Los médicos de residencias públicas de Madrid rompen su silencio: "No han contado con nosotros"

Los médicos de residencias públicas (de mayores y con discapacidad) de Madrid han roto su silencio. 45 de ellos han enviado una carta, firmada asimismo por el secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (@residentesAMYTS), Julián Ezquerra, en la que piden a los responsables de la Comunidad de Madrid más coordinación entre Servicios Sociales y Sanidad de la región, que pasen a formar parte del servicio de Salud y que se reconozca su labor durante la pandemia y su autoridad como médicos para tomar decisiones que afecten a sus pacientes. Además, piden que se revisen sus condiciones laborales, ya que tienen retribuciones mucho menos elevadas que otros profesionales sanitarios de igual formación. 

65Ymás, que ha tenido acceso a ese documento, ha podido también charlar con dos de esos médicos de residencias públicas que firmaron esta carta y que vivieron de primera mano la pandemia desde sus centros. Ambos critican que se les dejase solos en muchos casos y que se tomasen medidas sin coordinación. 

Algunos se adelantaron a la administración

"Cuando comenzó la pandemia, pese a las noticias que íbamos recibiendo todos, empezamos a prepararnos. En mi centro al menos, el de Vista Alegre, tuvimos la suerte de pensar que teníamos que cerrar, porque la cosa iba a ser gorda. Así que unos días antes de que nos comunicasen que teníamos que dejar de tener visitas, lo hicimos", relata a este diario Ramón, uno de los dos médicos de esa residencia.

"La medida", prosigue, "sirvió para que llegásemos a pensar que no íbamos a tener casos. Sin embargo, al cabo de unos días, hubo un paciente cero que contagió a toda una planta. Reunimos a toda gente y planeamos la estrategia: habilitar espacios de aislamiento, de sospechosos y preservar a los demás en sus habitaciones". Todo esto sucedió, apunta, antes de que las autoridades les enviasen los protocolos de actuación que, "curiosamente, eran coincidentes" con las medidas tomadas. 

Sin embargo, no fue sencillo afrontar el incremento de contagios. Y es que, el médico cuenta que, aunque la totalidad de las residencias públicas estaban medicalizadas de por sí, no contaban "con una enfermería funcional", así que usaron ese espacio para "aislar" a residentes.

"Las pruebas no llegaban y, con lo que teníamos, luchábamos. Luego, vino la época de los EPIs hecho con bolsas de basura, de las donaciones de material, de las mascarillas que no eran ni quirúrgicas y la época de decir: 'No sabemos si tiene COVID-19, pero si tose o tiene fiebre, por si acaso, nos ponemos en que es coronavirus'. Todo se basaba en un cuidado un poco empírico, esperando a ver quién desarrollaba síntomas. Más tarde, empezaron a llegar EPIs más homologados", asegura.

Derivaciones al hospital y los protocolos

Los protocolos de la Comunidad de Madrid en los que se excluía a muchos dependientes de la atención hospitalaria también pasaron por las manos de Ramón, según comenta a este periódico. "Nos dijimos: '¿Y esto?'. Personalmente, reconozco que yo no estaba de acuerdo. No puedes poner unos criterios que sean un barthel 25 (índice de valoración funcional de un paciente), puesto que la mayoría de mis residentes no entraban. No se podían seguir esos protocolos como la Biblia. Había que ver qué deseos habían expresado durante la enfermedad o los de las familias. Además, se podía valorar que en lo álgido de la pandemia podía ser una locura mandar a un paciente para que pasase 24 h. esperando en urgencias y había que tener en cuenta que se debía hacer un uso racional de los recursos", señala.

Aun así, en su residencia tuvieron suerte y se logró atender en hospital cuando hizo falta, cuenta. "A mediados de marzo, nos nombraron un geriatra de enlace, aunque yo por esa fecha ya me había contagiado de COVID-19. Él nos facilitaba la medicación que necesitábamos y tenía la autorización de realizar traslados. No nos podemos quejar, puesto que no nos pusieron ni una pega, aunque también es verdad que hicimos sólo dos derivaciones", recuerda.

Reconocimiento de su criterio médico

En cambio, pese a que lograron derivar pacientes, Ramón critica que no se contase con el criterio de los médicos de residencia para saber si había que ingresar o no a alguien, cuando son los que más conocen a los pacientes. "No han contado con nosotros para nada", denuncia. Ni tampoco, añade, tuvieron posibilidad de pedir medicamentos sin tener que pasar por otro sanitario que sí estuviese integrado en el Sistema de Salud. "¿Qué piensan? ¿Que vamos a hacer un mal uso?", protesta. "Contábamos con sanitarios y con una unidad de agudos donde podíamos poner tratamientos y hacer curas, pero nos faltaban las herramientas. Sólo había, normalmente, unas ampollitas de cada cosa en un botiquín", critica.

