El blindaje de las pensiones o la ley del Cliente Financiero: medidas en standby tras el 23J

España, tras las urnas: Bienvenidos al reino de la incertidumbre

Feijóo empezará de inmediato las conversaciones para la investidura: hablará con Vox y más partidos

Pedro Sánchez no contempla la repetición de elecciones

El nuevo mapa que se abre tras los resultados de las elecciones del 23J, en el que ninguno de los grandes bloques suma mayoría absoluta, vuelve a llevar a España a un futuro incierto. La victoria por la mínima del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo y la caída de Vox, no son suficientes para Gobernar, mientras que el socialista Pedro Sánchez dependerá de una complicada negociación con los partidos independentistas para llegar a la Moncloa. "Un reino de la incertidumbre", tal como recordaba el presidente de 65YMÁS Fernando Ónega en su editorial de este lunes, que podría llevar al bloqueo, e incluso a la repetición electoral en diciembre.

Por el momento, lo único claro es que la complicada aritmética y la posibilidad de que la formación de un Gobierno se retrase, hará que se queden en el aire numerosas medidas pendientes de resolver. Entre las que más afectan a los sénior destaca la reforma de la jubilación parcial o la Ley del Cliente Financiero, paralizadas tras el adelanto electoral. Todo ello después de que otro de los asuntos pendientes de la reforma de las pensiones, los nuevos planes de pensiones de empleo, entrasen en vigor in extremis el viernes 21 de julio dos días antes de la cita electoral. También queda en el aire, si finalmente se consumará el blindaje de las pensiones en la Constitución prometido por Pedro Sánchez en campaña.

Reforma de la jubilación parcial

Uno de los grandes desafíos que queda pendiente dentro de la agenda de la Seguridad Social es la reforma de la jubilación parcial planteada por el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá para mejorar la compatibilidad entre pensión y trabajo. El objetivo de la medida que se encontraba entre uno de los últimos retos en materia de pensiones, sería el de crear fórmulas más flexibles que las actuales, preservar la calidad del empleo de los relevistas, y equilibrar el coste que esta modalidad de pensión tiene para la Seguridad Social. Pero pese a que los sindicatos reclamaban que se resolviese antes de la próxima legislatura, esta reforma no se ha llegado a completar, tal como confirman fuentes del ministerio. 

Ahora mismo, la jubilación activa puede iniciarse después de los 60 años para compaginar el retiro con un contrato de trabajo a tiempo parcial y puede estar vinculada o no a un contrato de relevo celebrado con un trabajador en situación de desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada. Pero queda el desafío está en dotarla de más flexibilidad tanto para la salida anticipada de la empresa, como para el alargamiento voluntario de la edad de jubilación efectiva.

CRONOLOGÍA DE LA REFORMA DE PENSIONES DEL GOBIERNO SÁNCHEZ

Mejora de la jubilación activa

Otro reto pendiente de la reforma de las pensiones de Escrivá es mejorar la jubilación activa, que también se pretende flexibilizar. Se trata de una modalidad usada sobre todo por los autónomos, que además tienen el aliciente de que pueden cobrar el 100% de la pensión si contratan al menos a un empleado y obtener rentas salariales ilimitadas. Al resto de trabajadores, esta fórmula les faculta a cobrar tan solo el 50% de la pensión, por lo que el Gobierno de Sánchez planteó negociar una mejora.

Esta clase de jubilación, según los expertos, beneficia a quien no se quiere jubilar llegada la edad legal – endurecida este 2023–, y también a la Seguridad Social, que así puede ahorrarse dinero retrasando el momento del desembolso total de la prestación, mientras a la vez continúa obteniendo parte de ingresos por cotizaciones de ese trabajador. Una de las causas de su poca aceptación es el desconocimiento entre los trabajadores, ya que la propia Seguridad Social no publicita esta figura, ni tampoco informa, por ejemplo, sobre cuántas altas de estas jubilaciones se producen mensual o trimestralmente. Aspectos que aún deben negociarse en la Mesa de Diálogo Social.

Hacer pública la Auditoría Seguridad Social

Respecto a uno de los asuntos pendientes que más reivindica el movimiento de pensionistas está hacer públicos los resultados de la Auditoría de Cuentas de la Seguridad Social. Según la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, el Gobierno, "en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social".

Además, la norma fija que "dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos". Es decir, el plazo para finalizar la auditoría expiró en julio de 2022, pese a lo cual, un año después, no se conoce el resultado de tal auditoría. Sin embargo, las últimas noticias sobre la auditoría las ofreció el ministro Escrivá, que en su última comparecencia ante el Pacto de Toledo entregó a la comisión un informe sobre las cuentas de la Seguridad Social, pero cuyo contenido no se ha dado a conocer. Fuentes del Ministerio señalan a 65YMÁS que la publicación del informe corresponde al Pacto de Toledo, no al ministerio. 

