El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (Madpp) ha exigido a la Junta de Andalucía que se tomen medidas con la máxima urgencia en las residencias de mayores para evitar contagios de coronavirus y que se conviertan de nuevo en "tanatorios" como ya ocurrió en los meses más duros de la pandemia.
"Esperamos que desde el Gobierno autonómico se haya tomado nota de la mala experiencia pasada y se haya aprovechado el tiempo para implementar las medidas necesarias que eviten que las residencias se conviertan de nuevo en un punto negro de fallecimientos", según ha señalado este movimiento en un comunicado.
Entre las medidas urgentes que plantea a la Junta se encuentran, realización de al menos una prueba PCR semanal, tanto a los residentes como al personal que trabaja en ellas; realización de pruebas PCR a todos los residentes que reingresen en la residencia después de una ausencia por ingreso hospitalario o cualquier otro motivo, o dotación a las residencias de los equipos de protección individual en cantidad suficiente para la prevención de la COVID-19, tanto para residentes como para el personal que trabaja en ellas.
Asimismo, propone la limitación al mínimo imprescindible de las entradas de personas ajenas a la residencia; limitación de las visitas de familiares y adecuación en todas las residencias de lugares seguros para estas, o habilitación de centros especiales con la dotación de profesionales y equipos médicos necesarios para acoger a las personas contagiadas de las residencias garantizando un correcto aislamiento y tratamiento.
Para este movimiento, hay que "impedir a toda costa la convivencia en la misma residencia de personas contagiadas con no contagiadas, evitando así la extensión del contagio al resto de su residencia", al tiempo que demanda reforzar las plantillas de trabajadores de las residencias, para hacer frente al trabajo extra que requiere la prevención del COVID-19.
También aboga por una coordinación perfecta con los centros de salud de atención primaria, asignando el número suficiente de profesionales al control de cada residencia para garantizar un seguimiento exhaustivo de la incidencia de la enfermedad y tomar las medidas necesarias en cada momento.
Considera que la Junta tiene que garantizar el traslado a hospitales de todas las personas de las residencias que por indicación facultativa lo requieran, y que se prohíban protocolos que impidan el acceso por razón de edad a todos los recursos de la sanidad pública, y que son en la práctica una discriminación.
