¿En qué afecta que no haya Presupuestos 2024?: ayudas, impuestos y gasto en Dependencia, en el aire

¿Qué sucede con la subida de pensiones al no haber nuevos Presupuestos Generales de 2024?

Nuevo revés para el Defensor del Cliente Financiero: sin Presupuestos podría sufrir más retrasos

Impuestos afectados por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado

 

Terremoto político. La convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña, ha provocado una cascada de reacciones en cadena, entre las que destaca la decisión del Gobierno central del renunciar a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2024, para centrarse en los de 2025. La ausencia definitiva de Presupuestos para 2024 hará que las cuentas de 2023, prorrogadas el 27 de diciembre del año pasado, permanezcan en vigor también este año. Un escenario que no es nuevo para España, ni para Sánchez que ya ha gestionado las cuentas prorrogadas de 2018 hasta 2021. Pero lo cierto es que 2024 tiene ciertas particularidades. 

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, consideraba hace unos días que los Presupuestos de 2024, –en los que ya estaban negociando ministerio de Hacienda, Economía o Trabajo en paralelo a los de 2025–, serían uno de los "más importantes" al ser los primeros que incluirán las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, y que obligarían a realizar un ajuste de hasta 7.000 millones de euros. Con todo, España se había comprometido a acometer un ajuste fiscal para reducir el déficit hasta el 3% del PIB y tendrá que hacerlo sin cuentas públicas, y suprimiendo los pequeños ajustes en ciertas partidas que tenía previstos en su Plan Presupuestario 2024. La renuncia a los Presupuestos de 2024 supone además que Hacienda tendrá que aclarar cómo va a presupuestar los 9.905 millones de fondos europeos previstos para este año, según se había avanzado en la presentación del techo de gasto – fijado en los 199.120 millones de euros, un 0,5% más que en 2023–, que todo apunta a que tampoco se cumplirá.

Plan Presupuestario 2024:

Medidas que decaerán

Varias partidas y, sobre todo, medidas que iban a ser aprobadas en esta legislatura y necesitaban de nueva asignación presupuestaria como las presentes en el programa electoral o los compromisos de Pedro Sánchez con sus socios para lograr la investidura, podrían ver alterados sus planes, así como el reparto a las comunidades autónomas, según los expertos consultados. Con la ausencia de presupuestos para este año decaerán medidas estrella del Ejecutivo como el nuevo impuesto permanente a las energéticas y a la banca; las inversiones vinculadas a buena parte de los fondos europeos; o la Ley ELA aprobada recientemente por el Congreso. También se mantiene en duda qué ocurrirá con la figura del Defensor del Cliente Financiero, tan importante para la atención presencial de los mayores o cómo se repartirán las partidas de Dependencia o Sanidad. Sin embargo, la revalorización de las pensiones está garantizada. 

De ahí que los expertos llaman a la calma, sobre todo a pensionistas y funcionarios, pero invitan a seguir de cerca qué ocurrirá con el resto de partidas, sobre todo las sociales. "La prórroga no va a suponer demasiadas novedades en ciertas partidas como las pensiones, que ya están comprometidas, pero sí limita la capacidad del Gobierno de desarrollar su programa, por lo que puede afectar a medidas sociales relacionadas con mayores", opina el politólogo y profesor de la Carlos III de Madrid (@uc3m), Javier Lorenzo (@javilor). "La prórroga no supone en sí mismo un problema profundo para la economía, ya que siempre lleva consigo un conjunto de decretos en los que se desarrollan los ajustes de las cuentas. Ahora, habrá que ver cómo reajustan cada ministerio sus partidas ya asignadas".

En la misma línea opina el economista José Carlos Díez (@josecdiez): "Solo se pueden subir las pensiones y el sueldo de los funcionarios. El resto de partidas de gasto quedan congeladas, pero deben tener aún no gastado del año anterior. Esto permite al Gobierno hacer el ajuste que le exige Bruselas sin necesidad de negociar acuerdos con sus socios", apunta. Sin embargo, según José Antonio Herce (@_Herce), doctor en Economía patrono de la Fundación AGE y socio fundador de LoRIS Retirement, la prorroga de los presupuestos sí podría llevar consigo un aumento de la deuda. "El Gobierno ya sacará los recursos que necesite mediante deuda y/o recortes en otras partidas".

