La Fiscal de la Sección de lo Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Lourdes Rodríguez Rey, ha alertado sobre la necesidad de velar por el cumplimiento de los derechos de las personas mayores, con independencia del estado en el que se encuentran.
"Las personas mayores, estén en la situación que estén, tengan las capacidades que tengan, son titulares plenos de todo tipo de derechos, todos los derechos que les reconoce la ley; y los poderes públicos tienen la obligación de garantizar el ejercicio de esos derechos", ha explicado Rodríguez Rey en una entrevista difundida por el Ministerio Fiscal coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra este 1 de octubre.
Rodríguez Rey ha explicado que a labor de la fiscalía consiste en actuar fundamentalmente "en aquellos supuestos de personas desamparadas, que no tienen familiares ni allegados" o el control de tutelas. "Vemos como el tutor o la persona que presta ese apoyo realiza sus funciones, cómo administra su patrimonio, cómo cuida y en qué condiciones está la persona asistida. Tiene que rendir cuentas y se les exige responsabilidades".
Según ha explicado, "en estos momentos de crisis se han detectado abusos patrimoniales por parte de personas cercanas a las personas mayores, como sustracciones de dinero, mal empleo del dinero o incluso malos tratos físicos y psíquicos".
Otro aspecto de los que se ocupa la fiscalía es la inspección a las residencias, bien directamente o a través de los servicios sociales cuando hay una buena coordinación. "Es una manera de llevar un control de los ingresos involuntarios de los mayores; en las inspecciones también nos fijamos en las contenciones, en las sujeciones mecánicas y químicas, que tienen que estar prescritas y cumplir una serie de requisitos. En la Memoria se pone de manifiesto como en algunas residencias ya tienen el lema de 'Sujeción cero'", ha explicado la fiscal.
Al ser preguntada por la necesidad de una regulación específica de los ingresos en centros residenciales o sociosanitarios, Rodríguez Rey ha explicado que no existe un procedimiento específico "para este tipo de ingresos, para estas personas que presentan unas patologías que se van a prolongar en el tiempo y que es muy difícil que cambien. Cuando se ingresa a un familiar en uno de estos centros y no tiene capacidad para decidir, es preciso una autorización judicial".
