¿Por qué el Gobierno no hace públicas las cifras de muertos y contagiados en residencias de mayores?

El Gobierno tiene las cifras de muertes y contagiados por COVID-19 en residencias de mayores en su posesión desde hace más de una semana y todavía no las ha hecho públicas. La razón, según destacan en el Ministerio de Sanidad: aún están estudiando los datos que les han facilitado las comunidades autónomas. Unas cifras que, según varios estudio realizados por medios de comunicación, rondarían los 16.000 decesos.

De esta manera, tras más de un mes en estado de alarma, el Ejecutivo aún no habría dado datos sobre muertes en estos centros, aunque estos se consideren uno de los mayores focos de infección del país, junto a los hospitales, algo que en comparecencia de prensa el Comité Técnico y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han llegado a reconocer.

Cabe destacar además, que desde el inicio de la pandemia, los medios de comunicación han preguntado por esta cuestión a las autoridades sanitarias sin obtener respuesta e incluso en ciertas comparecencias no se formula dicha pregunta, aunque muchos medios pidan que se haga.

El lío de las cifras

Por ello, y ante la falta de transparencia, 65Ymás ha querido consultar con expertos para conocer cuáles podrían ser las causas científicas y políticas de este retraso. Las conclusiones que sacan los expertos irían desde una posible estrategia política de ganar tiempo, porque es un asunto delicado a otras razones como que podría deberse a la complejidad de todos estos datos (casos confirmados, sospechosos...) que hacen difícil sacar conclusiones ya que en las residencias no se han realizado los test necesarios.

Así, desde el punto de vista técnico y epidemiológico, puede haber ciertas razones que lo expliquen y tendrían que ver con los criterios de clasificación de casos. Aunque a la hora de pedir información a las autonomías, se pide que sigan ciertos criterios previos.

Para el Dr. Julio Bonis, vocal del Colegio de Médicos de Madrid (@Icomem_Oficial) y epidemiólogo, la tarea para estimar cuántas muertes ha habido por COVID-19 en residencias de mayores durante la crisis con coronavirus es compleja. "Si el simple análisis de lo que es un nuevo caso (confirmado o sospechoso) es complicado de por sí, el análisis de la mortalidad por COVID-19 añade un mayor grado de dificultad", sostiene.

Además, el experto sostiene que saber la causa precisa del deceso puede ser una tarea difícil, sin hacer una autopsia detallada. "En general se habla de causas directas, intermedias y fundamentales. La directa es la que produce la muerte por mecanismo inmediato, mientras que la fundamental es la original que, por mecanismos intermedios, llevó a la causa directa", argumenta. Sin embargo, matiza, no todos los contagiados pueden fallecer directamente por coronavirus. "Que un paciente haya muerto estando infectado por COVID-19 no significa necesariamente que sea la causa directa", señala.

Por ello, el epidemiólogo piensa que dado que "en general no se han hecho test" en las residencias y que visto que "muchos de los pacientes suelen tener patologías previas de base", sería un proceso complejo determinar cuáles serían las muertes por coronavirus. "Un indicador más fiable, por su homogeneidad, sería la comparación de la tasa de mortalidad observada en la semana actual y compararla con la de semanas en años previos", sostiene. 

Aun así, el doctor reconoce que, "incluso en ese caso, aunque pudiésemos demostrar que existió un exceso de mortalidad, es muy difícil saber si se debió a la acción del virus, o indirectamente, a otras causas como una peor atención sanitaria de enfermedades comunes o a otras causas generadas por la situación de epidemia". "La pregunta entonces es si debemos atribuir la muerte de esos pacientes a la COVID-19 o no. Y no hay una respuesta definitiva", sentencia.

La estrategia de ganar tiempo

Por otro lado, desde el punto de vista de la comunicación política, los expertos consideran que tampoco resultaría sencillo comunicar estos datos, una vez se tienen. "Sin duda alguna, y sin entrar en consideraciones más concretas, parece ser que la máxima de 'ganar tiempo' -mientras se entiende mejor el momento que vivimos, al virus y su funcionamiento o mientras llega el aplanamiento de la curva-, es en sí mismo una estrategia o 'La Estrategia' que se sigue, porque ante lo desconocido es la mejor baza para ganar en conocimiento y en el olvido que caracteriza a una sociedad acostumbrada a consumir de forma salvaje y permanente y que pasa de pantalla en cuestión de segundos", opina el consultor de Comunicación de Jaque Asesores, Sergio Naves.

