La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (@pladigmare) ha ampliado la denuncia presentada el 31 de marzo ante la Fiscalía de Madrid para añadir otras 38 residencias de mayores por "homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y lesiones" y que se investigue la denegación del ingreso de algunos residentes enfermos en hospitales.
En la primera ocasión denunciaron a la Residencia de Usera, Orpea Alcobendas, Orpea Meco, Orpea Carabanchel, Adolfo Suárez, Centro Geriátrico de Hortaleza, Residencia Hontanar del Jarama, Las Camelias de Móstoles, Parque Coimbra de Móstoles, Sanitas la Florida, Caser La Moraleja, Amavir Valdebernardo y Peñuelas.
Ahora incorporan los 14 geriátricos intervenidos por la Comunidad de Madrid por exceso de mortalidad, que suman 659 fallecimientos por coronavirus, según datos de la propia Consejería de Políticas Sociales. Se trata de las residencias Santísima Virgen y San Celedonio, Monte Hermoso, Domusvi Alcalá de Henares, Casa Quintas Ciempozuelos, Vitalia Home Leganés, Ventilla Isabel la Católica, Fundación Reina Sofía, Sergesa Boadilla del Monte, Sta. Teresa de Jornet, La Purísima Concepción, Geriatel Rivas, Orpea Santo Domingo, Usera y Las Golondrinas.
Pladigmare añade otros 24 geriátricos cuyas medias de fallecimientos superan la media actual de fallecimientos por residencia y que suman un total, según las estimaciones de los familiares, un total de 1.056 muertos.
Se trata de Amavir la Marina y Moscatelares, de San Sebastián de los Reyes; Pública de Alcorcón, Campodón, Amavir Alcorcón y Sanitas Alcorcón; Orpea Buenavista, Orpea Loreto, Orpea Sanchinarro, Amavir Arganzuela, Amavir Patones, Domusvi Mirasierra, Domusvi Espartales, Ballesol Mirasierra, Ballesol Alcalá de Henares, Ensanche de Vallecas, Gran Residencia, González Bueno, Edalia Arturo Soria, Rafael Alberti, San Juan de Dios, de El Alamo, Ntra. Sra. de la Soledad y del Carmen, de Colmenar Viejo, Residencia Santa Maravillas, de Pozuelo de Alarcón y Juan Pablo II, de San Martín de Valdeiglesias.
Las denuncias, señalan, son para que se investigue por parte del Ministerio Público, si se ha podido producir algún delito de homicidio imprudente, lesiones y omisión del deber de socorro por parte de las residencias y omisión del deber de perseguir determinados delitos y denegación de auxilio por parte de la Administración autonómica, por los incumplimientos detectados de las órdenes 265 y 275/2020 del Ministerio de Sanidad, que establecían la obligación, a 22 de marzo de 2020, de tener clasificados a los residentes en cuatro grupos, para evitar la extensión de la pandemia y la obligación de las residencias de comunicar, si no habían podido hacer la clasificación por carencia de personal, de condiciones materiales o de cualquier otra índole, para que interviniera la Comunidad.
"Queremos que se investigue, además, si a las trabajadoras no se les dotó, de una forma culposa, de los EPIs correspondientes y si ha podido cometerse algún delito como consecuencia de la existencia de instrucciones que discriminaban a las personas con domicilio en las residencias, por razones de edad, denegando la derivación a los hospitales", concluye la plataforma en una nota de prensa.
