El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha presentado este viernes 2 de octubre a las comunidades autónomas el Plan de Choque en Dependencia, que contará con un refuerzo económico de 600 millones de euros, y con el que quiere que "la atención a la dependencia sea, por fin, un derecho efectivo".
Así lo ha expresado Iglesias durante el Consejo Territorial de Derechos Sociales que está abordando las propuestas para la puesta en marcha de un Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, elaborado por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Iglesias ha destacado la inversión de 600 millones y ha afirmado que este plan "tiene la capacidad de actualizar el Sistema y mejorar la atención y financiación, para que la atención a la dependencia sea, por fin, un derecho realmente efectivo en España".
Según ha informado el Ministerio, durante la reunión, el vicepresidente segundo del Gobierno ha agradecido a las comunidades autónomas el "enorme esfuerzo por mantener durante este tiempo la atención a la dependencia, que es un pilar esencial del Estado del Bienestar".
Iglesias ha afirmado que "no han sido años nada fáciles para la dependencia, fundamentalmente porque los recortes realizados desde el 2012 y las privatizaciones dejaron el Sistema de Dependencia en una situación crítica".
El nuevo plan contempla establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para personas dependientes que no vivan en centros residenciales, incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio, mejorar las prestaciones económicas (estableciendo cuantías mínimas) incrementando las máximas, así como ampliar las compatibilidades entre las Prestaciones y Servicios.
Asimismo, plantea extender la Escala de Valoración Específica (EVE) desde los 3 hasta los 6 años, agilizar los procedimientos administrativos, incrementar el nivel mínimo de financiación, recuperar el nivel acordado de financiación, analizar y revisar el actual modelo de copago, o reconocer la aportación de las Entidades Locales y reconsiderar su papel en el SAAD. El plazo previsto para la plena implementación de estas medidas es de tres años (entre 2021 y 2023).
Hoy, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, hemos presentado a las Comunidades Autónomas un Plan de Choque en Dependencia para que la atención a la dependencia sea por fin, tras años de menosprecio y recortes por parte del PP, un derecho efectivo en España. pic.twitter.com/OkUMiRd32K
— Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) October 2, 2020
Reducción sustancial de la lista de espera
Según informa el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, las medidas propuestas para aumentar la contribución por parte de la Administración General del Estado a la financiación del SAAD, aseguran los recursos suficientes para su implementación y para que la lista de espera se reduzca "sustancialmente".
En concreto, se estima que la subida prevista del nivel mínimo y la recuperación del nivel acordado supondría un aumento de 600 millones de euros en la aportación de la AGE en 2021 en comparación con el presupuesto actual. En los dos años siguientes, se plantea mantener el nivel acordado y actualizar las cuantías del nivel mínimo.
El Ministerio asegura en el plan que estas medidas también tendrán un efecto positivo sobre la actividad económica, como consecuencia del aumento de la demanda de bienes y servicios de las personas beneficiarias, de las empresas que deben satisfacer ese aumento de demanda y de las nuevas personas empleadas como consecuencia del aumento de producción.
Según añade, la incorporación al SAAD de nuevas personas beneficiarias de prestaciones de dependencia, supondrá, necesariamente, creación de empleo, ya que habrá de ampliarse el número de profesionales necesarios para desempeñar las tareas adecuadas a las prestaciones reconocidas.
El Ministerio estima que, con el escenario del actual modelo de prestaciones y servicios, por cada incremento de un millón de euros invertido en el SAAD se crean más de 37 puestos de trabajo. El primer año de aplicación del plan, por tanto, podrían crearse en torno a 24.000 empleos nuevos.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales está debatiendo de forma consensuada las medidas de este plan, cuya financiación está sujeta a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
