A fecha de 15 de noviembre de 2020, 40.749 personas han fallecido por COVID-19 en España según datos del Ministerio de Sanidad. Según diversos estudios citados por Amnistía Internacional, alrededor del 70% ha muerto en residencias de personas mayores durante la primera ola.
Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe titulado Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España que las medidas adoptadas por las autoridades para responder a la pandemia COVID-19, en Cataluña y Madrid, han sido ineficientes e inadecuadas y han vulnerado al menos cinco derechos humanos de las personas mayores residentes.
“En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna”, asegura Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional en España.
La denegación del derecho a la salud a personas mayores está fuertemente vinculada con las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad en España. La década de los recortes sanitarios y sociales ha debilitado el sistema de salud público, deteriorando el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria.
Los efectos del desmantelamiento del sistema sanitario de salud pública se han manifestado en Madrid y Cataluña en la atención de personas mayores de residencias durante el pico de la primera ola de la pandemia (en marzo y principios de abril) de varias maneras: por un lado la falta de protección del personal que allí trabajaba, que no contaba con EPIs (equipos de protección individual) ni pruebas (PCRs). Y por otro, muchas de las personas residentes no contaron con asistencia sanitaria adecuada, quedaron excluidas de la derivación hospitalaria de manera generalizada y tampoco recibieron la atención que necesitaban en las residencias, a pesar de la “medicalización” anunciada por las autoridades. Asimismo, muchas personas residentes han estado durante semanas enteras prácticamente incomunicadas con el mundo exterior y con sus familias.
“Una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son aparcamientos de gente mayor. Los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no puede depender del grado de dependencia. Las autoridades deben protegerlos”, dice Beltrán.
Medidas tardías e insuficientes
Pese a que durante estos meses se han mejorado determinados aspectos, algunas de estas preocupaciones de derechos humanos hacia las personas mayores siguen vigentes en la segunda ola de pandemia que estamos viviendo. Siguen sin estar garantizadas las visitas a familiares, que en la práctica continúan dependiendo de la decisión de cada residencia. Además, las disposiciones discriminatorias en los protocolos de derivaciones de Madrid y Cataluña, que recomiendan tratar a las personas mayores en las residencias y no trasladarlas a los hospitales, no han sido aún modificadas. Por si fuera poco, todavía no se han tomado medidas de refuerzo de personal suficientes para atender las necesidades que puedan surgir ante los riesgos de alta presión asistencial existentes.
“No nos preparamos suficientemente, creemos que había información científica proveniente de otros países como para intuir la importancia y gravedad de la situación”, explica la Vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), que también afirma que “creemos que de haber tomado medidas antes hubieran permitido evitar la irrupción del virus en muchas residencias tan rápidamente. Tendríamos que haber podido avanzar en informar, capacitar a los equipos, de algún modo haber estado más prevenidos y preparados”.
Las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma de Madrid y la Generalitat de Cataluña se implementaron de forma incoherente y no llegaron a dotar de acceso adecuado a los servicios de salud a las personas mayores que viven en residencias. La Comunidad de Madrid y la Generalitat tomaron diferentes medidas, sin uniformidad ni claridad de criterios de la intervención o del éxito de las mismas y fracasaron en su implementación. Además, ambas administraciones no adoptaron medidas alternativas para garantizar la asistencia sanitaria médica adecuada de las personas mayores residentes.
La falta de respuesta de las autoridades se contrapone al tremendo esfuerzo que han realizado personal sanitario y de residencias durante estos meses, pese a las medidas ineficientes y la falta de recursos. Gracias a su esfuerzo incansable y su dedicación, la situación de muchas personas mayores en residencias ha sido más humana y, en algunos casos, han podido recibir una mejor atención.
Personal sin protección ni recursos
El virus se esparció con mucha rapidez en las residencias porque el personal cuidador está en continuo contacto con las personas residentes y no contaban con protección. Esa falta de protección asimismo supuso un gran número de bajas de personal, que han impactado en el cuidado de las personas mayores en residencias y la gestión de la atención sanitaria.
