Las 13 principales asociaciones de mayores de España, pertenecientes al Comité Asesor de 65YMÁS, y Carlos San Juan, médico jubilado impulsor de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’, han hecho llegar a nuestro diario un cuestionario para que fuera respondido por los líderes de los principales partidos que optan a la presidencia del Gobierno de España: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar).
Por parte del PSOE, el candidato a la presidencia Pedro Sánchez ha declinado responder al cuestionario y en su lugar lo ha hacho Beatriz Carrillo de los Reyes, Secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos sociales de la Comisión Ejecutiva federal del PSOE.
Preguntas de las asociaciones de mayores
PREGUNTA: ¿Se comprometen a seguir revalorizando las pensiones con el IPC en la próxima legislatura?
RSPUESTA: Para el PSOE la revalorización digna es un derecho fundamental. Consideramos también que ese derecho ya está recogido en la Constitución, pero que una lectura retorcida del artículo 50 permite, como ya hemos visto, desvirtuar ese artículo. Por todo ello, buscaremos impedir que esa tergiversación vuelva a ocurrir blindando constitucionalmente la revalorización digna de las pensiones mediante su vinculación al IPC.
P.: ¿Modificarán la Reforma de las Pensiones aprobada esta Legislatura? En caso afirmativo, ¿qué modelo proponen?
R.: Seguiremos implementando la reforma siguiendo los mismos principios: solidaridad y redistribución. El PSOE logrará el equilibrio de las cuentas a través del aumento de los ingresos, no de la precarización de las pensiones de los jubilados y las jubiladas.
La reforma que hemos emprendido tiene por objetivo lograr los ahorros necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema en el momento en el que se encuentre más tensionado debido a la jubilación de la generación más grande de la historia de nuestro país. Culminaremos la reforma que hemos emprendido para garantizar que esa sostenibilidad se logra en base a políticas redistributivas en lugar de con políticas de recortes.
P.: ¿Piensan acabar con las penalizaciones a los jubilados anticipados con más de 40 años cotizados?
R.: Las reformas que hemos realizado hasta ahora han sido siempre fruto del consenso con los sindicatos en el seno de la Mesa de Diálogo Social. Han sido muchos los avances conseguidos, también hemos dicho que en el futuro queríamos seguir profundizando en esa senda de diálogo con los agentes sociales para seguir afrontando mejoras que aún queden pendientes de realizar.
P.: ¿Qué proponen para evitar que las empresas se deshagan del talento sénior?
R.: Nuestra apuesta y objetivo es que como sociedad podamos contar con el talento de todas y la experiencia de las personas sénior, lo que redundará en una sociedad más competitiva y sostenible. Como propuesta concreta, y en la línea de desarrollar la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que aprobamos en esta Legislatura, impulsaremos en el ámbito de la negociación colectiva la elaboración en las empresas de Planes para la Retención del Talento sénior y trabajaremos para prevenir el edadismo en la contratación laboral.
P.: ¿Qué van a hacer para acabar con las listas de espera de la Dependencia en la próxima Legislatura?
R.: Queremos seguir con la reforma del Sistema de Atención a la Dependencia, tras el balance de los años de vigencia de la ley, las consecuencias de la pandemia en la atención a las personas en situación de dependencia y la apuesta del mecanismo de recuperación y resiliencia por la inversión en cuidados. En estos años de gobierno hemos revertido los recortes del PP sobre el sistema, que eran muchos y dejaron la ley tiritando. Hemos aumentado la financiación que ha aportado la Administración General del Estado en un 152%. Esta financiación está ya permitiendo disminuir la lista de espera y acortar el tiempo medio de gestión.
Creemos que hay que dar un paso más, para lo que proponemos acordar un nuevo sistema de financiación que asegure la suficiencia y sostenibilidad del sistema; y actualizaremos el Plan de Choque en Dependencia y estableceremos un tiempo máximo de 30 días para la percepción de la prestación, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
P.: ¿Mantendrán el Nuevo Modelo de Residencias de Mayores tal y como se pactó en junio de 2022 o creen que debería cambiar? Si es así, ¿qué alternativa plantean?
