El mapa de los rebrotes de coronavirus en las residencias de mayores: Aragón, el principal foco

Tras unas semanas de relativa tranquilidad y con España inmersa en plena oleada de rebrotes, el coronavirus vuelve a las residencias de mayores. Según el último balance ofrecido por el Ministerio de Sanidad, existen actualmente 483 brotes activos de COVID-19 en el país, con un total de 5.700 casos. Alrededor de medio centenar se han producido en residencias, teniendo en cuenta que, tal y como informaba este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, en estos centros, un solo contagio ya se considera brote.

“En la mayoría hay un solo caso y suele ser personal que trabaja en la residencia, ya que son los que entran y salen y se exponen a riesgos como el resto de los ciudadanos", indicaba Simón en rueda de prensa. Así pues, estos centros comienzan a mirar con inquietud este nuevo panorama, cruzando los dedos para que no se repita el drama de los primeros meses de la pandemia, en los que se produjeron cerca de 20.000 muertos en las residencias.

La situación es especialmente preocupante en Aragón, que acumula la gran mayoría de los casos y donde se han producido incluso víctimas mortales. La residencia de Burbáguena (Teruel), con un total de 96 mayores, está haciendo frente a un brote de coronavirus a causa del cual dos residentes han fallecido y otros 17 están ingresados. En total, 58 internos y cuatro trabajadores han dado positivo. En esta misma comunidad, en la residencia de Chimillas (Huesca) se ha detectado un brote que en las últimas horas se ha disparado por encima de los 50 positivos del centenar de mayores atendidos en el centro y detectado a raíz del positivo de una trabajadora sanitaria.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, informaba este jueves​ de que 45 centros residenciales de la comunidad autónoma tienen casos de COVID-19, sumando un total de 112 internos contagiados. El 80% de los infectados se concentran en cuatro residencias.

El otro gran foco de coronavirus en residencias de mayores se ha registrado en la Comunidad Valenciana. Concretamente, en la residencia de L'Eliana (Valencia) se ha detectado un brote que afecta hasta el momento a once residentes y tres trabajadores. El centro de la localidad valenciana afectado es uno de los intervenidos por la Conselleria de Sanidad, y al parecer pudo ser una trabajadora la que introdujo el virus en las instalaciones.

En Asturias, se ha confirmado este viernes un brote al detectar un caso positivo en la residencia del ERA en La Pola (Siero) durante un cribado. Se trata de una trabajadora, asintomática, que permanece aislada en su domicilio. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) está realizando pruebas PCR a todas las personas residentes y trabajadoras.

En Cataluña, se detectó un brote hace ya dos semanas en la residencia de mayores La Torrassa, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con 10 positivos: ocho residentes y dos trabajadores. En Galicia, tras dar positivo una trabajadora de un centro de Xove (Lugo), más de un centenar de usuarios fueron sometidos a las correspondientes pruebas PCR, pero todos los resultados fueron negativos.

En el resto de comunidades, se ha notificado algún caso aislado o algún residente con síntomas compatibles, pero sin que se haya informado hasta el momento de ningún brote propiamente dicho.

La mitad de las CCAA no están preparadas

Precisamente esta semana se conocía el estudio ¿Estamos preparados para el Covid?, realizado por el Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (@cea_ps), que alertaba de que la mitad de las comunidades autónomas de España siguen sin estar preparadas para proteger a las personas mayores que viven en residencias frente a posibles rebrotes.

Una de las principales conclusiones es que las comunidades reconocen que la pandemia es un problema de Salud Pública, pero no toman las medidas adecuadas para proteger a los más vulnerables ni a los profesionales de los centros. De hecho, en ocho de las regiones, las competencias de las residencias, antes en los Servicios Sociales, han sido derivadas a los departamentos de salud. Sobre si ha funcionado la coordinación entre las residencias y los centros de salud durante la crisis de la Covid-19, en el 45% consideran que sí, frente a otro 45% que dice que no.

Los resultados del informe apuntan que el 80% de las regiones disponen de planes de contingencia general (salvo Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha), y específicos para el sector social (exceptuando a Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias, Madrid y País Vasco). Pero en lo que respecta a planes específicos para cada una de sus residencias, todavía existe un 18,18% que no disponen de ellos, frente al 72,72% que sí cuenta con él. ​

El estudio aclara que en el 45,45% de las regiones el departamento o consejería que gestiona los protocolos de atención en las residencias actualmente es el de Sanidad, frente a un 36,36% de los casos en que es el de Servicios Sociales. En concreto, en departamento de Sanidad es el responsable en Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Comunidad de Madrid y Navarra.

Más de 200 investigaciones penales por la gestión de las residencias

Mientras las residencias tratan de no revivir el drama, en los tribunales siguen dirimiéndose las responsabilidad. La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene vivas más de 200 diligencias penales por posibles delitos relacionados con la atención a personas mayores y con discapacidad en residencias y centros durante la pandemia.

Según los datos actualizados de Fiscalía a fecha 20 de julio de 2020, Madrid cuenta con unos 110 expedientes abiertos. Le siguen en número de diligencias de investigación abiertas Cataluña con 27, Castilla-La Mancha con 23, Castilla y León con 18 y Galicia con 11. Tras ellos se sitúa Extremadura, que cuenta con 6 expedientes penales abiertos. 

El resto de comunidades se sitúan en la horquilla de una o dos diligencias penales abiertas. Así, Andalucía y Baleares cuentan con dos, mientras que Aragón, Asturias, Canarias, La Rioja y Comunidad Valenciana mantienen viva sólo una diligencia. En Cantabria, Murcia, Navarra y País Vasco se han archivado las que se abrieron.

Sobre investigaciones penales ya judicializadas y en fase de instrucción, la FGE informa de que tiene conocimiento de seis en Madrid; seis en Cataluña; cinco en Castilla y León; cinco en Aragón, dos en la Región de Murcia, dos en Extremadura, una en Galicia y otra más en Castilla-La Mancha y otra en La Rioja. En total suman 29.