El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha aprobado este martes el nuevo Real Decreto regulador del procedimiento para la valoración del grado de discapacidad, con un trámite de urgencia para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedades raras y víctimas de violencia machista.
Este nuevo baremo de la valoración de la discapacidad sustituye al que estaba en vigor desde 1999 y se adapta al modelo social de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas con un enfoque de derechos humanos, según informa el Real Patronato sobre Discapacidad en un comunicado.
De esta forma, se da respuesta a una demanda que venían haciendo desde hace una década las personas con discapacidad, un colectivo formado por 4,38 millones de personas en España, según el INE. Representantes de la sociedad civil de la discapacidad participarán además en primera persona como integrantes de la Comisión de Valoración de la Discapacidad.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado que el nuevo baremo es "una demanda histórica de las personas con discapacidad en el país y que ha estado paralizado durante los últimos diez años".
"Por fin terminamos con esa situación aprobando un nuevo baremo con criterios más objetivos, más precisos y más humanos, y cuyos trámites van a ser más ágiles y flexibles", ha señalado.
Además, el nuevo texto establece un trámite de urgencia por causas humanitarias o de especial necesidad social, como son las víctimas de zonas en guerra, o de salud y de esperanza de vida, como es el caso de las personas con enfermedades degenerativas, como la ELA, entre otras, porque, tal y como ha indicado Belarra, estas personas "no pueden esperar".
También se incluye en esta reducción de plazos a las mujeres víctimas de violencia de género, ya que, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 17,5% tienen una discapacidad ocasionada por esta violencia.
El nuevo baremo establece unos criterios objetivos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en todo el territorio del Estado, garantizando con ello el acceso en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía.
Además, proporciona una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y de los componentes sociales y económicos que impactan en la persona, garantizando una descripción más precisa y completa del grado de discapacidad.
En cuanto a los menores con discapacidad, el texto establece que ejercerán sus derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación por motivos de edad o discapacidad, recibirán asistencia y apoyos adaptados a sus circunstancias y tendrán el mismo derecho que los adultos a ser informados y escuchados.
Como novedad, su tramitación pone en el centro a la persona flexibilizando el proceso a través de medios telemáticos y asegurando en todo momento la accesibilidad universal. Asimismo, permite que la persona pueda ir acompañada de una persona de confianza, lo que, según precisan, "redundará favorablemente en la autonomía y seguridad de las personas con discapacidades severas o grandes necesidades de apoyo".
Según el Real Patronato sobre Discapacidad, este nuevo baremo permitirá realizar una valoración y calificación "más certera" de realidades que causan discapacidad como las discapacidades psicosociales, el autismo o las enfermedades raras.
Además, ha informado de que ya se está programando desde la Administración una formación especializada a todo el personal valorador, en las nuevas herramientas, como otra garantía de equidad en su aplicación.
