Page, contra el Gobierno por el nuevo modelo de residencias: "Pone en riesgo miles de empleos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha arremetido este lunes contra la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y contra el nuevo modelo "arriesgado" que aspira a imponer en las residencias de personas mayores, pues considera que "si no se hacen las cosas bien, puede poner en riesgo miles y miles de puestos de trabajo vinculados al sector privado del ámbito residencial y de la tercera edad".

García-Page, que ha visitado la Escuela Infantil 'El Alfar' con motivo de su 50º aniversario, ha asegurado "fiarse cada vez menos" de la política que se hace en Madrid, pues "dicen que ponen dinero, pero luego no es verdad". "Es la política del invito pero tú pagas. Nosotros podemos ser cualquier cosa, pero no ingenuos", ha criticado.

De ahí que haya asegurado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha estará en contra de este nuevo modelo "si no va con financiación por delante".

"El Consejo de Ministros va a terminar teniendo más miembros que niños en las aulas y personas mayores en las residencias. Con tanto ministro que tiene algo que intentar hacer cada día, en realidad, lo que nos vamos a terminar encontrando es un cambio de modelo importantísimo, que pone en riesgo miles y miles de puestos de trabajo vinculados al en sector privado del ámbito residencial y de la tercera edad", ha advertido.

 

El nuevo modelo de residencias

El Gobierno ha propuesto limitar las plazas en las residencias de mayores teniendo en cuenta la densidad de población de la zona en la que están ubicadas, estableciendo una horquilla que va desde las 60 hasta las 120 plazas, en lugar de la limitación a un máximo de 90 plazas como propuso en febrero.

Así se recoge un nuevo borrador del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que el Ejecutivo está negociando con las autonomías, que son las competentes en la materia.

En concreto, el nuevo documento del Ejecutivo, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recoge que los centros que se construyan tras la aprobación de este acuerdo "no podrán superar las 60 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas"; mientras que las "localidades o zonas de densidad intermedia" tendrían el límite en 90 plazas; las "ciudades o zonas densamente pobladas", en 120.

El nuevo texto, al que ha tenido acceso Europa Press, mantiene la limitación a "un máximo de 50 plazas" a los centros "cuya atención se destine a personas con discapacidad".

Entre las exigencias que propone Derechos Sociales, también se indica que las administraciones competentes, dispondrán de, al menos, el 65% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual y el resto en habitaciones de uso doble.

Del mismo modo, recoge que los centros cuya construcción se haya iniciado con carácter previo al acuerdo, dispondrán, al menos, de un 15% de las plazas públicas en habitaciones de uso individual cuando el centro esté ubicado en zona rural o zona escasamente poblada, mientras que este porcentaje se elevará hasta el 25% cuando el centro esté ubicado en localidades o zonas de densidad intermedia y hasta el 30% cuando esté ubicado en ciudades o zonas densamente pobladas.

"La administración autonómica competente en el territorio en el que se ubique el centro, podrá expedir una autorización explícita para que aquellos centros que así lo soliciten, no tengan que cumplir los porcentajes plazas públicas en habitaciones de uso individual referidas (...), siempre que su capacidad máxima sea igual o inferior a 35 plazas y que justifiquen circunstancias excepcionales de viabilidad económica o arquitectónica", señala el documento.

También se indica que las personas residentes deberán gozar simultáneamente de espacios que preserven debidamente su intimidad y de espacios de convivencia en el centro, que se les facilitará conexión a Internet de forma gratuita y que en las unidades convivirán "un grupo reducido" de residentes, que en ningún caso podrán superar las 15 personas, "de forma que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar".

Del mismo modo, se propone que los turnos de los profesionales de atención directa de primer nivel se organicen "minimizando las rotaciones y promoviendo que las mismas personas apoyen a un mismo grupo de personas de forma estable teniendo en cuenta las unidades de convivencia".

A este personal de atención directa de primer nivel (Ad1N) se le exigirá, según recoge la propuesta de acuerdo, que posea la cualificación profesional que acredite sus competencias y tal efecto, aunque se permite facilitar la habilitación excepcional a personas cuidadoras, gerocultoras, auxiliares de ayuda a domicilio y asistentes personales con experiencia de al menos 3 años y con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años en la categoría profesional correspondiente, o con un mínimo de 300 horas de formación relacionada con las competencias profesionales que se quieran acreditar en los últimos 12 años, previa presentación de su solicitud.

Esto quedará determinado en la normativa autonómica, en su caso, donde esté ubicada la empresa donde haya prestado sus últimos servicios la persona solicitante.

Del mismo modo y, tal y como recoge Derechos Sociales en el documento, con el objetivo de "garantizar la estabilidad en el empleo", se propone habilitar provisionalmente a aquellas personas que sin haber alcanzado los requisitos para la habilitación excepcional, se comprometan, mediante declaración responsable, a participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral, que se realicen desde el ámbito estatal o autonómico, o a realizar la formación vinculada a los certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional del sector.

También en este sentido, se distingue de forma específica a los centros situados en el medio rural que, cuando no dispongan de las personas con la acreditación requerida para las categorías mencionadas anteriormente o se acredite la inexistencia de demandantes de empleo en la zona, podrán, mediante certificado de la Oficina de Empleo correspondiente, contratar a personas que no cuenten con la cualificación profesional exigida hasta que sus puestos puedan ser ocupados por profesionales cualificados, o estos adquieran la cualificación correspondiente.