Revalorización de las pensiones, garantizada

La renuncia de Pedro Sánchez a aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio no afectará en nada al incremento de la cuantía de las pensiones, según confirman a 65YMÁS varios economistas. La subida de las pensiones para 2024, tanto las contributivas como las no contributivas, ya está aprobada, completamente en vigor, y los casi 12 millones de pensionistas existentes en España llevan dos meses cobrando sus nóminas con la revalorización acordada. 

Así pues, los jubilados y resto de pensionistas de la Seguridad Social seguirán percibiendo el aumento del 3,8% general, tal como vienen haciéndolo desde enero. Por su parte, quienes cobran pensiones mínimas continuarán con su 6,9% de revalorización, tal como sucede desde el primer mes del año. Del mismo modo, el casi medio millón de personas que reciben una pensión no contributiva seguirán cobrando el alza del 6,9%, lo que sitúa sus ingresos en 7.250,6 euros al año. Las pagas de viudedad con cargas familiares mantendrán su actual 14,1% de incremento, ya que desde comienzos de año se han equiparado a las mínimas de jubilación con cónyuge a cargo.

Otra medida que afecta a las pensiones, y que, pese a no existir nuevos PGE, permanecerá efectiva durante todo este año, es la pensión máxima de 3.175,04 euros mensuales (o lo que es lo mismo, 44.450,56 euros anuales), conforme a lo establecido en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, en los artículos 57 y 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

 

El MEI seguirá llenando la 'hucha' de pensiones

Aunque no existan nuevos Presupuestos, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como hucha de las pensiones, continuará nutriéndose según lo previsto en la Ley de reforma de 2021, a base de contribuciones procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En concreto, para el ejercicio 2024, la cotización que se paga cada mes por el MEI es de 0,7 puntos porcentuales, que se reparten entre la empresa y el trabajador, de la siguiente manera: el 0,58% ya corre a cargo de la empresa, mientras que el 0,12% se descuenta de la nómina de los asalariados.

De acuerdo con los cálculos del secretario de Estado de Pensiones, Borja Suárez Corujo, la hucha aumentará hasta alcanzar cerca 9.100 millones de euros en 2024, frente a los 6.098 millones que acumula actualmente. Así lo afirmó recientemente, a través de un mensaje en su red social X (anteriormente, llamada Twitter), tras una reunión mantenida con el Comité de Gestión del Fondo de Reserva.

Sin embargo, queda en suspenso la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social a los nacionalistas vascos prometida por el PSOE en el pacto de investidura, y un marco propio de relaciones laborales para que tengan prevalencia los convenios autonómicos sobre los estatales. Con la prórroga de los PGE, esta tranferencia de la gestión quedaría en suspenso, según los expertos consultados.

Subida salarial de los funcionarios y su jubilación parcial

Una de las medidas de mayor interés que se iba a incluir en las nuevas cuentas públicas era la subida del salario de los funcionarios, que se haría cuando se aprobasen los PGE de 2024. Comisiones Obreras (@CCOO) y UGT (@UGT_Comunica) han reclamado este jueves al Gobierno que cumpla con todos los compromisos que adquirió en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI y lleve a su próximo Real Decreto-ley, no sólo la subida retributiva del 2% para los 3,5 millones de funcionarios, sino también otras medidas comprometidas, como la jubilación parcial del personal funcionario y estatutario o la puesta en marcha de la jornada semanal de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE).

El Gobierno ya ha garantizado a los sindicatos la aprobación de la subida salarial del 2% comprometida introduciendo una enmienda, de PSOE y Sumar, en la tramitación parlamentaria del decreto anticrisis. Pero ahora, con la renuncia a presentar los Presupuestos de 2024 por el adelanto de las elecciones en Cataluña, CCOO y UGT emplazan al Gobierno a cumplir con el resto de medidas del acuerdo marco introduciéndolas también en el decreto anticrisis.

Nuevo retraso para el Defensor del Cliente Financiero

La prórroga de los presupuestos puede suponer un nuevo revés para el Defensor del Cliente Financiero, que en estos momentos se encuentra en trámite parlamentario. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa quiere que esté en funcionamiento cuanto antes. Así, se acordó su tramitación urgente para acortar los plazos en su paso por las cámaras legislativas. Y aunque el objetivo del Gobierno es que la nueva Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero sea financiada por las propias entidades (bancos, aseguradoras y gestoras), el funcionamiento efectivo del nuevo organismo “se condiciona” a que cuente con una dotación presupuestaria propia en los Presupuestos Generales del Estado.

