Las personas mayores, entre los colectivos con "muchas dificultades" para acceder a la Justicia

La Fiscalía General del Estado (FGE), en su memoria correspondiente al 2022, ha señalado que las personas con discapacidad, mayores y/o extrajeras que se encuentran en España tienen "muchas dificultades" para acceder a la justicia.

Asimismo, el documento, presentado esta semana y consultado por Europa Press, precisa que estas personas pueden hallarse en el país de forma ocasional, en tránsito, residiendo temporalmente o de forma estable, pero que resultan "especialmente complejas" las situaciones de los extranjeros en situación irregular.

Respecto a estos últimos, que no disponen de residencia estable, la Fiscalía asegura que, a las dificultades para organizar el cuidado y cobertura de sus necesidades esenciales, se añaden las barreras que surgen para el acceso normalizado a prestaciones sociales y sanitarias básicas. "Conviven en estos casos la falta de suficiente identificación de la persona y la imposibilidad de determinar o fijar un domicilio conocido como residencia habitual", indica.

Del mismo modo, establece que en aquellos casos en los que los ciudadanos extranjeros se han asentado de forma más estable en nuestro país, existen dificultades derivadas de la ausencia de empadronamiento o su constancia como usuarios de los servicios públicos sociosanitarios. "De ello deriva que no se cuente con información sanitaria ni asistencial de su persona y se complica de gran manera la tramitación administrativa de prestaciones y recursos públicos más allá de los de emergencia o primera necesidad", manifiesta.

A lo mencionado anteriormente explica que se suman "las limitaciones al discernimiento y expresión de su voluntad", lo que expone que "dificulta" el acceso y valoración de su historia clínica anterior, su contexto sociofamiliar en su país de origen, así como la eventual existencia de bienes o derechos patrimoniales más allá de nuestras fronteras.

Así, la Fiscalía denuncia que la falta de un instrumento de cooperación jurídica internacional en la materia del que España sea parte "dificulta" los requerimientos y transmisión de información entre las fiscalías y los juzgados o tribunales con las autoridades judiciales del Estado de la nacionalidad del ciudadano de que se trate. "La inexistencia de dicha herramienta reduce sustancialmente las posibilidades de reconocimiento y ejecución en España de resoluciones adoptadas por autoridades extranjeras, así como la transmisión de las acordadas en España a terceros Estados", añade y agrega que, como consecuencia, "con frecuencia" se archivan "sin más actuaciones" los expedientes judiciales de apoyos de personas que abandonan España.

Justicia inclusiva

Por otro lado, la Memoria, después de recalcar las "numerosas barreras" con las que se encuentran las personas con discapacidad a la hora de relacionarse con el ámbito judicial, destaca el recurso de la lectura fácil, "como un instrumento muy eficaz para mitigar las dificultades comunicacionales".

"La Unidad ha continuado centrada en el impulso durante 2022 de la incorporación a la práctica judicial y fiscal de los distintos ajustes del procedimiento que sean necesarios en aras a lograr una justicia inclusiva, que permita a las personas con discapacidad actuar en un proceso judicial en condiciones de igualdad", afirma.