Diana, trabajadora de una residencia pública de Madrid, cuenta que cuando comenzó la pandemia a mediados de marzo: “ya que no nos daban EPIS, optamos por hacernos los EPIS de la fortuna o de la gloria, batas con bolsas de basura, calzas, gorros de plástico, no hemos tenido ningún tipo de protección”.
Derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación vulnerados
La decisión práctica de no derivar a las personas mayores enfermas a los hospitales se aplicó de forma automatizada y en bloque, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas. En Madrid y Cataluña, esta práctica se llevó a cabo a través de diferentes mecanismos de criba. Hubo personas mayores residentes necesitadas de atención médica que no pudieron acceder a un tratamiento adecuado de posible COVID19 u otras patologías que padecían, ni en el hospital, ni en la residencia, como habían anunciado las autoridades. En ambas comunidades hubo momentos donde no se realizaron ingresos en hospitales, y las pocas derivaciones que se dieron, fueron la excepción y en ocasiones ya de forma fatalmente tardía. Esta discriminación atenta gravemente contra sus derechos. Asimismo, Amnistía Internacional ha recogido diversos testimonios que daban cuenta de los obstáculos que también existían por parte de los servicios de emergencia para el transporte sanitario (SUMMA y SEM).
“La combinación de falta de personal, de recursos y el obligado aislamiento por sospecha de COVID-19 de residentes produjeron un evidente deterioro en las personas residentes no solo físico, sino también emocional. Hemos documentado casos de personas residentes que llegaron al hospital en situación de deshidratación y desnutrición; en muy mal estado”, concluye Beltrán.
Derecho a la vida privada y familiar y a una muerte digna negados
En el momento más grave de la pandemia las personas residentes estuvieron confinadas en sus habitaciones durante largos períodos, a veces durante varias semanas seguidas. La restricción que supuso el encierro “de facto” en las residencias acompañado en la mayoría de los casos del confinamiento en sus cuartos por tiempo indefinido, añadido a la falta de supervisión por parte de las autoridades estatales (Fiscalía) y autonómicas (servicios de inspección) supuso una vulneración de los derechos a la vida privada y familiar de las personas mayores simplemente por su lugar de residencia.
Elena Valero perdió a su padre en marzo en una residencia de Madrid. “No le derivaron a un hospital a pesar de estar grave. Estuvo cuatro días muriéndose. Hablé con el médico desesperada para que le derivaran, pero el médico me dijo que les habían prohibido llevar a los enfermos de las residencias a los hospitales, que solo podían ponerle oxígeno y paliativos hasta que su cuerpo aguantara. Fue horrible porque vivo a 300 metros de la residencia y cada vez que me asomaba al balcón era horrible saber que mi padre se estaba muriendo tan cerca y no podía cogerle la mano, despedirme de él...”.
Es urgente adoptar medidas adecuadas para superar esta segunda ola
En este contexto, y ante la segunda ola de la pandemia, las autoridades, y en particular en Madrid y Cataluña, deben adoptar medidas urgentes para garantizar que cualquier decisión para combatir la pandemia respeta los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la salud y a la no discriminación de las personas mayores que viven en residencias.
A corto plazo, es necesario que las comunidades autónomas aseguren que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan con base en evaluaciones individualizadas. Deben eliminarse ya las disposiciones discriminatorias de los protocolos de derivación de Cataluña y Madrid. Además, el contacto regular de familiares y residentes debe estar garantizado.
Más a largo plazo, es necesario que el Gobierno impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado. Asimismo la Fiscalía y en especial la Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores debe seguir de cerca la situación en las residencias e impulsar investigaciones de rendición de cuentas cuando se produzcan abusos o irregularidades. Es necesaria también una apuesta decidida por el sistema público de salud que garantice la igualdad, lo que significa una mayor inversión de recursos
