La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (@CSIFnacional) reclama al Gobierno que cierre "ya" el concierto sanitario con las aseguradoras para los próximos años, y exige concierto que cuente con una financiación suficiente que garantice la calidad asistencial del millón y medio de personas acogidas a Muface.
CSIF manifiesta su preocupación ante el retraso del acuerdo entre Hacienda y las citadas compañías, la falta de transparencia por parte del departamento de María Jesús Montero y las quejas trasladadas por las entidades médicas sobre el déficit de financiación de este sistema.
"Se da la circunstancia de que el Gobierno destinó un fondo de 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas para hacer frente al sobrecoste de hospitalizaciones y tratamientos derivados del Covid en la sanidad pública. Sin embargo, la atención sanitaria al colectivo de funcionarios mutualistas no ha recibido ninguna compensación para hacer frente al gasto ocasionado por el virus", advierte.
CSIF reclama una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública y recuerda que no va a permitir que "se deje morir Muface por 'inanición'", un modelo que está continuamente en el punto de mira. Recientemente el Grupo Parlamentario Unidas Podemos en el Congreso ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva.
Además, insisten en el hecho de que la Administración está obligada a garantizar su continuidad. "Recordamos que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento histórico en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria", señala.
La iniciativa de Podemos se suma a la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, recientemente anulada por el Tribunal Constitucional. El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó un real decreto con medidas extraordinarias para paliar los efectos del covid para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social.
Así, modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo. Esta iniciativa ha sido frenada de momento por el Tribunal Constitucional por defectos formales.
"Desde CSIF vamos a seguir siendo centinelas de este modelo. Se trata de un derecho de los funcionarios mutualistas es una obligación del Gobierno mantenerlo para garantizar una asistencia sanitaria con el mismo nivel de calidad que en la sanidad pública", concluyen.