"En el caso de las cifras de fallecidos de forma directa en las residencias el problema no es menor. Si bien es cierto que, en este supuesto, estamos ante una parte clave en la gestión de la comunicación de crisis a la que nos enfrentamos y en la que todas las partes se juegan mucho", comenta. Y añade: "Algo evidente, a todas luces y para cualquier no entendido, es que hasta la fecha dicho suministro informativo es bastante pobre y opaco. Y parece probable que así seguirá siendo durante las próximas semanas. Al fin y al cabo se trata de uno de los grandes nudos gordianos a los que se enfrenta el Ejecutivo de España".

En cuanto a cómo debería de ser "una gestión eficiente de la comunicación", el experto se decanta por la siguiente forma de trabajar: "Un buen manual de gestión de crisis nos diría -como poco y para empezar- que tendríamos que afrontar la proyección informativa hacia los diferentes públicos, canales y segmentos de la opinión pública, siguiendo parámetros como los de la empatía; la humanización y la personalización en el suministro de los mismos; la anticipación y la construcción de un relato realista, comprometido o co-responsable con los hechos y, en su proyección, a través de una figura y/o comité de gran talla, que sea centralizadora de la gestión y que absorba la radiación por exposición directa, la cual pueda proyectar hacia la opinión pública un verdadero talante humano y co-responsable".

La sociedad civil pide transparencia

Por otra parte, desde la sociedad civil, asociaciones como el Defensor del Paciente, presidido por Carmen Flores, entienden que es importante que se den a conocer las cifras a nivel nacional, para conocer la dimensión real del problema. "No tienen que estudiar nada, deben obligar a las Comunidades a que se los den. El Ministerio tiene la sartén por el mango, no deben esperar a que las autonomías pongan pegas. Es algo que tienen que hacer y después tienen que trasladar el dato a la opinión pública", sostiene Flores.

A su parecer, es una medida que se debería tomar puesto que es "un derecho conocer este dato", tanto de los familiares como de la sociedad en su conjunto y por ello apela a la transparencia.

"Me da la sensación de que tardan en darlos por la responsabilidad que implica. Sin embargo, al que sabe y calla, le tengo que dar por responsable subsidiario. La claridad es lo que le da más credibilidad al Gobierno", explica. 

Desde el sindicato CCOO (@CCOO), su secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Antonio Cabrera, opina de igual manera que deberían conocerse estos datos. "Llevamos tiempo denunciando la falta de información, sobre todo en el tema de las residencias. Hay comunidades que los facilitan y otras que no. Nosotros tenemos los nuestros propios, pero no de todas. No entendemos la falta de información en un tema tan peliagudo como éste", critica Cabrera.

En su opinión, puede que se trate de un "problema estadístico". "No les han hecho a todos la prueba del COVID-19. Pero nosotros queremos saber cuáles son los datos reales, incluyendo a los que tenían síntomas, aunque los resultados sean más desastrosos. Luego, habrá tiempo de hacer una estadística profunda", apunta.

Y no piden únicamente las cifras de residentes contagiados y fallecidos, también demandan que se de a conocer el de profesionales contagiados, igual que se hace con los sanitarios. "Lo hemos exigido hasta la saciedad y no sabemos el número porque no se les ha hecho el test", concluye.

Datos aproximados

Finalmente, mientras Sanidad se resiste a hacérselos llegar a la opinión pública, medios como RTVE, entre otros, ya han realizado un conteo aproximado de estos casos, con información proporcionada por las Comunidades Autónomas. Así, la cifra podría ascender, entre los decesos positivos en coronavirus (a los que se les ha realizado PCR) y con síntomas similares, a más de 16.000 fallecidos desde el inicio de la epidemia. Este número correspondería a cerca del 70% de los muertos que reconoce el Ministerio de Sanidad: 24.275 (el miércoles 29 de abril). Sin embargo, no se sabe cuántos de esto decesos están contabilizados (a los que se les ha hecho el test) y cuántos no.

Las muertes por este virus o con síntomas similares se repartirían sobre todo entre cuatro comunidades: Madrid (5.811), Cataluña (2.902), Castilla y León (2.298) y Castilla-La Mancha (1.838). En el lado opuesto, estarían Murcia con 60 decesos y Canarias con 10. Con todo, cabe puntualizar que en las últimas semanas muchos de los centros residenciales han comenzado a hacer test rápidos de forma masiva a los usuarios, por lo que la cifra de contagiados y de fallecimientos con el virus será cada vez más precisa, una vez se vayan conociendo más casos.