El Defensor del Cliente Financiero cobrará a cada entidad financiera una tasa anual que será variable y dependerá del número de reclamaciones que generen y del grado de resoluciones perdidas, de tal forma que pagarán más aquellas entidades que más quejas fundadas reciban. Así, el Ejecutivo pretende "asegurar la correcta financiación para que el organismo esté dotado de los medios necesarios, así como cumplir con la finalidad de ser disuasorio de las malas prácticas de la banca". Ahora bien, esa tasa anual que la banca tendrá que pagar llegará a posteriori, lo que hace necesario que el nuevo organismo requiera de una partida presupuestaria propia recogida en los PGE para echar a andar. Ahora, podría darse la situación de que se apruebe la figura del Defensor en los próximos meses, pero no pueda ponerse en marcha hasta la aprobación de presupuestos para 2025.

Dependencia, sin el aumento esperado de financiación

En las últimas semanas Sumar había reclamado al Gobierno un aumento de la inversión de la administración pública en Dependencia hasta llegar al 50% de financiación, en línea con lo pactado en el acuerdo para la investidura y ahora, según los expertos consultados, la situación es "de máxima incertidumbre", según nos cuenta Jesús Cabrera, responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), quienes han pedido una reunión urgente con el Ministerio de Derechos Sociales para que explique cómo va a repartir el presupuesto. Y recuerda que en los últimos años, ésta partida se había duplicado, llegando en 2023 a los 3.522 millones de euros.

Todo apunta a que la ausencia de nuevos presupuestos, lastrará aún más la Ley de Dependencia, cuyo aumento de partidas para su financiación, queda de nuevo en el aire. Desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (@CEDDD_) lamentan "la oportunidad perdida" de aumentar su inversión y recuerdan que todavía hay cerca de 300.000 personas en situación de desatención. "No podemos esperar al fin de la legislatura para atender estas cuestiones, como pretende el ministro Bustinduy, porque estamos hablando de la vida de las personas y tal y como está planteado el sistema actualmente, no permite un acceso igualitario a las ayudas", ha indicado la vicepresidenta de CEDDD, Mar Ugarte. 

En este sentido, las asociaciones reiteran la necesidad de un Pacto de Estado por la Dependencia, y reformular el sistema desde un punto de vista nacional, de forma que se pueda garantizar la prestación de las ayudas en igualdad de condiciones, y de simplificar las fórmulas de solicitud de ayudas, para facilitar su acceso a las personas que lo necesiten. Insisten además en la necesidad de elevar al 2% del PIB la inversión estatal destinada a la Dependencia como única vía para garantizar la prestación de un servicio de calidad. La consecuencia es que cada 13 minutos fallece en España una persona en las listas de espera de la dependencia.

El refuerzo de la Sanidad, por confirmar

En el ámbito sanitario, la prórroga de los Presupuestos supone dejar a un lado el nuevo plan financiero del Gobierno de Pedro Sánchez y algunas medidas prometidas en campaña, como la incorporación de algunas servicios bucodentales en el sistema empezando por los mayores de 75 años. Además, aseguraba que implementaría un Plan Nacional Anticaídas para prevenir las más de 250.000 caídas al año de personas mayores, aún por definir.

No obstante, el compromiso de fortalecer la Atención Primaria en todo el país, incrementando la cartera de servicios y prestaciones, quedó reflejada en la orden para la tramitación de los PGE que el Consejo de Ministros aprobó a finales del pasado año. En octubre, el Gobierno ya remitió a Bruselas un informe con la proyección de ingresos y gastos en el que apostaba por la “prudencia” y mantenía la inversión en sanidad en el 6,7% del PIB. Así, la partida sanitaria de los PGE 2023 llegaba hasta los 7.049 millones de euros, cantidad que se prorrogaría.

La suspensión de los presupuestos de 2024 no afectará, a priori, al aumento de sueldo del 2% previsto para médicos, enfermeros y demás trabajadores públicos, blindado en el decreto ‘anticrisis’. Aún así, los sindicatos CCOO y UGT recuerdan que es "fundamental el cumplimiento de las subidas salariales comprometidas en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI a pesar de que vayamos a tener unos presupuestos prorrogados", señala Rosa Cuadrado, responsable de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (@fssccoo). En cualquier caso, serán las administraciones autonómicas las que deban aplicar la subida.

