María José Carrasco, esperaban la aprobación por parte del Gobierno socialista de una Ley que regulara la muerte digna en el Congreso de los Diputados. Pero fue frenado por el PP y Ciudadanos. Tras el adelanto electoral, su esperanza quedó truncada.
Este miércoles, Ángel Hernández suministró a su mujer una sustancia letal que le provocó la muerte. Lo hizo después de que ella expresamente dejara constancia de su petición en dos grabaciones. Tras fallecer, avisó al Summa y a la Policía, que le detuvo en su domicilio.
Se le acusa de un delito de homicidio. La eutanasia está castigada en el Código Penal con penas de seis a 10 años, según el artículo 143 del Código Penal.
Pero contempla una pena inferior en uno o dos grados en el caso de que "la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar".
