La OCDE urge a las ciudades a adaptarse al envejecimiento de la población

Las ciudades han de ser espacios de convivencia de jóvenes y mayores, por ello la OCDE insta a los gobiernos a tener en cuenta las necesidades de los distintos grupos de edad. Así lo señala en el informe Cities for All Ages publicado el pasado lunes, en el que hace énfasis en particular en el diseño de políticas de vivienda inclusivas que permitan que ningún grupo de edad sea excluido de los entornos urbanos, en un contexto en el que reconoce que los elevados precios y la deficiente inversión en vivienda social han recrudecido el acceso a un techo en las grandes ciudades a nivel mundial.

La OCDE plantea la vivienda como un eje "crucial" para hacer frente al problema del envejecimiento en las ciudades, ante la paradoja de que, aunque son las zonas que más atraen a la población joven, también son las que más rápidamente se están envejeciendo. En el conjunto de los países miembros, se espera que en las áreas urbanas el peso de los mayores de 65 años sobre la población en edad de trabajar aumente del 20,9% en 2020 al 27,9% en 2040. "Las ciudades que no son inclusivas con las personas mayores probablemente se enfrenten a costes sociales y económicos significativos", avisa el informe, que advierte en particular de consecuencias sobre las salud de las personas, los niveles de soledad y pobreza y un mayor gasto público asociado a la población envejecida, así como la pérdida de productividad y de dinamismo en el mercado laboral.

Vivienda inasequible, también para algunos jubilados

Para evitar esos riesgos, la OCDE señala una serie de acciones políticas para ayudar a los gobierno a crear ciudades inclusivas, un abanico de herramientas en el que hace hincapié en la vivienda. "Los jóvenes se enfrentan a obstáculos distintivos: tienen menos probabilidades de ser propietarios y dependen en gran medida de los volátiles mercados privados de alquiler, lo que obliga a muchos a vivir durante períodos prolongados en viviendas superpobladas o en condiciones deficientes", explica el informe, que recoge también los "desafíos específicos" que las personas de más edad enfrentan en este ámbito. "Para los jubilados que no son propietarios, la vivienda en áreas de alta demanda a menudo es inasequible, y gran parte del parque de viviendas no está adaptado a las posibles necesidades de accesibilidad", expone.

El organismo internacional llama a los gobiernos a tomar cartas en el asunto y recuerda la facultad de los poderes públicos para, por ejemplo, obligar a los promotores de inmuebles a reservar una parte de los edificios a grupos específicos o exigir que las viviendas tengan un tamaño adecuado para que en ellas habiten familias. La OCDE recalca la necesidad de ayudar a financiar desde el sector público este tipo de acciones para incentivar buenas prácticas e impulsar la colaboración público-privada. 

Convivencia multigeneracional y que se envejezca en el hogar

También plantea la reconversión de zonas industriales en áreas residenciales, así como aumentar la disponibilidad de viviendas movilizando las casas que estén vacías y facilitando la convivencia multigeneracional. En ese sentido, la OCDE destaca una iniciativa desarrollada en Alicante para conectar a jóvenes en busca de techo con ancianos con necesidades de interacción social o apoyo en cuidados básicos y con exceso de espacio en sus hogares. "La vivienda urbana suele ser inasequible debido al aumento de los precios en las últimas décadas, así como a la disminución o el estancamiento de la inversión en vivienda social", reconoce el informe, que propone también lanzar préstamos hipotecarios con intereses bajos o nulos para determinados grupos de edad y ayudas al alquiler.

Asimismo, el organismo internacional subraya la importancia de "permitir que las personas mayores envejezcan en su hogar". En ese sentido, propone dar incentivos a la rehabilitación para acondicionar las casas a las necesidades de las personas de edad más avanzada y recuerda a los gobiernos su facultad para introducir normas de accesibilidad obligatorias, como exigir anchos de puertas que permitan el paso de sillas de ruedas. "Si bien unas normas más estrictas pueden conllevar costos, estos deberían compensarse con beneficios como una mayor autonomía para las personas mayores, lo que en última instancia se traduce en ahorros a largo plazo en el gasto sanitario", señala el informe, que recalca que "la vivienda que no es accesible para las personas mayores aumenta el riesgo de accidentes y socava la vida independiente".

Barcelona y Alicante, como ejemplos a seguir

Políticas que van desde la vivienda hasta el urbanismo o el empleo. Y pone dos ejemplos de buenas prácticas: las 'superilles' de Barcelona y el edificio intergeneracional de Alicante. En este ámbito, el informe considera que las supermanzanas de Barcelona son una iniciativa que contribuye a hacer las ciudades más accesibles, seguras e inclusivas "para todas las edades". El informe destaca que la conversión de calles y plazas en espacios peatonales a través de las supermanzanas beneficia especialmente a la infancia y a las personas mayores, colectivos que a menudo encuentran dificultades para desplazarse en entornos dominados por el tráfico rodado.

Estas iniciativas no solo mejorarían la calidad de vida de los ciudadanos, sino también reducirían aspectos como la soledad y mejorarían otros, como el tejido social de las ciudades. Precisamente sobre esto, el informe menciona la iniciativa sobre la vivienda llevada a cabo en Alicante, donde mayores y jóvenes conviven en un edificio intergeneracional que incluye un centro de día para mayores, un centro de salud y un aparcamiento público en rotación. Ahí viven de alquiler a precios muy asequibles personas mayores no dependientes y jóvenes que se comprometen por contrato a dedicar horas a trabajos comunitarios y a convivir con sus vecinos de más edad. 

El de la vivienda no es el único ámbito en el que la OCDE insta a actuar para hacer de las ciudades espacios más inclusivos en los que ni jóvenes ni mayores se vean excluidos. También llama a mejorar el acceso al transporte público y a reforzar la economía local mediante la integración de los jóvenes y de las personas de mayor edad en su doble faceta de trabajadores y consumidores. De este modo, por un lado la OCDE pide fomentar el reciclaje profesional y la formación permanente y, al mismo tiempo, llama a desarrollar servicios a medida de las necesidades de cada grupo poblacional, lo que a su vez redundaría en una mayor creación de empleo.