La empresa Aralia, que gestiona la residencia concertada de Peñuelas, en el distrito madrileño de Arganzuela, ha sido sancionada por falta de personal de enfermería a principios de junio con una penalidad de 45.561 euros, lo que supone la tercera penalidad que recibe este año.
Según ha adelantado la Cadena Ser y muestra el documento al que ha tenido acceso Europa Press, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha impuesto esta sanción por un incumplimiento "muy grave" del contrato y las ratios que establece para la plantilla sanitaria, lo que supone la tercera penalidad que recibe la empresa en lo que va de año, con un importe global que superaría los 95.500 euros, por la citada falta de personal de enfermería, por cuestiones relacionadas con la administración medicación a los residentes y por no haber informado del fallecimiento de una mujer que murió ahogada con las sujeciones que tenía en su cama.
De acuerdo con esta información, la nueva sanción responde a la denuncia de la familia de una residente de 93 años que el pasado mes de junio estuvo más de una hora sin atención sanitaria pese a tener problemas para respirar.
Fuentes de la Consejería consultadas por Europa Press confirman esta penalidad impuesta a la empresa gestora del centro, cuya concesión vence el próximo 15 de diciembre, si bien es la única que se ha presentado al nuevo concurso.
En concreto, explican que la penalidad se ajusta a la falta de profesionales que hubo a principios de junio en este centro como consecuencia de varias bajas que se produjeron a la vez y que no se pudieron cubrir "debido al déficit de profesionales de enfermería en el sector que hay en toda España".
Nuevo contrato
Asimismo, explican que se ha licitado un nuevo contrato, al que se han presentado Aralia con un aumento de financiación de un 33% y mejoras en personal y criterios de calidad.
En este sentido, subrayan que la Comunidad de Madrid "no ha recortado un solo euro", sino que el presupuesto para gastos corrientes y servicios, en el que se incluye la alimentación, se ha aumentado en más de 350.000 euros anuales. En concreto, remarcan que la partida destinada a la alimentación sube un 27,5% respecto al anterior contrato, mientras que la inversión en personal pasa de 2,6 millones en el contrato vigente a 4,4 millones en el nuevo licitado.
La última sanción a esta residencia, de 25.000 euros, se impuso por no comunicar a tiempo y de manera oficial la muerte de una usuaria que falleció el pasado 11 de abril tras asfixiarse con las sujeciones de su cama, mientras que en enero se impuso otra de 24.851,66 euros por la falta de la firma correspondiente en la administración de medicamentos hasta en cuatro ocasiones detectada el 17 de octubre de 2022.
Además, este verano el Defensor del Pueblo solicitó a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales la información disponible sobre esta residencia, tras las quejas de usuarios y trabajadores de la misma.
La institución que preside Ángel Gabilondo solicitó detalles sobre los motivos de la demora de convocatoria de la licitación del contrato de gestión y a qué otros centros públicos de las mismas características afecta este problema.
El Defensor del Pueblo se interesó también en esta actuación por el resultado de las inspecciones realizadas en marzo de 2020 y febrero de 2023 por la Comunidad de Madrid, y preguntó a la Consejería si se han subsanado las deficiencias detectadas, que, al parecer, conllevó sanciones económicas.
