Sociedad
La mujer con discapacidad, un colectivo que sufre machismo y capacitismo por partida doble
No importa la edad, según el propio colectivo, se las minusvalora y considera como "asexuadas"
Ser mujer con discapacidad supone enfrentarse a una serie de barreras impuestas por la sociedad que impiden que puedan acceder en igualdad al mundo del trabajo o tener derecho a su sexualidad y a la propia dignidad en algunos casos. Al menos así lo entiende la presidenta de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (@CEMUDIS), Marta Valencia. Según ella, "el trato no es igualitario, sufrimos muchas discriminaciones".
De esta manera, una de las problemáticas principales que afronta este colectivo, que supone el 60% de la comunidad con discapacidad y entorno al 6% de los españoles, es la falta de inserción en el mercado laboral. "Dos tercios están inactivas o en búsqueda de empleo", explica.
Así, se trata de una desigualdad con hondas raíces sociales puesto que, históricamente, se ha tendido a tratar a la mujer con discapacidad de una manera paternalista y a considerar que no debían formarse, lo que hace que hayan perdido autonomía. Algo que afecta a su empleabilidad ya que, aunque existen programas del Estado para su inserción en el mercado laboral, estos no son del todo efectivos debido a este déficit de formación y a las propias discriminaciones que siguen dándose, aún hoy, por parte de algunas empresas.
"Es contradictorio: parece que valemos para las tareas domésticas, pero luego no se nos reconoce el derecho a ser madres"
"Hay que velar por que aprendan a tener recursos y capacitaciones para que puedan decidir por ellas mismas", apunta Valencia. Si no, asegura la presidenta, será muy difícil sacar a las mujeres del ámbito doméstico. Y es que una de las consecuencias de esta cultura de la "sobreprotección" ha sido que muchas hayan acabado dedicándose a trabajar de manera no remunerada en sus hogares (sobre todo las generaciones más mayores). "Se quedaban en casa haciendo las labores domésticas y los familiares pensaban: 'Nos ganamos la prestación y tengo a la niña que me ayuda en casa'". "Es contradictorio: parece que valemos para esas tareas, pero luego no se nos reconoce el derecho a ser madres", critica.
Asimismo, debido a la falta de formación y el desempleo, muchas de estas mujeres tienen que vivir con pensiones no contributivas que normalmente no llegan a los 600 euros (si tienen más de un 65% de discapacidad) y, si trabajan, tienen dificultades para compatibilizarlas con esta prestación, lo que hace que vivan en precario. En cuanto al caso concreto de las mujeres de más de 65 años con discapacidad, su situación es considerablemente peor ya que, según Valencia, deben sobrevivir sólo con estas pensiones. Todo esto hace que mayores y jóvenes sean muchas veces dependientes económicamente de sus familias, si las tienen.
Capacitismo y machismo
Aunque varía el grado de discriminación según si la mujer con discapacidad proviene de una zona rural, es racializada o tiene una orientación sexual no normativa, algo que sí que comparten todas es que se las sigue viendo como "niñas y asexuadas", incapaces de decidir sobre "nuestra vida y nuestro cuerpo". Según Valencia, para acabar con estas prácticas sociales discriminatorias "habría que formar a la mujer y a la familia". "Queda mucho por trabajar", asegura.
Pero no sólo se trata de un problema social sino también institucional. "Nos ponen muchos problemas para acceder a una adopción o a un programa de fecundación in vitro", critica. Además, la presidenta de Cemudis denuncia una práctica recurrente, aunque prohibida por Naciones Unidas, que afecta a este colectivo: la esterilización forzosa. "No está recogida en ningún lado, pero la encontramos en la práctica", sostiene. Y explica: "Se hace con grandes discapacidades físicas o en casos de salud mental en los que la familia o el entorno institucional dice: '¿Cómo va a tener un hijo?' Es algo que sólo se hace con la mujer con discapacidad y lo deciden jueces".
"Hemos tenido casos de ir a hablar con una abogada y que se dirijan a los acompañantes en vez de hacerlo con la mujer con discapacidad física"
Por ello, Valencia pide, como presidenta de su confederación, que esta práctica se tenga que informar para que las mujeres puedan decidir y que se cambie la Ley para que se incluya este modus operandi "como violencia de género" puesto que, actualmente, sólo se entienden como tal las situaciones que se dan en la pareja y no en el entorno familiar o las causadas por los cuidadores y las instituciones.
De igual modo, la presidenta entiende que tiene que cambiar también la cultura ya que, al igual que pasa con muchas mujeres mayores, se suele minusvalorar su testimonio y no se las cree cuando denuncian delitos de tipo machista. "Pasa con todo tipo de discapacidades. Hemos tenido casos de ir a hablar con una abogada y que se dirijan a los acompañantes en vez de hacerlo con la mujer con discapacidad física", comenta.
"Existen otras barreras específicas como, por ejemplo, que en los servicios de ginecología nos encontremos con barreras físicas e incluso de comunicación", añade. Por esta razón, la presidenta de la confederación entiende que "es fundamental" que este grupo social participe en la sociedad para que "seamos nosotras las que decidamos nuestras necesidades". Y para ello, necesitan espacios específicos y que "todo el espacio comunitario cuente con las mujeres con discapacidad", concluye.
Congreso de Autonomía Personal 2019. La presidenta de Cemudis debatirá con otros expertos sobre cómo debe ser la ciudad como espacio amigable para todos el día 21 de octubre (de 15:45 a 17:45) en la ciudad de Barcelona (consulta aquí el programa completo).
