El Parlament de Cataluña se compromete a aplicar medidas para erradicar el maltrato a los mayores

El Parlamento catalán ha aprobado este viernes una declaración institucional por la que la Cámara catalana se compromete a aplicar una serie de medidas para erradicar el maltrato a la gente mayor a través de mecanismos de asistencia, asesoramiento o protección, entre otras.

Durante el pleno monográfico sobre la gestión del coronavirus, la secretaria cuarta del Parlament, Rut Ribas, ha dado lectura al documento que alerta de que el maltrato en el edadismo se presenta en forma de maltrato físico, económico, negligencia o abandono, y ha avisado que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 6 ancianos lo padece, una cifra que está "subestimada" ya que solo se notifican 1 de cada 24 casos.

Ante esta lacra, la Mesa del Parlament ha mostrado su "absoluto rechazo" y ha asegurado que, entre otras medidas, involucrará a los medios de comunicación en el 'buen trato' hacia la gente mayor y en la divulgación del maltrato a los ancianos.

Cierre de dos residencias en Barcelona

Por otra parte, la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha comunicado este viernes el cierre de la Residencia de Ullastrell y la de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), como medidas cautelares hasta la resolución definitiva de los expedientes sancionadores abiertos por las "graves irregularidades" detectadas en el funcionamiento y organización de los centros durante la emergencia sanitaria del coronavirus.

El Govern ha informado en un comunicado de que ha tomado esta decisión tras constatar que los centros, gestionados por la empresa APAS Residencial y Residencia Sant Adrià SL respectivamente, no cumplían con los requisitos para garantizar los derechos de los residentes en el marco de la pandemia, y que tampoco se podía asegurar que las direcciones de los centros garantizaran los derechos de los trabajadores.

La Residencia de Ullastrell es un centro privado con 34 plazas –19 de ellas públicas– y que fue intervenido el pasado 16 de abril por la Generalitat, que sustituyó temporalmente a la empresa gestora por la Fundació Vallparadís con el objetivo de "reconducir la situación".

La Conselleria abrió un expediente sancionador a APAS Residencial el 3 de junio por cinco presuntas infracciones graves y 11 muy graves que pueden ser sancionadas con multas de 4.000 euros las graves y con 7.900 euros las muy graves, además de cierre temporal del establecimiento por un período de cuatro años.

En cuanto a la Residencia Sant Adrià, un centro privado con 25 plazas –20 de ellas públicas–, fue intervenida el 31 de marzo, se sustituyó a sus gestores por el Consorcio de Salud y Social de Catalunya; y se abrió un expediente sancionador el 3 de junio por dos presuntas infracciones graves y ocho presuntas infracciones muy graves.

Las entidades responsables de la gestión tienen ahora la obligación de hacer efectivo el cierre del centro en coordinación con la Conselleria, que ha indicado que "ha empezado a trabajar en la reubicación y garantía de derechos de las personas residentes en las próximas semanas".

El departamento liderado por Alba Vergés ha asegurado que ofrecerá a las familias, en primer lugar, una alternativa en otro centro privado, y en segunda instancia, una plaza pública; y ha indicado que hasta el cierre efectivo de los centro, la Fundació Vallparadís y el Consorcio de Salud y Social de Catalunya mantendrán el control sobre las residencias.