R.: Tras la situación ocurrida en las residencias de personas mayores durante el COVID, se hizo más evidente la necesidad de transitar hacia un nuevo modelo residencial, vinculado a maneras personalizadas de atender las necesidades de los residentes, garantizando el respeto a sus derechos, preferencias y opiniones, y mejorando la calidad en el empleo de los que trabajan en este ámbito.
En este contexto, celebramos el intenso debate y trabajo entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno, para alcanzar un acuerdo sobre los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD.
Nuestro objetivo es seguir mejorando el modelo residencial, aumentando la calidad de la atención en centros tanto públicos, como privados, en equipamientos y profesionales.
Celebramos por ello también el reciente registro del nuevo Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal, con subidas salariales, entre otras mejoras.
Apostamos por impulsar la construcción de nuevos centros residenciales públicos para personas en situaciones de mayor dependencia, en el marco de las nuevas políticas de vivienda. Se trataría de aprovechar el impulso público de construcción de viviendas y edificaciones para promover también proyectos de centros residenciales públicos de diferente naturaleza.
El modelo de cuidado en el entorno residencial que queremos promover, se debe de regir por principios éticos y por la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas mayores residentes. Por eso, nos comprometemos a promover la cultura del buen trato entre los y las profesionales que trabajan en la atención y cuidado de las personas mayores.
P.: ¿Creen que es necesaria una Ley en Defensa de los Derechos de las Personas Mayores para acabar con el edadismo?
R.: Apostamos por una medida muy ambiciosa, queremos impulsar un Pacto de Estado para la defensa y promoción de los derechos de las personas mayores. La elaboración de una Ley específica para acabar con el edadismo es algo que tenemos que valorar, esto no quiere decir que no podamos actuar ya, y así lo hemos hecho. En la actualidad, para combatir el edadismo, así como otras discriminaciones como la homofobia, xenofobia, discriminación por religión, etc. los y las socialistas hemos promovido en la legislatura recién terminada, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No discriminación, que otorga instrumentos efectivos para luchar contra la discriminación por edad. Sin duda, ha sido uno de los grandes avances, una ley que ha sido un compromiso socialista durante muchos años y que por fin hemos podido hacer realidad.
De cara a la próxima legislatura nos queda el reto de impulsarla y desarrollarla al completo, aprovechando los mecanismos creados para que poder hacer realidad nuestros objetivos. En esta tarea estaremos y por ello trabajaremos.
P.: ¿Qué medidas proponen para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, especialmente, de la Atención Primaria?
R.: Nuestro objetivo es consolidar las políticas sanitarias que se han promovido desde el Gobierno del Presidente Sánchez, y continuar con el refuerzo del Sistema Nacional de Salud.
Estos años de Gobierno socialista se han caracterizado por el aumento del gasto sanitario público. Queremos que ese compromiso sea compartido por todas las Comunidades Autónomas. Para los y las socialistas la Atención Primaria es fundamental como primer nivel asistencial y como eje vertebrador del sistema.
Antes de la situación generada por la crisis sanitaria del COVID-19, éramos muy conscientes de la necesidad de su actualización y refuerzo. Por eso, ya aprobamos en 2019 el Marco Estratégico de la Atención Primaria y posteriormente un Plan de Acción para los años 2022-2023. Lo que ha supuesto una financiación distribuida a las Comunidades Autónomas, de más de 1.000 millones de euros, entre los que destacan 493,87 millones de euros, para la construcción y renovación de los centros de salud y consultorios.
Estamos convencidos de que ese es el camino por el que tenemos que continuar, y por ello, proponemos acordar con las Comunidades Autónomas la fijación de una inversión mínima en atención primaria del 25%.