MEDIDAS PENDIENTES DE LA REFORMA DE PENSIONES

Puesta en marcha de una Agencia Estatal de la Seguridad Social

El próximo gobierno tendrá también que poner en marcha la Agencia Estatal de la Seguridad Social.  Al igual que sucede con la auditoría, la Ley de reforma de las pensiones también obliga a crear la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social. Así lo contempla la Disposición final tercera: "En el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará un proyecto de ley para dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, relativa a la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social".

El texto especifica que esta agencia garantiza la "simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia del sistema de Seguridad Social, y preservando los principios de solidaridad, igualdad en el trato y equidad entre generaciones que informan dicho sistema. Todo ello con el objeto de asegurar el actual nivel de prestaciones públicas del régimen de reparto en el que se fundamenta nuestra Seguridad Social medido por su tasa de reemplazo".

Ley del Cliente Financiero

Otra de las leyes de calado que se ha quedado sin ver la luz es el proyecto de Ley de creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Pese a que se aprobó en Consejo de Ministros a finales de 2022, se quedó paralizada en el Senado por el anticipo electoral. La ley consistía en la creación de una nueva agencia de supervisión que venía a unificar los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias, además de garantizar la atención presencial para colectivos vulnerables como los mayores de 65 años, reivindicación impulsada por el médico jubilado y promotor de la campaña 'Soy Mayor, no idiota', Carlos San Juan.

De hecho, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, llegó a decir que este organismo era "muy esperado" y había conllevado "mucho trabajo" con diferentes ministerios, la industria, asociaciones de clientes financieros, así como asociaciones de mayores. Según la ley, la medida tendría que aplicarse a bancos, aseguradoras y gestoras de inversión. Su papel será clave para acabar contra la indefensión de los clientes financieros: será gratuito, sus dictámenes se emitirán en un plazo máximo de 90 días naturales y, sobre todo, porque sus resoluciones serán vinculantes, cosa que ahora no ocurría.

Ley de Atención al Cliente o más medidas sobre los precios del alquiler

En la misma línea se han pronunciado las asociaciones de consumidores en cuanto a normas que afectan a los usuarios telefónicos y de otros servicios. "Hay normas que se han quedado pendientes que no se pudieron aprobar, como la Ley de Servicios de Atención al Cliente y la figura del defensor del cliente financiero –ancladas en el Senado–, que habrá que retomar", señalaba este lunes en declaraciones el portavoz de FACUA (@FACUA) Rubén Sánchez, tras la celebración de los comicios.

FACUA también reclama al nuevo Gobierno "priorizar especialmente en las actuaciones en materia de vivienda". "Hay que seguir avanzando en la regulación de la vivienda, se ha adoptado un paso importante con la Ley de Vivienda pero se quedó corto, el Gobierno tiene que seguir avanzando en proteger a los usuarios a nivel estatal, hagan lo que hagan las comunidades autónomas en materia de precios de alquiler", ha dicho Sánchez

En la misma línea, CECU (@CECUconsumo) ha pedido al próximo Ejecutivo que aborde los "problemas" de acceso a la vivienda, la subida de las hipotecas, la regulación del precio de los alimentos y la energía, "especialmente para seguir avanzando en la transición verde para afrontar la crisis climática sin dejar a nadie atrás"

¿Qué pasará con el compromiso de blindaje constitucional de las pensiones de Sánchez?

Y por último, la promesa de blindar el poder adquisitivo de las pensiones con un cambio constitucional, que formaba parte del programa electoral del PSOE, permanece pendiente de saber si los socialistas conseguirán revalidar su mandato. El cambio constitucional, al que volvió a hacer referencia Sánchez durante el debate a 3 de RTVE, supondría declarar las pensiones como derecho inalienable de los españoles independientemente del color del gobierno que esté en el Ejecutivo.

Se trata de una reivindicación histórica de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP @merp_org), que lleva años pidiendo que los pensionistas, y la sociedad en general, tengan garantizadas unas pensiones públicas dignas sin perder poder adquisitivo. "Es imprescindible blindar las pensiones en la Constitución", insiste Maribel Mesón, miembro de la portavocía de la MERP, para quien "todas las medidas que degradan las pensiones públicas tienen como fin su privatización", quien insiste en que es preciso introducir ese cambio en la Constitución española, para que la pensión sea reconocida como "un derecho fundamental, para que ningún gobierno las pueda suprimir, recortar o privatizar".