La Plataforma del Tercer Sector (@Plataforma3sect) se constituyó en enero de 2012 para aglutinar a diferentes asociaciones y ONGs que trabajan con personas en riesgo de exclusión o pobreza y para defender su importancia ante la sociedad española. Entre estas, se encuentran la Plataforma del Voluntariado de España (@pvoluntariado), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), la Plataforma de ONG de Acción Social (@PlataformadeONG), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (@Cermi_Estatal), Cruz Roja Española (@CruzRojaEsp), Cáritas (@_CARITAS) y la Organización Nacional de Ciegos de España (@ONCE_oficial), suponiendo más de 645.000 trabajadores y 1,3 millones de personas voluntarias.
Ahora, tras haber celebrado su Asamblea General a principios de febrero, en la que salió reelegido Luciano Poyato como presidente, la Plataforma plantea al nuevo Gobierno y, más en concreto, a la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigida por Pablo Iglesias, cuáles son sus principales exigencias y qué medidas son más urgentes en relación con los Servicios Sociales y la atención a las personas más vulnerables, entre las cuales se encuentran muchas personas mayores.
Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector.
Pregunta - ¿Cuáles son las medidas más urgentes que debería tomar el nuevo Gobierno respecto al Tercer Sector?
Respuesta - Lo primero que le vamos a pedir, es que desarrolle la Ley del Tercer Sector. Hasta ahora, lo único que hay regulado es el mecanismo de diálogo. Tiene que haber un plan de modernización, de financiación y, sobre todo, un reglamento que articule nuestra capacidad propositiva.
Luego, hay cuestiones que se aprobaron, pero que están paralizadas. En primer lugar, la Estrategia Contra la Pobreza, que se debería dotar de un presupuesto concreto y de un Plan Operativo Anual, que actualmente no existe. Hay que tener en cuenta que, en estos últimos cuatro años, ha crecido el PIB un 17% y solamente se ha reducido la pobreza en ocho décimas. O se ponen mecanismos para poder paliar esta situación, o nos vamos a una realidad cada vez más desigual.
También habría que desarrollar reglamentariamente la Ley de Voluntariado y se aprobó, a finales de 2019, un Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia que se tendría que desarrollar. De igual manera, están todas las medidas relacionadas con la discapacidad y, cómo no, la Ley de Autonomía Personal y Dependencia que, o se dota de de presupuesto, o las personas dependientes van a seguir entrando en lista de espera.
Hay una reivindicación que sí que me gustaría resaltar. Si algún día se llega a reformar la Constitución, nos gustaría que los derechos sociales y económicos sean considerados como derechos fundamentales, vendría bien. Es una de las propuestas que le vamos a hacer al Gobierno.
P.- ¿Cómo valoran la creación de una Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030?
R.- Creo que es la primera vez en la historia democrática que los Derechos Sociales salen de una vicepresidencia y que se les da tanto rango ministerial. Ahora bien, tiene que servir de palanca para los demás ministerios, porque el que tiene que poner en marcha la renta mínima global es el Ministerio de Trabajo, y quien debe dotarle de medios, el Ministerio de Hacienda. Tienen que relacionarse bien con los demás, para llevar a buen puerto estas leyes. Deben trabajar transversalmente.
P.- Y respecto a las personas mayores, ¿qué medidas debería tomar el nuevo Ejecutivo?
R.- Evidentemente, reactivar el Pacto de Toledo para que haya una viabilidad de las pensiones en este país, y habrá que meterlas en los Presupuesto, de momento. Por otro lado, todo el retraso en la Ley de Dependencia tiene un impacto negativo en las personas mayores. Hay que ponerla en marcha ya, no podemos dejar a los mayores abocados a la soledad o sin recursos.
P.- Muchas de las políticas a las que hace referencia estaban incluidas en el Pacto PSOE-Unidas Podemos para esta legislatura.
R.- Son medidas que ya propusimos este verano, cuando el presidente en funciones recibió a diferentes colectivos sociales, incluida la Plataforma del Tercer Sector. Son cuestiones que le planteamos y que luego aparecieron en las 130 medidas del PSOE para las elecciones. Posteriormente, en el pacto entre los dos partidos aparecen más. Bienvenidas sean. Con todo, habrá que estar encima. Una cosa son los compromisos y otra es que se lleven a cabo. Como plataforma del Tercer Sector vamos a estar muy atentos a su cumplimiento.
P.- ¿Echan de menos algún tipo de política respecto a los mayores?
R.- Hay que plantear el tema de la vivienda. Además, habría que hacer algo específico en cuanto a la soledad no deseada. No podemos dejar a los mayores, que son los que han hecho la historia de este país, relegados a un segundo lugar.
P.- Muchas de estas políticas las aplican la Comunidades Autónomas.
R.- Sí. Tenemos que afianzar las Plataformas Territoriales. Hay algunas Comunidades que tienen Ley del Tercer Sector, y otras que no. Así como no todas cuentan con Comisión de Diálogo. Habría que unificar y poner en contacto a las distintas plataformas. Cada día son más conocidas, pero es una asignatura pendiente nuestra visibilización como un grupo heterogéneo con una voz propia.
P.- Echando la vista atrás, ¿qué balance hace de estos ocho años de existencia de la Plataforma?
R.- Hubo un momento muy crítico durante la crisis, con muchos recortes sociales y económicos, y teníamos que atender a más gente con la misma financiación o menos. Fue complicado para el Tercer Sector, pero creo que gracias a la Plataforma, ha habido bastante cohesión y hemos tenido capacidad propositiva. Hay que tener en cuenta que sólo tenemos ocho años. La primera legislatura, conseguimos la Ley del Tercer Sector. Luego, en una segunda etapa, hemos crecido en cohesión interna pero también a nivel cualitativo. Además, no solamente están las siete entidades fundadoras, sino que también se han incorporado la Coordinadora para el Desarrollo y la ONG para la Infancia y se han constituido 10 plataformas territoriales. El balance es positivo. Hemos pasado de atender y acompañar a gentes vulnerables, a poder defender los derechos sociales de estas personas. Las entidades por sí solas no lo hubiesen podido hacer, pero juntos sí.
P.- Por último, ¿está preparada España para hacer frente al reto demográfico, la despoblación y al envejecimiento progresivo de su población?
R.- Falta conciencia. Cada vez que se hacen determinadas políticas, se piensa en las ciudades y no en la despoblación. Tenemos entidades del ámbito rural que están dentro de la Plataforma, y lo primero que nos están pidiendo, son políticas de reasentamiento. No sólo es una cuestión económica. Va a ser complicado, hay que ser realistas. Y los políticos muchas veces prometen, pero luego se les olvida. Habrá que estar atentos.