Seguimos con el compromiso de aprobar la Ley de Equidad, para consolidar la universalidad y la cohesión del sistema público, y establecer las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios.
En 2012 se incrementaron los copagos farmacéuticos, lo que implicó que algunas personas tuvieran problemas económicos para retirar sus medicamentos. El Gobierno en el 2021 suprimió los copagos farmacéuticos a personas con dificultades económicas, como pensionistas con rentas bajas. Los y las socialistas nos comprometemos a seguir revisando estos copagos para rentas menores de 18.000 euros.
Además, nuestro proyecto mira al futuro del sistema y quiere innovar para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, como el cáncer, enfermedades raras, etc. Por eso, queremos avanzar en la cartera de diagnóstico genómico.
Somos conscientes del impacto del aumento de la longevidad sobre el SNS. Un 73% de las personas mayores de 65 años tiene una enfermedad crónica. Por eso, vamos a fomentar la excelencia en los cuidados de los pacientes con enfermedades crónicas y en situación compleja, mejorando la continuidad asistencial y la orientación al autocuidado y la recuperación. Vamos a dar apoyo económico a las pacientes electrodependientes.
Queremos avanzar hacia un sistema que ponga en el centro la prevención de las enfermedades, para que la promoción de la salud esté presente en todo el ciclo vital. Proponemos un Plan Nacional para la Promoción de la Salud, donde las entidades locales sean las protagonistas.
Queremos seguir centrando nuestras políticas sanitarias en la mejora de la atención a la salud mental de las personas y la prevención de la conducta suicida. Vamos a proponer un Pacto por la Salud Mental, porque queremos establecer garantías de tiempo máximo de espera en la asistencia y fomentar iniciativas comunitarias para la prevención de la soledad, entre otras medidas.
Queremos garantizar la interoperabilidad de la historia clínica de los pacientes, para que sean los datos los que se muevan y no las personas.
Queremos seguir dando impulso a la atención a la salud bucodental, para la que hemos destinado 112 millones de euros desde el Gobierno. Ahora promoveremos esa incorporación progresiva de servicios odontológicos, continuando por las personas mayores y pensionistas.
P.: ¿Cómo piensan reducir las listas de espera en la sanidad pública y resolver el problema de falta de profesionales médicos y enfermeros?
R.: La crisis sanitaria derivada del COVID-19, sometió al sistema a un estrés sin precedentes. Demostró que el sistema sanitario se había visto debilitado por las políticas de gobiernos anteriores, basadas en austeridad y recortes. A esta situación se añadió la presión asistencial, lo que ha supuesto un retraso en la realización de pruebas y procedimientos, el descenso del número de pacientes tratados y un aumento considerable del tiempo de acceso a la atención médica.
Queremos seguir apostando por el funcionamiento óptimo del Sistema Nacional de Salud y por mejorar la atención sanitaria y garantizar su gran calidad.
Vamos a proponer un Pacto por la Sanidad, que incluirá medidas para las listas de espera y en favor de los profesionales sanitarios. Nuestra intención para acabar con la lacra de las listas de espera, es establecer por ley unos tiempos máximos de espera en el SNS de 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas, y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia del ciudadano o ciudadana.
Las y los profesionales sanitarios son uno de los principales activos del sistema, y muchos se encontraban en situaciones laborales de gran temporalidad. En estos años de gobierno, hemos aprobado las normas que han permitido estabilizar a muchos de ellos y de ellas. Queremos seguir avanzando con medidas normativas que garanticen y mejoren sus condiciones laborales.
Desde que los y las socialistas gobernamos hemos recuperado la política de planificación de los recursos humanos. Se han incrementado sistemáticamente las plazas de formación sanitaria especializada, llegando a una cifra histórica. Esta cifra incluye el aumento de plazas de médicos especialistas, que se ha hecho de manera planificada.
Esto era una política abandonada por el PP, cuya solución fueron recortes de plazas, concretamente MIR (609 plazas menos entre los años 2012-2015).
