Más del 76% de las personas espera más de seis meses para obtener el grado de discapacidad, según se desprende del informe preliminar Irregularidades en la aplicación del baremo de discapacidad, elaborado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), en el marco del 3 de mayo, Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Según señala la entidad, entre las principales irregularidades identificadas, a partir de una encuesta a más de 600 personas de todo el país, se destaca que en el 60% de los casos no se ha tomado en cuenta la afectación en la vida diaria de las personas y se ignora aspectos como el esfuerzo para realizar actividades básicas o el grado de dolor experimentado.
Asimismo, el informe refleja que el 55,5% de los encuestados reporta que durante el proceso de valoración no se ha tenido en cuenta todas las pruebas e informes aportados y el 63% señala que tampoco se han valorado las múltiples enfermedades o trastornos que tienen. Igualmente, desde que se está aplicando el nuevo baremo, explica que se ha producido un incremento del 6% en el número de personas que no consiguen el grado mínimo para tener reconocida una discapacidad (33%).
"La realidad es que dos años después de la entrada en vigor del nuevo baremo de discapacidad, la situación actual sigue siendo preocupante. Las personas con discapacidad siguen enfrentando obstáculos significativos", ha destacado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, que ha añadido que "sin una aplicación integral del nuevo baremo se está incumpliendo la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad".
Queiruga también ha precisado que existe una "carencia significativa" de recursos y formación para el personal encargado de la valoración y que esto provoca que las personas estén siendo "mal valoradas" y no puedan acceder a los recursos dirigidos a promover la igualdad de oportunidades.
COCEMFE denuncia que "la falta de equidad y de cohesión territorial está haciendo que, según donde vivan las personas, tengan derechos diferentes". Ante esta situación, la entidad exige la aplicación "inmediata" y "de manera integral" del nuevo baremo de discapacidad, que garantice una "valoración adecuada y equitativa para todas las personas".
¡Exigimos una aplicación integral del nuevo baremo ya! 💪
— COCEMFE (@COCEMFEnacional) May 3, 2024
📢Solicitamos a la Administración esfuerzo para tomar medidas de cohesión que garanticen derechos equitativos para todas las personas.#ValórameBienYa #3M@MSocialGob
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Además, insta a las diferentes administraciones a hacer un "esfuerzo de cohesión" y apuesten por la "equidad", poniendo en marcha medidas de manera "inminente" para dotar de recursos humanos y técnicos a los centros de valoración, de manera que puedan atender "con rigor y de manera correcta" a las personas de todo el territorio nacional.
En esta misma línea, Queiruga recalca que obtener la valoración del grado de discapacidad es "la puerta de acceso" al sistema de derechos establecidos en España para una persona con discapacidad. "Si no se tiene esta acreditación se queda fuera del sistema. La Convención establece el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los mismos derechos y beneficios que el resto de la población, sin discriminación por lo que es acuciante invertir en recursos humanos y materiales para garantizar un despliegue efectivo del nuevo baremo. Sin presupuesto adecuado y recursos suficientes, se seguirán vulnerando los derechos de las personas con discapacidad", concluye el presidente de COCEMFE.
El Gobierno quiere "datos certeros"
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aseguran en declaraciones a Europa Press que están haciendo una auditoría del despliegue del baremo con los propios equipos de valoración para tener "datos certeros". Así, explican que, en base a ella, tomarán decisiones en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales, puesto que las comunidades autónomas son las competentes en esta materia.
El Gobierno en una respuesta parlamentaria indica que "no resulta posible" eliminar "por completo" las cifras de la lista de espera. En todo caso, celebra que las mismas han sufrido una "importante" reducción a nivel nacional en su conjunto.
En este sentido, expone que en relación con las personas a la espera de su valoración, se ha pasado en el periodo diciembre 2019 a marzo 2024 de 159.193 a 128.434 personas, un total de 30.759 personas menos (un 19,32% menos).
Respecto al número de personas ya valoradas pendientes de la aprobación de su prestación, añade que esta cifra ha descendido de manera "considerable", de 269.854 a 150.621 personas (es decir, una disminución de 119.233 personas, un 44,18%).
