Nuevo modelo de residencias: Nacho Álvarez reconoce que se tendrá que seguir negociando con las CCAA

El acuerdo sobre el nuevo modelo de residencias del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, sigue sin convencer a muchos un mes después de su aprobación. Y es que su aplicación real por parte de Comunidades Autónomas, que serán las que tendrán que gestionarlo, aún sigue en el aire después de meses de intensa negociación para llegar a aprobar el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Y es que el texto se aprobó el pasado 28 de junio por mayoría de votos, pero con la falta de apoyo de casi la mitad de las autonomías.

Una realidad, que ha reconocido el propio Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (@nachoalvarez_) en un encuentro mantenido este viernes. "Tras meses de negociación, el pasado mes de junio por fin fue posible el acuerdo en el seno del Consejo Interterritorial, pero esto es solo el primer paso, no es el acuerdo final", ha asegurado el titular de Derechos Sociales en el seminario sobre el tema organizado por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (@cea_ps).

"Se trata de un punto de partida que puede y debe ser revisado por el Consejo Interterritorial a lo largo del próximo año", ha añadido, mostrando que su ministerio mantiene el espíritu de diálogo con las comunidades autónomas discordantes. Y ha añadido que los cambios que se proponen" eran ya necesarios antes de la pandemia", pero ésta no hizo más que "poner sobre la mesa las debilidades y la fragilidad del sistema". De ahí que propone una aplicación del acuerdo "paulatina", pero "sin dilación" y confía en que las partes puedan llegar a un punto común.

Polémica desde el principio

Pero la aplicación real del acuerdo ha sido polémica desde el principio. No tanto por su contenido general, que incluye un modelo más centrado en la persona, limitar las plazas en las nuevas residencias, mejorar las condiciones de los trabajadores o un mayor fomento de la ayuda a domicilio, sino por la falta de apoyo de nueve autonomías –las gobernadas por el PP, Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco–, pese a que el acuerdo fue votado por una mayoría de comunidades en el Consejo Territorial de Servicios Sociales. 

Tampoco ha sido bien recibido entre muchas empresas del sector y las propias organizaciones de familiares, por lo que analistas como el gerontólogo Josep de Martí consideran que el texto "podría quedarse en papel mojado". "Se trata de un problema de origen ya que el texto se aprobó con el voto en contra de las comunidades autónomas más pobladas como Andalucía. Jurídicamente no queda claro si tendrán que aplicarlo todas las comunidades o solo las que votaron a favor", ha defendido de Martí en el seminario organizado por la patronal CEAPs.

Un documento que "necesitaba más revisión"

En opinión de Josep Martí, las palabras del secretario de Estado arrojan aún más dudas sobre el futuro del acuerdo. "Durante el último mes se ha resaltado la importancia de este acuerdo para el sector de residencias y para las comunidades autónomas que deberán aplicarlo paulatinamente. Pero al señalar que el diálogo continúa, siento que es un mensaje globo de se desinfla, que pierde fuerza", opina.

Desde su punto de vista, "el ansia de consenso" ha llevado al ministerio de Derechos Sociales a "aprobar un documento que aún necesitaba más revisión, por la complejidad del contenido", señala y recuerda que las numerosas excepciones que se establecen a la normativa favorecen que no se produzcan cambios reales en las residencias. 

Retos del sector de la Dependencia

En este sentido, Cinta Pascual, presidenta de CEAPs considera que" aunque el acuerdo no es todo lo bueno que la patronal desearía, es un buen acuerdo por el que hemos trabajado mucho". "El reto empieza ahora y la gran pregunta es qué pasará ahora con las comunidades autónomas, cómo aplicarán estos criterios, sobre todo las que no lo han votado". 

Aún así ha defendido que quedan grandes asignaturas pendientes como aumentar la financiación para el sector de la Dependencia, incrementar la coordinación sociosanitaria, "como una de las grandes lecciones de la pandemia" y con todo ello asumir el reto de recuperar la confianza en el sector para garantizar una mejor asistencia a los mayores en el futuro.

Elementos clave del acuerdo

Sea como sea, los cambios que propone el nuevo acuerdo supondrán en opinión de Nacho Álvarez, "una transición necesaria", para facilitar el traslado de los cuidados de larga duración al ámbito residencial para garantizar que la vida de los mayores se desarrolle dignamente". Así, el acuerdo contiene puntos clave en lo que respecta a los centros sociosanitarios de nueva construcción, que deberán tener un máximo de 120 plazas en grandes urbes –75 en zonas rurales (salvo ciertas excepciones) y 90 en poblaciones medianas–, dividirse en unidades de convivencia de 15 usuarios, deberán tener un 65% de habitaciones individuales, ofrecer un ambiente hogareño y contar con una ratio de personal sanitario y cuidador del 0,51. 

Además, las residencias ya construidas, si bien no deberán limitar su número de camas, sí que tendrán que cumplir con una serie de normas: aumentar el número de trabajadores por cada residente de aquí a 2029, eliminar las sujeciones en 2025, tener un mínimo de un 25% de habitaciones individuales en urbes densamente pobladas –20, en intermedias y 10, en zonas rurales–  y dividir la mayor parte del centro –el 80%– en unidades de convivencia, así como fomentar la participación de las familias.  El acuerdo también aborda la reforma de la ayuda a domicilio, para que tenga un enfoque de proximidad y comunitario, la mejora de la teleasistencia, la precariedad en el sector de los cuidados –garantiza un 80% de contratos indefinidos– y la adecuación de un sistema de control de calidad. El tiempo dirá si su aplicación se logra o volverá a quedar en un cúmulo de buenas intenciones.