Pobreza energética: Sánchez olvida a miles de hogares que no podrán pagar la luz tras la cuarentena

Las consecuencias del coronavirus no serán igual para todos. El confinamiento obligatorio decretado por el estado de alarma desde el pasado 14 de marzo, podría acarrear mayores dificultades en el pago de suministros básicos como agua, luz o gas debido a la falta de ingresos o mayores gastos. Según estima la comparadora de tarifas de energía, Selectra la factura eléctrica podría aumentar hasta 26 euros por hogar medio al mes. 

En España más de 6 millones de hogares viven en situación de pobreza energética, a los que se podrían sumar otros miles de ciudadanos que empezarían ahora a tener dificultades para llegar a fin de mes. Así lo denuncia la Alianza contra la Pobreza Energética (@APE_Cat), que considera que el paquete de medidas aprobado por el Gobierno para minimizar el impacto económico del coronavirus sobre la población más vulnerable es "una propuesta de mínimos absolutamente insuficiente". 

Foto: Hogar vulnerable

Medidas para "todos", no para unos pocos

También desde la Plataforma del Tercer Sector (@Plataforma3sect), que agrupa a 30.000 ONGs, destacan el impacto social que está teniendo la pandemia de Covid-19 en las personas vulnerables, especialmente en los colectivos de personas mayores, sin hogar, personas con discapacidad, aquellas que viven en situación de exclusión social. Por eso piden la aprobación de una nueva definición legal global del concepto de vulnerabilidad social, "ya que actualmente existe una ad hoc para cada situación particular (pobreza energética, desahucios, etc) sin una visión coherente y transversal". Por eso le han pedido al Secretario de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, priorizar la regulación del ingreso mínimo vital o la paralización de las cuotas de los arrendamientos de viviendas para sectores vulnerables.

En opinión de la Alianza contra la Pobreza Energética, el Real Decreto-Ley 8/2020,RDL o "escudo social" aprobado por Pedro Sánchez tras decretar el estado de alarma por coronavirus, que busca garantizar agua y energía a consumidores vulnerables y prohibir los cortes de suministro durante la cuarentena, dejará fuera a muchos hogares no identificados. Por eso, mientras dure este periodo excepcional, la APE reclama la prohibición de cortes de agua, luz y gas para toda la población, así como la gratuidad del servicio de agua, luz y gas para aquellas familias en situación de vulnerabilidad y los profesionales afectados por la crisis del Covi-19 que han perdido su empleo o no pueden trabajar o facturar.

Des de l'@APE_Cat, reclamem:
? Gratuïtat dels serveis per a vulnerables i afectades per la crisi del #COVID19 assumida per les companyies#SubministramentsGarantitsiGratuïts
?https://t.co/ACWh3U9256 #SuministrosGarantizadosyGratuitos pic.twitter.com/1Y7mq2vObJ

— Pobresa Energètica (@APE_Cat) March 24, 2020

Protección insuficiente contra los cortes de suministro

El Real Decreto-Ley 8/2020,RDL, en su artículo 4, establece que "durante el mes siguiente a la entrada en vigor de este RDL, los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspenderse el suministro a aquellos consumidoras en los que concurran la condiciones de consumidor vulnerable o de consumidor en riesgo de exclusión social". Pero según las plataformas sociales, esto es un medida que se queda "corta". 

Esta protección sólo abarcará, según la APE, "a aquellas personas o familias que tengan el suministro eléctrico en el mercado regulado y no al conjunto de unidades familiares vulnerables o afectadas directamente por la crisis de la Covid-19, quedando así fuera todos los puntos de suministro que están en el mercado libre". Lo preocupante es que según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (@CNMC), sólo el 38% de los puntos de suministro domésticos se encuentran en el mercado regulado, por lo tanto, la gran mayoría de la población no ganará protección gracias a esta medida. 

Las eléctricas han ido más allá

Según explica la Alianza contra la Pobreza Energética, Endesa reconoció hace pocos meses en Cataluña que, de los 25.000 clientes que tiene identificados como vulnerables, menos del 30% disponen del bono social, "sin contar que muchos de ellos se encuentran muy probablemente en el mercado libre". Tal como explican desde la plataforma, "la gran mayoría de la población no está en el mercado regulado debido a la falta de transparencia y prácticas presuntamente ilícitas de las empresas del oligopolio", aclara su portavoz María Campuzano.

Además, cabe destacar que grandes empresas como Endesa o Naturgy han anunciado en los últimos días que no cortarán la luz ni el gas mientras dure la situación de estado de alarma, incluyendo aquí los clientes de mercado regulado y de mercado libre. Por este motivo, desde la Alianza contra la Pobreza energética califican de "inadmisible" que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, "apruebe una medida aún más conservadora que las eléctricas".

Falta de claridad en torno al bono social

Tal como insisten desde la plataforma, otro punto que no queda bien explicado en el texto del RDL es si es necesario que la familia ya disponga de los descuentos del bono social​ para poder acceder a esta protección o si ya es suficiente cumpliendo con los requisitos de renta que se estipulan en el RD 897/2017. "Hay muchas familias que ya están en el mercado regulado pero no han podido acceder al descuento "por la gran carga burocrática que implica la solicitud del bono social y que hemos criticado en numerosas ocasione", explica Maria Campuzano. "Es urgente que el Gobierno aclare si estos casos quedan protegidos del corte o se les deja a merced de la voluntad de las empresas", opinan.

En cuando a la ampliación del plazo de renovación del bono social hasta septiembre para aquellas personas cuyo plazo venza durante al cuarentena, las asociaciones sociales consideran que "es una medida de mínimos, que detrás esconde la dificultad que tienen las familias de tramitar el bono social". Por ello, llevan tiempo pidiendo al Gobierno central su tramitación automática para garantizar que todo el mundo que cumpla los requisitos pueda acceder. 

Facturas impagadas

Por último, los expertos en pobreza energética echan en falta alguna referencia a las facturas impagadas. Tal como recuerdan, una vez pase el estado de alarma, las familias se enfrentarán muy posiblemente a cortes de suministro si no pueden hacer frente, "no sólo en la factura de cada mes, sino también al deuda que se les haya generado durante un escenario de confinamiento donde las facturas de seguro serán más altas".

Por su parte Naturgy ha anunciado la posibilidad de aplazar el pago de las facturas de electricidad, gas y servicios a todos sus clientes domésticos, una medida que se suma a las gestiones que se podrán hacer durante la cuarentena, como reducir su potencia eléctrica contratada durante el estado de alarma. Pero esto no solucionará el pago final de las facturas atrasadas.