El nuevo Plan de la Vivienda 2022-2025 apuesta por el cohousing para convivencia intergeneracional

El nuevo Plan de Vivienda que cubre el periodo 2022-2025 y que el Gobierno tiene previsto aprobar durante el Consejo de Ministros de este martes día 18 de enero, contempla una novedad en relación a las políticas públicas de vivienda, como es el cohousing, la financiación de las casas compartidas. Este Plan de Vivienda cubre el periodo entre 2022 y 2025 y cuenta con una dotación económica de 345 millones de euros.

Este impulso de las casas compartidas o cohousing está previsto para convivencia intergeneracional, así como para colectivos como los trabajadores temporeros de las campañas agrícolas. Existe una demanda creciente por parte del tercer sector y el movimiento cooperativo para ofrecer edificios en los que se reduce el espacio individual en favor del espacio destinado a servicios comunes, para colectivos como el de las personas mayores que prefieran esta fórmula a las residencias geriátricas tradicionales.

Según fuentes del Ministerio de Transportes, responsable de las políticas de vivienda, citadas por Cadena Ser, el objetivo del Gobierno no sería crear este tipo de viviendas en exclusiva para este grupo de edad, el de las personas mayores, sino alternativas abiertas de convivencia intergeneracional. Junto a esta solución, el Ejecutivo estaría pensando también en ofrecer un acomodo digno a los trabajadores que acuden de forma temporal a cubrir campañas agrícolas, dado que en muchas ocasiones residen en instalaciones totalmente inadecuadas.

Cohousing senior o intergeneracional

Existe el denominado "Senior Cohousing", en el que grandes grupos comparten bloque de viviendas y servicios. Es la modalidad “canónica”. La segunda forma de compartir vivienda y servicios es el "Intergeneracional Cohousing". En esta modalidad, conviven familias jóvenes y mayores. A falta de conocer exactamente el contenido del Plan de Vivienda que aprobará este martes día 18 el Consejo de Ministros, todo apunta a que el Ejecutivo se estaría decantando por la segunda fórmula.

Colectivos vulnerables

En líneas generales, este Plan de Vivienda pone el acento en la búsqueda de soluciones habitacionales para colectivos vulnerables, así como en la mejora de las ayudas al alquiler. El Plan contempla el uso de viviendas de Sareb (el denominado banco malo) para ofrecer "soluciones habitacionales" en caso de necesidad, ayudas para la construcción de viviendas destinadas a alquiler social asequible, o subvenciones para accesibilidad a las viviendas, dado que la rehabilitación con fondos europeos no cubre esa posibilidad.

Contempla también ayudas al alquiler para hogares con ingresos de hasta 24.300 euros anuales (tres veces el IPREM) o hasta 40.500 euros (cinco veces el IPREM) si son familias numerosas, con miembros con discapacidad o víctimas de terrorismo. Estos hogares podrán recibir, durante cinco años, hasta la mitad del coste del alquiler, si éste no pasa de 600 (ampliable a 900 euros en función de que así lo decida la Comunidad Autónoma). En determinados casos, como violencia de género, desahucio, personas sin hogar o vulnerabilidad sobrevenida, la ayuda podría cubrir todo el alquiler.

El Plan incluye, además, el bono joven al alquiler, una ayuda de 250 euros mensuales para jóvenes entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el IPREM (24.318 euros), para facilitar su emancipación.

El anteproyecto de Ley de Vivienda, a la espera

El Ejecutivo tenía previsto incluir el anteproyecto de Ley de Vivienda en este paquete regulatorio. Sin embargo, la falta del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial lo impide y no será previsiblemente hasta el mes de febrero cuando pueda enviarlo al Congreso, si el CGPJ da finalmente luz verde a su dictamen en el pleno que ha convocado el próximo día 27 de enero.