El 'boom' de las residencias de mayores, un sector 'imán' para los fondos de inversión
Trabajadores, familiares y usuarios de residencias, unos 3.000, según los organizadores y agrupados en la Marea de Residencias (@MareaResidencia), salieron juntos por primera vez este sábado a las calles de Madrid para pedir que "se apruebe una Ley de Residencias estatal" que dignifique el trato a los mayores en estos centros. Los manifestantes recorrieron el centro de la capital, desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, bajo un mismo lema: "Los mayores no están en venta".
Lo hicieron también acompañados por pensionistas, yayoflautas y representantes de otros movimientos sociales y sindicatos del sector, como MATS (@matsmadrid) o ELA (@ELAsindikatua), para denunciar la situación precaria en la que se encuentran muchos de estos centros en toda España y para exigir al Gobierno que tome medidas cuanto antes ya que, según los manifestantes, la situación se ha vuelto "insostenible", tanto para los mayores, como para los propios trabajadores.
"Como hemos podido comprobar a lo largo de estos últimos años, no sólo se trata de casos aislados, todas las residencias funcionan mal. Queremos una Ley que regule su forma de funcionar en todo el Estado y, a partir de ahí, que sean las Comunidades las que hagan mejoras, pero tiene que haber unos mínimos", aseguraba a 65Ymás la portavoz de la Marea de Residencias y familiar de una residente de un centro de la Comunidad de Madrid, Carmen. A su parecer, las instituciones han hecho dejación de funciones a la hora de garantizar los derechos de los usuarios de estos centros, puesto que no han destinado los recursos necesarios para que puedan tener una buena atención, sobre todo en los centros de gestión indirecta y en las residencias privadas con plazas concertadas.
Y es que para la familiar "es fundamental" que la gestión y titularidad "sean públicas", ya que con el modelo de concertación "se venden los derechos de las personas al mejor postor". "Hay mucho que cambiar y llevará tiempo, pero hay que dar los primeros pasos", sostenía. Y entre los primeros cambios que se deberían llevar a cabo estarían, según la familiar, dotar de más medios a los centros, aumentar el personal y crear mecanismos de control para evitar el "maltrato" a los mayores y a los trabajadores, por parte de las empresas que gestionan los servicios de cuidados.
Falta personal en las residencias
Algo que han querido dejar claro en la Marea de Residencias es que tanto familiares como trabajadores deben estar juntos en esta lucha. Para los manifestantes, ambos sufren un "maltrato institucionalizado". "Las ratios no se cumplen y hay mucha precariedad. Además, las trabajadoras no llegamos a cobrar más de 1.000 euros y la carga de trabajo es muy fuerte. Esto hace que la atención no sea de calidad porque no hay personal", apuntaba la gerocultora y miembro de la Marea, Bertina Alvarado.
Para la trabajadora, los bajos salarios y las malas condiciones en las que trabajan hace que los mayores "tengan unos cuidados de mala calidad". "Acaban todo el día sentados en una silla de ruedas. Los cambios posturales van por horarios y, a veces, no se cumplen porque no te da tiempo a cuidarlos en condiciones", explicaba. Y añadía: "Además, físicamente y psicológicamente el desgaste es muy grande. Llegas destrozada a casa y cada vez es peor. No tenemos las ayudas técnicas necesarias para poder realizar nuestra labor".
De igual manera, esta gerocultora se mostraba muy crítica con que la gestión de las residencias la hagan, en muchos casos, empresas privadas que "sólo buscan el beneficio". "No quieren un servicio de calidad. Cuando se crearon los primeros centros residenciales se suponía que el centro fundamental de los cuidados eran los mayores, pero eso se ha perdido. Tanto la atención como la alimentación es precaria. Por eso estamos en las calles luchando. Los mayores han sido el pilar fundamental a la hora de levantar este país, por lo tanto, tienen que tener una vejez en condiciones", señalaba.
Bertina Alvarado, trabajadora de residencia.
No sólo es un problema de la Comunidad de Madrid
Aunque en la marcha hubo reproches y gritos contra el actual consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, también estuvieron presentes colectivos de trabajadores y familiares de centros del País Vasco y de Galicia, que arremetieron duramente contra sus respectivas instituciones autonómicas. Según comentaban a este diario, su situación es similar a la de los residentes madrileños. "La precariedad es generalizada. Es un espacio de negocio amplísimo y la ausencia de políticas sociales por parte de los responsables políticos tanto de Madrid como de Galicia es escandalosa. El nivel de privatización es total y las condiciones de las residencias son manifiestamente mejorables", apuntaba Paco, un familiar gallego presente en la marcha. "Nuestro modelo de referencia es el sueco, tenemos tanto derecho como ellos a ser tratados bien cuando cumplimos años", argumentaba.
Por otra parte, Francisco Xosé, presidente de la asociación gallega Vejez Digna, denunciaba que en su comunidad autónoma se estaba, al igual que en Madrid, cediendo la gestión de las residencias "a los fondos buitre". "Sólo cuidan de su economía. A los ancianos les tienen sentados en sus heces todo el día y no tienen personal para cambiarlos. Les duchan a las seis de la mañana porque no tienen gente para hacerlo a su hora y, además, les alimentan mal, muchos tienen desnutrición y no cuidan las infecciones que ellos mismos les provocan", aseguraba. De igual modo, también sostenía que, en su comunidad, "las inspecciones son avisadas previamente". "Nunca sorprenden a nadie", comentaba.
También estuvieron presentes en la marcha profesionales de los cuidados de residencias del País Vasco. En concreto, estas trabajadoras aseguraban que llevaban "131 días en huelga" por un "mejor convenio colectivo". "Soy trabajadora del sector desde hace 20 años. Son más de 10 los que llevamos en una continua lucha por la mejora de las condiciones laborales y por un servicio de calidad", explicaba Lurdes, una de las trabajadoras presentes en la manifestación. "Si tanto cuesta esta lucha es porque choca frontalmente con el sistema económico y político que nos han impuesto", concluía. Y es que, para estas profesionales y para todos los concentrados por los derechos de los mayores, habría que "cambiar radicalmente" la concepción de las residencias y no ver a los mayores "como una mercancía".