"Hay que aspirar al modelo residencial para mayores autónomos que se ofrece en el Norte de Europa"

España entendió hace poco que el Estado tenía que cumplir un papel fundamental en la atención de los mayores –hasta 2006 no se aprobó la Ley de Dependencia–, mientras que en los países nórdicos las medidas de apoyo se pusieron en marcha en los años 60 del siglo pasado.

Con este punto de partida, comenzó ayer el diálogo entre la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; y el catedrático y miembro del Grupo de Investigación en Economía y Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Oliva. 

Un acto, que se enmarca dentro del ciclo Retos socioeconómicos de los cambios demográficos, organizado por la Fundació Ernest Lluch y el Ivie, que se ha celebrado en Valencia entre el 19 de octubre y el 21 de noviembre.

Para la presidenta del CSIC el sistema de salud español tiene que adaptarse para adaptarse al nuevo perfil de paciente, que ya no es agudo sino crónico, según explican en un comunicado. 

Para ello, es imprescindible la coordinación sociosanitaria para que los mayores tengan todas sus necesidades cubiertas. 

La Ley de Dependencia

“Actualmente, tenemos 1,9 millones de prestaciones, un 60% en especie, es decir, en servicios, y otro 40% de prestaciones económicas, algo que originalmente no estaba previsto pero que vino propiciado por la crisis. Objetivamente, la ley ha ayudado bastante al cuidado de las personas mayores”, concretó el experto en economía de la salud.

Sin embargo, ambos coincidieron en algunas de las limitaciones que todavía tiene la ley como, principalmente, la financiación. “El gasto en dependencia se acerca ya al 1% del PIB, pero todavía necesita el apoyo familiar”, aclaró Del Pino.

Además, afirmó, se debe plantear cómo se paga esta prestación para que nadie se quede sin su derecho. "¿Qué hacemos con quien no puede pagar?", comentó. 

En este sentido, Juan Oliva afirmó que esos cuidados familiares son fundamentales e insustituibles, “monetizar los 7.000 millones de horas de cuidado prestadas por la familia supondría multiplicar por 7 o por 8 el presupuesto que tenemos para dependencia”.

Para los protagonistas del diálogo, España debería aspirar al envejecimiento activo, es decir, a mantener a las personas mayores autónomas y el mayor tiempo posible en su propia casa, ayudadas por las nuevas tecnologías, como la teleasistencia.

Actualmente, el 80% de los mayores de 65 años no necesita cuidados, solo un 20% tiene que recurrir a ellos. El objetivo es reducir cada vez más ese porcentaje de mayores dependientes.

Juan Oliva explicó también que el modelo residencial de los mayores que ahora se está desarrollando en Europa y al que debemos aspirar es el de residencias con espacios comunes y servicios de atención, pero también con estancias privadas para que se pueda mantener la autonomía.

“La incorporación de ese modelo tiene que ser progresiva porque actualmente hay más de 400.000 plazas en residencias convencionales”.

Lo mismo opina Eloísa del Pino, que confía en que se ampliará la esperanza de vida sana y el sistema de cuidados real solo se tendrá que producir al final de la vida, cuando ya no es posible ser autónomo.

Con este último diálogo, finalizó ayer el ciclo de 2023 Retos socioeconómicos de los cambios demográficos que han promovido la Fundació Ernest Lluch y el Ivie, en colaboración con la Fundación Bancaja.

Las cinco jornadas, que se han sucedido entre el 19 de octubre y el 21 de noviembre, han abordado distintos aspectos relacionados con el envejecimiento de la población y sus consecuencias.