El nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de las víctimas de violencia de género empezará a aplicarse desde este miércoles, después de que la Secretaría de Estado de Seguridad haya notificado de manera oficial la instrucción. Como novedad, se alertará a la autoridad judicial mediante una diligencia expresa de aquellos casos que sean susceptibles de evolucionar en violencia más grave e incluso en asesinato, y también de los casos en los que haya menores a cargo de la víctima que estén en situación de vulnerabilidad.
En esta comunicación interna se explican los motivos de la "mejora" de los formularios y herramientas para la elaboración de la valoración policial del riesgo (VPR) versión 5.0, enmarcada en el Sistema VioGén. La puesta en marcha del nuevo protocolo se produce después de la celebración de varias jornadas de formación para los agentes, según han subrayado fuentes del Ministerio del Interior a Europa Press.
Ésta es la quinta vez que se actualizan estos formularios que se realizan de manera obligatoria desde el año 2007. Se pretende "mejorar la predicción de reincidencia de nuevos episodios de violencia", así como "identificar y alertar" a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal de los casos que tienen un riesgo "de especial relevancia" que son "susceptibles de evolucionar en violencia más grave", como el asesinato de la mujer.
Menores en situación de vulnerabilidad
El nuevo protocolo policial tiene también el objetivo de detectar los casos con menores a cargo de la víctima "en posible situación de vulnerabilidad", según se señala en la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, que será efectiva desde este miércoles.
Otro de los objetivos es "clarificar y simplificar" algunas cuestiones, como el tratamiento de ciertos casos de violencia de género la aplicación de medidas policiales de protección de carácter obligatorio según cada nivel de riesgo, así como la elaboración de un plan se seguridad personalizado (PSP).
Las mujeres que denuncian violencia de género por parte de sus parejas o exparejas en una comisaría de Policía o Guardia Civil no pueden abandonarla sin que esa valoración haya sido cumplimentada por un agente. El proceso de evaluación tarda alrededor de dos horas en culminarse y, en función de riesgo apreciado, se imponen unas medidas de protección policial u otras.
Los agentes, haciendo uso de distintas fuentes de información -víctima, autos familiares, testigos, etcétera-, clasifican el riesgo en no apreciado, bajo, medio, alto y extremo y, tras ello, se incorpora al Sistema VioGén.
Según los datos a fecha 28 de febrero, se mantiene a 10 mujeres en riesgo extremo, 179 en alto, 5.183 en riesgo medio, 26.691 en riesgo bajo y 25.071 en riesgo no apreciado, de más de 57.134 casos activos, aunque el sistema varía continuamente porque su actualización es constante. La VPR asociada a cada caso siempre se incluye en el atestado policial.
"La intervención experta, formada, proactiva y rigurosa de dichos agentes es imprescindible en el proceso de valoración", destaca la instrucción. En ella, se emplaza a los agentes a "no realizar preguntas directas a las víctimas, salvo en supuestos muy concretos y siempre que falte algún dato muy específico que sólo pueda recabarse por esta vía".
En concreto, llama a "evitar doble victimización en el momento de recabar información muy sensible y personal de la víctima o su agresor" y "evitar sugerencias que conduzcan a desviaciones o sesgos en las respuestas".
Asimismo, la notificación enviada por Interior señala que los supuestos "de ausencia de denuncia" deben hacerse "constar expresamente a la autoridad judicial y fiscal". También hace mención especial a los "muchos" delitos de violencia de género que comenten a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación --violencia de género digital--.
Alertar de casos especialmente relevantes
Una novedad de los nuevos formularios para la valoración del riesgo es que se informará a la autoridad judicial de los casos denominados "especialmente relevantes" por el riesgo asociado a ellos mediante una diligencia expresa. Se recomendará la práctica de evaluaciones adicionales en el ámbito judicial.
Según explicó a Europa Press la responsable del área de Violencia de Género y Estudios, María Rodríguez, por lo general, los casos que se cataloguen como "de especial relevancia" presentarán, como mínimo, un nivel de riesgo medio, y se concentrarán sobre todo en el alto o extremo. "Esa identificación de los casos especialmente sensibles va a conllevar necesariamente una elevación del nivel de riesgo", apuntó la comisaria.
Con la nueva valoración policial también se trasladará a la autoridad judicial a través de una diligencia aquellos casos que incluyen a menores a cargo de la víctima que podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad. En estos casos se aconsejará la práctica de valoraciones adicionales.
"Ahora se van a identificar estos casos porque son menores en posible situación de riesgo y, por ello, en otra diligencia se dirá a la autoridad judicial que es conveniente valorar a estos menores", apuntaló Rodríguez.
La nueva versión del sistema de valoración policial del riesgo tiene menos indicadores que la anterior, que data de 2016 --alrededor de 30 ítems-- y "mejora su formulación y el peso asignado a cada uno de ellos", según aclaró Rodríguez. "El nuevo procedimiento incluye unos nuevos formularios que han estudiado y aprendido de los anteriores, y con lo cual están más evolucionados", manifestó a Europa Press.
Medidas policiales de protección
Cada nivel de riesgo lleva asociadas unas medidas policiales de protección específicas que será obligatorias, aunque se podrá adoptar cualquier otra que la unidad policial considere.
Por ejemplo, cuando cataloga un caso con riesgo extremo, se realizará un control intensivo de los movimientos del agresor "hasta que deje de ser una amenaza inminente" para la víctima. Se ofrecerá protección permanente de la víctima y, si procede, habrá vigilancia en los centros escolares de los hijos de la víctima.
Si el riesgo asociado al caso es alto se procederá al control aleatorio de los movimientos del agresor y contactos esporádicos con personas que éste frecuente o de su entorno. También contempla el traslado de la víctima a un centro de acogida, casa de un familiar o domicilio distintos, al menos hasta que el agresor sea localizado por la Policía. También habrá un control frecuente y aleatorio del domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como en los centros escolares de sus hijos.
