Podemos hace pública la cifra de muertes en residencias que Illa oculta desde que empezó la pandemia

Unidas Podemos ha hecho pública la cifra de víctimas mortales que la pandemia del coronavirus ha provocado en las 5.457 residencias de mayores españolas, un dato que se le ha requerido reiteradamente durante las últimas semanas al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que, sin embargo, nunca ha querido revelar, pese a llevar asegurando desde el pasado 17 de abril que ya tenía esa información en su poder.

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que propone una reformulación del modelo actual de residencias de mayores para impulsar un sistema público, universal y de calidad, detectadas las carencias que sufre como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En el texto registrado, la formación morada reconoce que el virus "ha impactado gravemente sobre las residencias de mayores" con una tasa de mortalidad que califican de "escandalosa".

Así, cifran el número de muertes en estos centros. "Han fallecido 14.000 personas ancianas en residencias, lo que supone el 67% de fallecidas del total por el virus", denuncia Unidos Podemos, antes de señalar que el coronavirus también ha tenido graves efectos sobre el personal que trabaja en estos centro y que en un 90% son mujeres.

Extracto del texto de la proposición no de ley registrada por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

Esta proposición no de ley fue registrada la semana pasada, por lo que las cifras se han incrementado. De hecho, el ente público RTVE asegura, a fecha 4 de junio, que el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las residencias, ya sean públicas, concertadas o privadas, se sitúa en 19.393, según los datos proporcionados por las comunidades autónomas y que obran en poder del Gobierno, que aún no las ha dado a conocer de forma oficial.

Resulta llamativo que Unidas Podemos, que junto al PSOE forma parte del Gobierno de coalición, sí haga públicas esas cifras, mientras que el ministro de Sanidad siga negándose a ofrecerlas, la última vez, hace una semana, a pregunta de 65Ymás en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.

Un nuevo modelo de residencias

En esa proposición no de ley, Unidas Podemos sostiene "el coronavirus ha desnudado las vergüenzas de los centros residenciales para personas mayores y ha dejado al descubierto el insostenible modelo de cuidado de personas mayores imperante en España". Además, denuncian que, si se compara al país con otros de su entorno, este sistema se caracteriza por "un bajo gasto público en este tipo de servicios".

Según los datos del OCDE, explica el grupo confederal, España destina un 0,7 % del PIB al gasto en servicios sociales de atención a la dependencia, muy lejos de Francia (que destina un 1,34%), Alemania (1,28%), Bélgica (2%) o Suecia (2,66%). En el mismo sentido, el nivel de cobertura, es decir, las plazas por cada 1.000 personas mayores de 65 años, y el volumen de población que se dedica a estos servicios sitúa a España a la baja en relación con los estados europeos.

"A este déficits de carácter estructural, se añade en los últimos años un proceso de privatización del sector. Son muchas las residencias financiadas con dinero público pero gestionadas por entidades privadas, donde ha ido creciendo el peso de las grandes empresas en detrimento de las entidades del tercer sector", denuncian los morados.

Es por ello, que su iniciativa pide al Gobierno impulsar un sistema de residencias público, universal, de calidad y de gestión directa o en colaboración, mediante diferentes fórmulas, con el Tercer sector o con la comunidad. A su juicio, debe ser un modelo de Atención Centrado en la Persona (ACP), que respete y fomente la autonomía y la dignidad de las personas y que articule unos servicios que se adapten a las necesidades de las personas, y no al revés. "Los entornos residenciales deben caminar hacia modelos hogar", apunta.

Del mismo modo, pide procurar una eficiente coordinación y asignación conjunta en las prestaciones entre Salud y Servicios Sociales, aplicando un modelo de cuidados que respete la autonomía, dignidad y preferencias de cada persona, evitando así modelos que lo institucionalicen; y asegurar la transparencia en la gestión de los servicios residenciales y reforzar los mecanismos de inspección y control necesarios.

Finalmente, quieren que se revalorice y dignifique el trabajo de cuidados, garantizando un salario adecuado y suficiente a las trabajadoras de las residencias en un marco laboral que asegure que el desempeño de su trabajo se desarrolle en condiciones seguras y con todos los medios de protección necesarios.