La pobreza energética, en riesgo de aumentar en España: pìden medidas ante la subida de la luz

España, líder en pobreza energética en la UE: un 20,8% de habitantes no puede calentar su vivienda

Un número elevado de hogares siguen desatendidos por las administraciones públicas en 2025, según denuncian más de treinta organizaciones sociales y ecologistas se han unido para denunciar la falta de implementación de las medidas expuestas en la Estrategia Nacional contra la pobreza energética 2019-2024. Enmarcado en la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética, del 17 al 23 de febrero, las asociaciones recuerdan que sólo un 21% se han implementado completamente, según el último análisis de Ecodes.

Los españoles fueron, junto a los portugueses, los ciudadanos europeos con mayores dificultades para mantener sus hogares calientes, según datos del Informe del Estado de la Energía 2024 publicado por la Comisión Europea. En concreto, un 20,8% de habitantes de España y Portugal no pudo calentar su vivienda a una temperatura adecuada, lo que supone el mayor porcentaje de hogares afectados por la pobreza energética en la UE.

Incapacidad para mantener caliente el hogar

"La factura de la luz, un lujo no al alcance de todas"

Los colectivos sociales implicados, entre los que se encuentran Aliança contra la Pobresa Energètica (@APE_Cat), Ecologistas en acción, sindicatos como UGT y CCOO, o la Federación consumidores y usuarios CECU (@CECUconsumo), exigen una revisión del mecanismo del bono social para que llegue automáticamente a los que más lo necesitan y que se prohíban los cortes de suministro a los hogares vulnerables. 

Para ello han firmado un manifiesto conjunto: La factura de la luz, un lujo no al alcance de todas, en el que recuerdan que es obligación de nuestras administraciones públicas garantizar la protección e inclusión social de todos sus ciudadanos con equidad. "No sólo se trata de derechos, eliminar la pobreza energética es una cuestión de salud pública, de cumplir la legislación europea y por supuesto, es de justicia social”.

26,5% de la población está en riesgo de pobreza 

Las asociaciones señalan que este año es especialmente importante. El incremento en la factura de la luz, debido a la recuperación de los impuestos reducidos o excluidos por la pandemia y la crisis de precios de la energía, junto con el aumento del porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (26,5%) según datos del INE, supone un riesgo de que aumente el número de afectados por la pobreza energética.

Además, recuerdan que se han recuperado el IVA al 21%, el impuesto especial a la electricidad (IEE) al 5,11% y el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) al 7%3. Además, suben los cargos del sistema para las tarifas domésticas en más de un 30%.

Exigen revisión de la concesión del bono social

Las organizaciones exigen que se revise el mecanismo de concesión del bono social, de forma que llegue exclusivamente a las personas que lo necesiten y que esto ocurra de manera automática, sin que el adjudicatario tenga que realizar ningún trámite adicional al reconocimiento de su situación, como se hace en Portugal.

Según datos de Esade-Oxfam, 8 de cada 10 beneficiarios potenciales no recibían el bono social eléctrico. Asimismo piden que se prohíban los cortes de suministro por impago a los hogares en situación de vulnerabilidad implementando el modelo de la ley catalana 24/2015 en base al “principio de precaución”. 

Necesidad de medidas estructurales y no "paliativas"

Resaltan la necesidad de implementar no sólo medidas paliativas, sino estructurales como priorizar las inversiones, ayudas o subvenciones en eficiencia energética de aquellos hogares que no pueden asumirla, vincular la realización de asesorías energéticas y análisis de facturas a cualquier tipo de ayuda pública.

También, de manera prioritaria para el pago de facturas energéticas a familias en situación de vulnerabilidad energética o aumentar las inversiones públicas en producción de energía renovable, priorizando su suministro y acceso a personas vulnerables, “para que no tengan que seguir siendo clientes cautivos de los carísimos y contaminantes combustibles fósiles (gas natural, butano o gasóleo)”, añaden.

Hacen un llamamiento a todas las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como de las diferentes comunidades autónomas, desde los Ministerios hasta los municipios. “Para hacer frente a la crisis climática que atravesamos, necesitamos cambiar nuestro sistema energético y poner en el centro a los vulnerabilizados por el sistema”, declaran.