Por todos estos motivos, Ramón entiende que se debería reconocer la tarea de los médicos de residencia durante una pandemia que les ha pasado factura también desde el punto de vista emocional. "La bata te protege pero, si no la puedes soltar, te hunde. Lo más duro han sido las muertes en soledad o que tuvieses un cadáver y que no se lo llevase la funeraria porque no daban abasto. Teníamos orden de llamar a la UME si pasaban más de 48 horas. Por suerte, nunca tuvimos que hacerlo", reconoce.

Con todo, asegura, algunos de sus residentes pudieron morir acompañados o al menos tener algún contacto con sus familias, siempre con medidas de seguridad. "El protocolo primero decía que no se permitía y, luego, que sí. Yo lo iba a hacer igual, la verdad. Era de sentido común que una persona se pudiese despedir de su padre", puntualiza.

"Intentamos derivar al hospital lo menos posible"

"Nuestros protocolos (de los centros para personas con discapacidad) y las órdenes eran las mismas que las de las residencias de mayores. En nuestro caso, intentamos derivar al hospital lo menos posible, de acuerdo con las familias. Es muy duro para personas con discapacidad intelectual verse en un medio completamente adverso, y más en un momento en el que no podían estar acompañados. Pero no derivar o hacerlo es algo que debemos decidir nosotros, no protocolos en los que no hemos intervenido. Era algo que teníamos que haber decidido los médicos junto a los familiares. No nos gusta que tomen decisiones por nosotros. Además, para no haber derivado, teníamos que haber tenido los medios. No puede ser que tuviésemos una enfermería sin toma de oxígeno", ejemplifica Pepa, médico de una residencia de personas con discapacidad intelectual en Getafe.

En el caso de su centro, no tuvieron tantos contagios ni muertos, pero no se libraron del virus. La razón, según piensa la médico, de la menor tasa de mortalidad, pudo tener que ver quizá con que comenzaron "a separar a los residentes por módulos muy pronto, sin actividades comunes y que comenzamos a aislar muy precozmente a los residentes con fiebre o síntomas respiratorios. Probablemente también tuvo que ver con el menor número de usuarios respecto de algunos centros de mayores y con el uso temprano de corticoides y anticoagulación", opina.

A pesar de eso, tuvieron problemas por la falta de medios y estaban obligados a pasar por otros sanitarios para conseguir determinada medicación. "Es absurdo que tengamos que pedir permiso a un médico hospitalario. Si digo que necesito medicación, la necesito y punto. O si se decide no derivar al hospital lo debemos hacer nosotros, contando con la autonomía del paciente", denuncia.

Medicalización y condiciones laborales

"Tampoco queremos que la residencia sea un hospital. Es la casa del residente, pero si llega otro COVID, queremos pasarlo mejor. Tener una toma de aire en la habitación no te quita la sensación de que sea tu hogar. Lo que sí que lo hace, es que te tengan que duchar a las 8 o que te obliguen a comer a un hora o algo que no quieras", argumenta.

Asimismo, la sanitaria opina que tampoco existen incentivos para que los profesionales se queden en el sector, ya que su oficio no está lo suficientemente valorado, algo que cambiaría significativamente, según ella, si pasan a formar parte del Sistema Nacional de Salud.

Éste pudo ser un factor determinante, según Pepa, para comprender las dificultades para encontrar profesionales que quisiesen trabajar en residencias durante la pandemia. "Tengo 56 años y, hasta hace 6 meses, no me concedieron la especialidad en el salario. Cobraba 1.900 euros. La gente sale corriendo viendo lo que le van a pagar", comenta. Y, por ello, propone que se cree una especialidad de "médico de residencias" en el sistema de Salud.

La administración actuó tarde

Por otra parte, Pepa plantea que se debe reflexionar y revisar críticamente cómo y cuándo actuó el Estado, a la hora de hacer un análisis completo de por qué tuvo tal impacto en las residencias esta pandemia. "Las órdenes de aislamiento empezaron tarde. Al principio, no podíamos aplicarlas, porque no existían los casos sospechosos de COVID, sólo los que daba el Ministerio para personas venidas de China e Italia. En mi residencia, empezamos a aislar antes de que Sanidad autorizara a establecer los casos sospechosos de COVID como tal. Algo que hicieron, cuando determinaron que había transmisión comunitaria", relata. 

Finalmente, la médico termina con una anécdota que es representativa, según ella, de lo vivido por los médicos de residencia durante el pico de la curva y de su relación con el sistema sanitario: "Cogimos las primeras PCR el día 17 de marzo, en concreto 6 para mandar al hospital. Allí nos regañaron, nos dijeron que cómo habíamos mandado 6 PCR de una residencia". "Además, las PCR tardaban a veces más de una semana en llegar y, aún hoy, tardan a veces 3 o 4 días", concluye.