Por lo tanto, la falta de profesionales es consecuencia en gran medida de su falta de planificación. Hasta 2018 en España, eran más las personas que se graduaron en las facultades, que las plazas ofertadas.
Hemos apostado también por aumentar las plazas públicas de las universidades de medicina y queremos seguir aumentando las plazas del grado de enfermería.
Y para disponer de más profesionales, el Gobierno ha aprobado la jubilación activa mejorada para médicos de familia y pediatras, y queremos seguir incidiendo en esta materia.
P.: ¿Qué política concreta plantean para acabar con el problema de la soledad no deseada en España?
R.: Esta es una realidad que cada vez está más presente en nuestro país, y que constituye un problema global que puede afectar a personas diversas de cualquier edad, sexo y origen: un cambio de residencia, la pérdida de un ser querido, la no-aceptación entre el grupo de iguales, la pérdida del empleo o de ingresos, la falta de círculos y redes familiares y comunitarias, situaciones de violencia o discriminación son algunas circunstancias que pueden desencadenar la soledad no deseada. Sabemos que afecta especialmente a mujeres mayores y a jóvenes, a su bienestar social y emocional, se vincula con hábitos poco saludables, una percepción de inseguridad y el deterioro de las relaciones sociales, que termina repercutiendo en la salud física y mental.
Nos hace falta ampliar su conocimiento, implicar a los profesionales y a toda la sociedad en la solución, por ello queremos impulsar una Estrategia Nacional que coordine acciones y promueva el reconocimiento de este problema social como una de las grandes asignaturas de protección de la que deben ocuparse nuestras administraciones públicas.
PREGUNTAS DE CARLOS SAN JUAN
PREGUNTA: Si gobiernan, ¿piensan seguir adelante con la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero?
RESPUESTA: Por supuesto. Nuestra intención es que quede aprobada al inicio de la legislatura. Para nosotros es una ley fundamental para reforzar la protección de los clientes financieros. Con ella garantizaremos, entre otras cosas, la inclusión financiera a través de la atención personalizada, particularmente a las personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación.
P.: ¿Tienen un plan ante el cierre de sucursales bancarias para garantizar el servicio financiero y la atención a las personas mayores?
R.: En febrero de 2022 se firmó una actualización del Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, suscrito el 23 de julio de 2021, que incluye nuevas medidas para garantizar la atención personalizada de los ciudadanos, especialmente las personas mayores, de forma que dispongan de servicios bancarios adaptados a sus necesidades. Además, el pasado octubre de 2022, el Gobierno acordó con las patronales bancarias la prestación de servicios financieros presenciales en todos los municipios españoles: para aquellos municipios de más de 500 habitantes, un total de 243 municipios, en los que habita el 0,45% de la población, unas 211.000 personas, se dispondrá de al menos un punto de acceso a través de las modalidades de oficina bancaria, cajero automático, oficinas móviles y/o agentes financieros. Para aquellos municipios de menos de 500 habitantes sin punto de acceso a servicios financieros, un total de 2.987 municipios en los que vive el 0,99% de la población, en torno a 446.000 personas, se garantiza la provisión de servicios bancarios básicos, incluyendo el acceso al efectivo. Las entidades disponen de un plazo de seis meses, ampliables en otros seis más, para para garantizar su puesta en marcha.
Además, nuestro compromiso con la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y con la aprobación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, garantizarán una atención personalizada específica a personas vulnerables o en riesgo de exclusión financiera.
P.: ¿Contemplan una Secretaría General o una Dirección General específica para los asuntos relacionados con las personas mayores a la que podamos dirigirnos?
R.: Como saben, en estos momentos es el IMSERSO, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el organismo del Gobierno que se ocupa del área de personas mayores y tiene el rango de Dirección General dentro del Ministerio de Derechos Sociales, en este sentido seguiremos apoyando su continuidad, lo que no nos exime de posibles cambios que ayuden a mejorar las políticas destinadas a las personas mayores.
