Sociedad
"No se puede encerrar a los mayores en guetos al margen de la sociedad"
La Marea de Residencias sale a la calle para pedir responsabilidades a la administración
Familiares y trabajadores de la Marea de Residencias se han concentrado este miércoles delante de la Consejería de Políticas Sociales, Familia y Natalidad de la Comunidad de Madrid para pedir responsabilidades a la administración por lo sucedido en las residencias madrileñas durante la pandemia, donde han fallecido cerca del 15% de los usuarios en escasos cuatro meses y en las cuales se han contagiado de coronavirus alrededor del 60% de residentes.
Bajo el grito, "Ayuso dimisión" y "Nunca más", los concentrados -muchos de los cuales han perdido a algún familiar durante la primera ola- han pedido asimismo que se tomen medidas de seguridad para garantizar la salud de los residentes ante posibles rebrotes, pero han demandado que no se haga únicamente mediante el confinamiento sistemático en sus cuartos de los mayores.
"Ahora que aparecen rebrotes, les encerramos privándoles de sus derechos, como si fueran guetos al margen de la sociedad", ha denunciado Javier Garzón, un representante de Marea de Residencias presente en el acto.
Cabe destacar que esta plataforma ha presentado varias querellas colectivas contra directores de decenas de residencias y contra la cúpula de la Comunidad de Madrid, incluida su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de "homicidio imprudente y denegación de auxilio" durante la gestión de la crisis sanitaria en las residencias.
Una desescalada que nunca termina
"La desescalada comenzó hace mes y medio para todos, a excepción de los ciudadanos de las residencias", ha asegurado Garzón. De esta manera, ha criticado que, "mientras el resto de la sociedad no puede prescindir de tomarse una cerveza en una terraza o de tomar el sol en las piscinas", parece que los familiares pueden "vivir sin ver y abrazar a sus familias". "Muchos siguen sin salir de sus habitaciones tras cuatro meses. Se les siguen negando los paseos", ha recordado.
Por ello, los concentrados han pedido que se respeten los derechos fundamentales de los residentes; que los familiares puedan ver con mayor frecuencia a sus seres queridos y en mejores condiciones; que puedan tener información sobre lo que sucede en sus centros y que se aumenten las plantillas, cosa que, según denuncian, aún no ha sucedido.
De igual manera, los manifestantes han reivindicado que todas estas modificaciones queden englobadas dentro de una nueva Ley de Residencias que modifique el modelo actual, con mayor predominancia y control por parte del sector público y más medios materiales y humanos.
Cansados de que no se les escuche
"Estamos muy cansados ya de pedir y reivindicar sin que se nos haga caso. Hoy hemos decidido plantar cara al equipo de la señora Ayuso", ha comentado a 65Ymás, María Jesús, cuya madre vive en una residencia del barrio de Usera, donde ha habido más de 40 decesos por COVID-19, uno de ellos, su padre, que falleció durante la pandemia. "No pueden estar confinados de por vida. Tienen que usar los EPIs para que podamos estar en contacto. Han perdido movilidad y capacidades cognitivas", apunta.
En el caso de su residencia, -que fue gravemente afectada por la pandemia y en la que se vivieron situaciones muy "angustiosas", según señala, por la falta de información y el descontrol- siguen recurriendo al confinamiento en las habitaciones, según asegura.
Además, critica que no haya control sobre lo que pasa en su centro, una residencia que, además, tiene decenas de reclamaciones de familiares previas a la pandemia y un expediente abierto por parte de la Comunidad. "Pedimos responsabilidades por lo ocurrido. Hemos puesto una querella y estamos en marcha para ir al Parlamento Europeo para explicar lo sucedido", ha apuntado.
"La medicalización ni está ni se la espera"
"En la residencia de mi madre, en San Fernando de Henares, había 104 residentes y, a día 8 de mayo, habían fallecido 42", ha comentado a este diario Francisco, otro familiar. Por suerte, su madre no fue una de las que fallecieron, pero, según ha relatado, durante el pico de la pandemia, "aislaron la residencia de los ojos y de los oídos de todos los familiares". "Nos comíamos los puños", ha añadido.
"Además, cuando quitaron la hospitalización, la eliminaron sin garantía de tener médicos. Muchos fueron cayendo. Ahora, después de todo, estamos a agosto y no se ha contratado personal, no hay actividades de estímulo y la medicalización ni está ni se la espera", ha denunciado.
Igualmente, Francisco ha denunciado que cada residencia aplica los protocolos de prevención "como le da la gana" y que no hay "control". Y, una de las razones por la que esto sigue sucediendo, es que no existen "consejos de residentes y familiares" para verificar que todo funcione correctamente, opina Francisco.
La Comunidad se pronuncia
Por su parte, el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado que las residencias "siempre han estado vigiladas y controladas" por la Comunidad.
Garrido se ha expresado así desde la estación La Almudena de Metro al ser preguntado por la concentración convocada por la Marea de Residencias ante la consejería de Políticas Sociales para exigir gestión pública en estos equipamientos, una ley para el sector y el fin de los recortes.
"Tienen derecho a manifestarse y a expresarse y decir lo que crean oportuno. Creo que ha habido siempre y seguirá habiendo un control absoluto de la Administración de las residencias de mayores porque son un grupo de personas especialmente vulnerables y que siempre hay que proteger por encima de todo lo demás. Eso siempre ha sido así y seguirá siendo así", ha contestado a la prensa tras presentar la red de desfibriladores del Metro.
El consejero también ha remarcado que ayer se llegó a acuerdo entre el Estado y las comunidades para "tener un control en esta crisis sobre las residencias" avanzando en la línea de colaboración entre administraciones.
