Policías jubilados, a punto del desahucio en Cádiz: "No sabemos por qué"

Tres policias nacionales jubilados (Andrés Martínez, subinspector jubilado de 84 años, Fernando Fernández-Reinosos, de 76 años, y Miguel Vela, de 78 años) y dos viudas (Dorotea Gómez, de 73 años, y Cándida López, de 75 años) tendrán que abandonar sus casas en Cádiz, donde llevan toda la vida viviendo, antes de ser desahuciados.

Todos ellos vivien en un bloque de viviendas de Cádiz destinado a agentes en activo, y aunque sabían que el desalojo llegaría con la jubilación, pasaron los años, para algunos incluso 20, y nadie les pidió que se marcharan. Algunos trataron de pagar alquiler, pero finalmente les llegó la orden de desahucio. 

En 2019, la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía (DGP) ya trató de desahuciar a los mismo vecinos de la calle Fernández Ladreda, que suman cinco familias, pero se opusieron y acudieron a la prensa, que se hizo eco de su caso, provocando la paralización del proceso. Después vino la pandemia del coronavirus y ahora se ha retomado el asunto. "No sabemos por qué", explicaba a Okdiario José María Merino López, hijo de Cándida López, quien cobra 700 euros de pensión de viudedad mientras que el precio medio de un alquiler en la ciudad de Cádiz es de 733 euros. "Lo peor de todo esto es que nadie se sienta con nosotros a explicarnos la causa o darnos alguna solución. Yo les pido que a la gente mayor, como las viudas, les dejen quedarse allí hasta su muerte y no darles disgustos para lo poco que les queda y veo lógico que los hijos de aquellos policías tengan que desalojar las casas".

"No nos dijeron que al jubilarnos nos teníamos que ir de aquí"

Ninguno de ellos posee obviamente títulos de propiedad, pero pueden acreditar que pagaron el agua y la luz durante las últimas décadas, así como que la DGP les descontó el dinero del alquiler de sus nóminas. 

Ahora un abogado intenta buscar una solución con la Administración. Pero la ley indica que solo pueden vivir allí mientras sean policías en activo. "Cuando entramos a la vivienda no nos dijeron que al jubilarnos nos teníamos que ir de aquí", apunta Fernando a Antena 3. Por su parte, la Dirección General de la Policía (DGP) asegura que se niegan a marcharse a pesar de los avisos.

"Es cierto que la literalidad de la norma le permite al Ministerio el desalojo, pero hay que ser ecuánime y ver en qué situación están y qué solución se les da", contaba el abogado.

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, ha retomado los informes sociales que en su momento se hicieron sobre estas familias y que concluyeron que algunas podrían ser beneficiarias de los recursos que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía como pueden ser las ayudas al alquiler.