La España vaciada... de bares y tiendas: casi la mitad de los pueblos no tienen estos servicios
El Congreso de los Diputados tomará en consideración una proposición de ley de Teruel Existe para reconocer como entidades de la economía social a los establecimientos de hostelería y los comercios, incluida la venta ambulante, que prestan sus servicios en municipios de menos de 200 habitantes.
En el debate de la iniciativa, los portavoces del PSOE, Unidas Podemos, el PP y Vox han adelantado el sentido favorable de su voto, lo que asegura la admisión a trámite de la iniciativa firmada por el diputado Tomás Guitarte.
En concreto, la formación turolense pretende modificar el artículo 5 de la Ley 5/2011, de Economía Social para incluir a los negocios mencionados en el texto legislativo. Este cambio en la legislación permitiría que estos establecimientos se acogieran a los incentivos y beneficios que las empresas de economía social tienen reconocidos, lo que les permitiría "incluso ser viables en el largo plazo".
Así lo ha expresado Guitarte durante la defensa de la propuesta, subrayando que los bares de estos pequeños municipios juegan un papel importante de cohesión social y sirven al "interés general de la población".
La norma denomina como economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales privadas llevadas a cabo con el fin de perseguir un "interés general económico o social". También reconoce el texto como principio rector de las entidades de la economía social la "primacía de las personas y del bien social sobre el capital".
La plataforma turolense defiende que los bares y comercios de alimentación persiguen la prestación de servicios "allá donde no llega la libre competencia", por lo que deben ser incluidos como entidades de la economía social. Además, el partido argumenta que en la actualidad más de 140.000 personas en España residen en municipios que carecen del servicio social que ofrece un bar, una cifra que es "mucho más alta" si se habla de comercios de alimentación.
En el caso concreto de los bares, la formación alude que suelen ejercer una función de "centro social de convivencia" o de "encuentro para la comunidad local", dado que en muchos de estos pequeños municipios no existen otros servicios de ocio, cultura o restauración. "La pérdida de estos servicios da lugar a una situación de falta de equidad en las condiciones de vida de las personas, según el lugar donde se resida", argumenta Teruel Existe.
Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe
Sí, pero con matices
El portavoz del PSOE en la Comisión de Transición Ecológica, Antidio Fagúndez Campo, ha expresado su apoyo para tomar en consideración de la proposición de ley en aras de avanzar a una "mayor cohesión territorial y social".
Por parte de Unidas Podemos, el diputado por Vizcaya, Roberto Uriarte, ha avanzado que el grupo 'morado' apoya admitir a trámite la propuesta, al considerar que los pequeños negocios familiares y en especial los bares en municipios pequeños tienen una importante función de "cohesión social".
No obstante, también ha incidido en que la proposición adolece una técnica jurídica "bastante pobre" que puede devenir en efectos "contraprudecentes", como que sociedades limitadas se beneficien de los mismos incentivos que ostentan las cooperativas. Estos y otros efectos "imprevistos" Unidas Podemos sugiere solventarlos mediante la tramitación parlamentaria.
Por otra parte, la portavoz de la Comisión de Trabajo de Vox, Rocío de Meer, ha adelantado el voto favorable de su grupo a la proposición de ley, porque entiende que "es bueno para España" y, por tanto, "es bueno para Vox". A su juicio, la llamada España vaciada debiera recibir el nombre "España abandonada" ante el descuido del Gobierno en las zonas rurales y en pequeños municipios.
Finalmente, el diputado por Teruel del PP, José Alberto Herrero Bono, también ha trasladado el voto favorable de su grupo, aunque ha matizado que serán necesarios algunos cambios en la proposición en la futura tramitación parlamentaria. En concreto, para el diputado 'popular' es necesario que el límite de habitantes no sea de 200 personas, sino de 500, para considerar a bares y pequeños comercios como agentes de la economía social.
Una vez aprobada, la proposición de ley se remitirá a la comisión competente de la Cámara Baja y se abrirá el correspondiente plazo de enmiendas, sin que ya sean admisibles enmiendas de totalidad de devolución.
