28-M: Los familiares piden órganos de representación en todas las residencias de mayores

La Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE), tras analizar la situación de las residencias de la Comunidad de Madrid, se ha dirigido a los partidos políticos de la región señalando las causas de los principales problemas que afectan a estos centros y denunciando "el predominio casi absoluto del sector privado en detrimento de lo público". 

Según indican en una nota de prensa, de las casi 500 residencias para personas mayores de la Comunidad de Madrid, solo 65 de ellas son de titularidad pública (25 residencias de titularidad y gestión de la AMAS; 18 de titularidad de la Comunidad de Madrid y gestión privada; 21 de titularidad de diferentes municipios, once de ellas con gestión privada; 1 de titularidad pública de carácter nacional).

"Hemos denunciado la nefasta gestión sanitaria que se hizo en las residencias de la Comunidad de Madrid y que supuso una auténtica hecatombe para las personas que vivían en las mismas", explican, ante la "encrucijada" en la que se encuentran actualmente las residencias, y es que, tal y como señalan, "o se sigue con el mismo modelo como si aquí no hubiera pasado nada, o se van dando pasos firmes hacia otro modelo, en el que primen las necesidades de los residentes, de las personas que reciben los servicios, antes que las necesidades de las empresas que lo prestan, como está ocurriendo hasta ahora". 

En este sentido, indican que los acuerdos del Consejo Territorial del SAAD, "aunque insuficientes (sobre todo en materia de ratios de personal), dan pasos, aunque sean tímidos, en la buena dirección", esto es "poner las necesidades de los residentes sobre las de las empresas que prestan los servicios". 

A pesar de ello, señalan que "en la Comunidad de Madrid, que ha declarado su insumisión respecto a dichos acuerdos, se empeoran los requisitos y condicionantes que se establecen en el Acuerdo sobre criterios comunes de Acreditación y calidad de los centros y servicios sociales del SAAD, haciendo de peor condición a los ciudadanos de Madrid, respecto al resto de ciudadanos de otras Comunidades Autónomas, que sí van a respetar y aplicar ese Acuerdo".

Por tanto, piden que esta organización asuma el "firme compromiso" de adoptar una serie de medidas tras las próximas elecciones.

Derogación de los protocolos de la vergüenza, ratios de personal y residencias públicas

La primera petición consiste "continuar con los trabajos inacabados de la Comisión de Investigación creada en la Asamblea de Madrid sobre lo que pasó en las Residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia". 

Le sigue la "derogación de los protocolos de la vergüenza", los cuales continúan ahí "como una amenaza ante cualquier nueva epidemia"; así como la derogación del punto 2.6 del apartado B, del Anexo I, de la Orden 612/1990, en el cual se establecen "ratios de personal del 0,28 para los residentes válidos y del 0,35 para asistidos y de la normativa de la Comunidad de Madrid que empeore el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia", señalan.

Solicitan a su vez que, para conseguir la autorización administrativa de funcionamiento, cualquier residencia de la Comunidad de Madrid deba tener, como mínimo, "unos ratios de personal como las establecidas en el Acuerdo del Consejo Territorial del SAAD, publicado en el BOE de 11 de agosto de 2022".

Y el compromiso de "establecer una ratio mínima de personal, en los dos primeros años de legislatura, para todas las residencias de la Comunidad de Madrid, basada en criterios científicos", es decir, "por turnos y por puestos de trabajo, en función del dictamen establecido por una Comisión de Expertos, en donde estén representadas las familias y las distintas categorías de trabajadores (fundamentalmente gerocultoras o TCAEs, enfermeras, médicos y fisioterapeutas), así como Geriatras y profesionales de la gestión de las residencias". Del mismo modo, solicitan el compromiso de "aplicar los mínimos establecidos en ese Acuerdo cuando mejoren la regulación y requisitos de los actualmente existentes". 

El "establecimiento de órganos de representación en todas las residencias", independientemente de su titularidad y pertenencia, o no, al SAAD, que incluyan a representantes de los residentes y las familias. "La representación de las familias no debe ser para sustituir a los residentes, sino para actuar como familias que tenemos mucho que decir en cuanto a los cuidados de los residentes". 

El aumento del número de inspectores dedicados a las residencias es otra de sus peticiones, así como "la elaboración de un plan de preparación específico sobre las condiciones a vigilar en las mismas". Del mismo modo, y solicitan también "la elaboración de un Plan de creación de residencias públicas en la Comunidad de Madrid", que tenga como principal objetivo "reequilibrar la desproporción existente a favor del sector privado".

"Estas residencias, con una capacidad máxima de 60 plazas y con el 80% de las habitaciones de carácter individual, se construirán en los municipios con mayores necesidades de las mismas (existentes o previsibles), con el objetivo de no desarraigar de sus amistades, familias y su entorno social a las personas que necesiten de esta prestación", concluyen.