Pobreza energética: La demanda del bono social llega a máximos, mientras preocupan los cortes de luz

¿Te imaginas un confinamiento domiciliario sin luz ni calefacción? Tener que quedarse en casa obligatoriamente puede ser aún más complicado este invierno para miles de familias que sufren pobreza energética, es decir, que tienen dificultades para pagar los suministros básicos del hogar como la luz o el gas. A la difícil situación que ya vivían antes del coronavirus cerca de 6 millones de personas en España (el 15% de la población), según el ultimo estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales (@ACAmbientales), se ha sumado ahora la crisis social del Covid-19 que podría disparar esta cifra. Según los últimos datos, cada día se realizan 200 nuevas solicitudes del bono social eléctrico, el único descuento que existe hasta ahora para consumidores vulnerables sobre la tarifa de la luz y al que, según los expertos presenta todavía muchas trabas de acceso pese a que ya supera el 1,33 millones de beneficiarios llegando a máximos históricos. Las asociaciones que representa a estos colectivos piden alternativas para evitar los cortes o facilitar los pagos para las familias con menos recursos, entre las que se encuentran algunos pensionistas.

Riesgo de una oleada de cortes de suministro

Pese a que el Gobierno aprobó durante el estado de alarma una serie de medidas dentro de su 'escudo social' como la prohibición a las empresas de cortar cualquier suministro del domicilio habitual, que duró hasta el 30 de septiembre, y ha ampliado a los posibles beneficiarios del bono social con la introducción de nuevos supuestos, como personas en desempleo o ERTE a causa de la crisis, las asociaciones que representan a los colectivos vulnerables denuncian que la situación es crítica. "El Gobierno no ha previsto qué hacer con estas familias a partir de ahora dejándolas expuestas a merced de las compañías eléctricas. Una mujer de 70 años, por ejemplo, con una pensión de 700 euros, que es el perfil más común entre los mayores en pobreza energética, no está protegida ahora mismo ante los cortes por impago", denuncia María Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética (@APE_Cat).

Desde su plataforma augura que de no tomar medidas ya, en los próximos meses se generará una oleada de cortes de suministro al caducar la moratoria de cortes el 1 de octubre y que ya hay familias que están recibiendo cartas de aviso, por lo que exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez una rectificación inmediata. Otras asociaciones como FACUA (@facua) piden urgentemente que se regule el procedimiento para pagar a plazos los recibos pendientes de agua, luz y gas que hubieran podido acumularse durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y que se amplíen las coberturas más allá del bono social eléctrico, así como que se facilite su acceso.

? Y el cierre:
Es importante que las familias vulnerables paguen menos por sus facturas, pero más aún que tengan garantizados todos sus suministros. Por eso:
❗️ #MoratoriaCortes YA ❗️https://t.co/sR4SzAngU8

— Aliança contra la Pobresa Energètica (@APE_Cat) November 3, 2020

Los beneficiarios del bono social suben a 1,33 millones

Pese a las denunciadas dificultades de acceso al bono social, entre las que destacan las trabas burocráticas y la falta de campañas de información a los usuarios, el volumen de usuarios del bono social eléctrico, la ayuda pública que permite reducir entre un 25% y un 40% el coste del recibo de la luz a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, se ha triplicado en España, según los datos facilitados por el Miteco (Ministerio de Transición Ecológica) al senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia a una batería de preguntas parlamentarias y publicado por Público. Así, el número de beneficiarios de este descuento ha pasado de 449.267en abril de 2018 a 1.311.662 en abril de 2020, lo que supone un crecimiento del 191%. Unos datos que van en la línea con los ofrecidos trimestralmente por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Mientras, las consecuencias económicas de la pandemia están disparando la demanda a 1.382 nuevas peticiones semanales, a un ritmo de más de 200 solicitudes diarias, hasta alcanzar los 1.335.167 beneficiarios en agosto. Los expertos explican que gran parte de esos nuevos nuevos usuarios (4.963) podrían haber entrado tras la ampliación de la cobertura, es decir, personas en paro o autónomos que en un mes vieran desplomarse un 75% o más sus ingresos. El Gobierno también ha contemplado la nueva concepción de vulnerable en el anteproyecto del ley de los Presupuetos Generales del Estado, en los que habilita la disponibilidad de esta ayuda para consumidores vulnerables a causa del coronavirus, que será del 25% de base. Sin embargo, la asociaciones consideran que este instrumento sigue siendo insuficiente porque no llega ni a la mitad de las personas que lo necesitan.

Los mayores con rentas bajas, también expuestos

Aunque son otros colectivos los que más han aumentado en los últimos meses, los jubilados y pensionistas con pensiones mínimas suponía en junio aproximadamente el 13% del total de beneficiarios del bono social, según el último 'Boletín de indicadores eléctricos​', elaborado por la CNMC en octubre con datos de verano. Aproximadamente 158.000 personas mayores pensionistas era beneficiarias del bono social en junio, lo que supone un ligero descenso frente al mismo periodo del año anterior, (-0,8%). Pero sigue siendo un número importante. Según datos previos a la pandemia de la Asociación de Ciencias Ambientales, el 20% de los hombres mayores que viven solos y sobre el 29% de las mujeres mayores que viven solas en grandes ciudades podrían estar en riesgo de pobreza energética. 

"Están dejando a este colectivo, uno de los más afectados por la pandemia y también por la pobreza energética, totalmente desatendido", consideran desde la Alianza contra la Pobreza Energética, afeando las declaraciones en medios de la ministra portavoz María Jesús Montero, que apuntaba a que todas las familias vulnerables en España están protegidas a través de la legislación energética. "Los únicos suministros protegidos son los de aquellas familias con bono social y con algún menor de 16 años, persona con discapacidad o en situación de dependencia entre sus miembros", explica. "Este hecho demuestra que muchas familias vulnerables, por ejemplo las que no cuentan con el bono social por desconocimiento o las personas mayores solas con pensión baja, están totalmente desprotegidas frente a las compañías energéticas", opina.