El nuevo modelo de residencias no acaba de despegar

Este 2024 estaba llamado a ser un año decisivo para las residencias. Tras más de un año y medio desde que se aprobó el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, también conocido como 'nuevo modelo de residencias' era el momento de pasar a la acción. Esta ley ponía sobre la mesa un nuevo modelo de cuidados, que aboga por la atención domiciliaria y el fin a las macro residencias. Invita a crear espacios más hogareños, con unidades de convivencia que no superen las 15 personas, así como más personal y más habitaciones individuales. Pero tal como denuncian desde la Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia), para ello hace falta de personal -sobre todo de Enfermería- y "más financiación", una reclamación que se ve frustrada con la suspensión de nuevos PGE.

También desde la patronal de Dependencia Círculo Empresarial de la Atención a Personas (CEAPs (@cea_ps) recuerdan la necesidad de destinar el 2% del PIB para la financiación de los cuidados de larga duración y la apuesta por la atención no solo a las personas en situación de dependencia sino a todo su entorno. "Tenemos que conseguir que se elabore un sistema alternativo para que el cuidado en el entorno familiar sea una elección y no una obligación", ha apuntado Pascual. Además, tal como recuerdan desde la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias (@La_Plataforma_1), no todas las comunidades estarían avanzando al mismo ritmo en su implementación.

Salario mínimo y bono social, pendientes del IRPF e IPREM

También está a la espera una eventual revalorización del indicador público de renta a efectos múltiples (Iprem), que sirve para calcular diferentes ayudas y prestaciones –  y que actualmente está en 600 euros–, como puede ser el Ingreso Mínimo Vital o los bonos sociales eléctrico y térmico. Recordemos que estos últimos los pueden solicitar pensionistas de rentas bajas. Las cuentas también dependen del nuevo ajuste del IRPF para evitar que quienes cobren el salario mínimo o menos, tengan que pagar el impuesto.

Después de subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.134 euros mensuales por catorce pagas (15.876 euros anuales), el Gobierno anunció un incremento en el mínimo exento del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2024 desde los 15.000 euros hasta los 15.876 euros, con el objetivo de actualizarlo al nuevo SMI. Según el propio Ministerio de Hacienda, la subida del salario mínimo obliga a revisar la regulación de la renta, para evitar que estos contribuyentes soporten retención o ingreso a cuenta. Ahora bien, este cambio sobre las retenciones en el IRPF implicaba modificar la normativa del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

 

La incógnita de los impuestos a la banca y energéticas

Otro de los impuestos afectados son los que afectan a la reforma de los impuestos a la banca y energéticas. Consolidar su carácter permanente era uno de los puntos clave del acuerdo de investidura entre Sumar y PSOE que se iban a canalizar a través de los Presupuestos Generales del Estado. No peligra el impuesto en sí este año, que tanto las compañías energéticas, como la banca, tendrán que pagar en 2024, como ya lo hicieran el año pasado, por un importe de unos 2.900 millones de euros. El motivo es que dicho impuesto se incluía en el real decreto de medidas anticrisis aprobado el pasado mes de enero.

Ahora bien, el Gobierno pretendía convertir en permanentes estos impuestos a través de los PGE de 2024. Sin presupuestos, el ejecutivo tendrá que renunciar a esa idea o bien buscar otra fórmula a lo largo del año. Del que nada se sabía, por ahora, era del impuesto bancario más allá de los primeros contactos que el Ejecutivo mantenía ya con representantes del sector financiero para tratar de configurar un impuesto con el que Sumar no estaba dispuesto a ceder en recortarlo. Por ahora, ambas figuras permanecen prorrogadas. Esto es, las compañías tendrán que abonarlas como ya lo hicieron el año pasado, lo que no está claro si acabará repercutiendo en los clientes.

Fondos europeos, transporte o vivienda social, en el aire

La falta de presupuestos pone en entredicho también el despliegue de los fondos europeos de recuperación, que deberán estar ejecutados por completo en agosto de 2026. Las cuentas públicas son el principal vehículo de ejecución de los fondos europeos y son el marco para poder desplegar los préstamos del plan de recuperación, que comenzarán a recibirse este año.

Como consecuencia numerosas inversiones que el Ejecutivo quería poner en marcha; muchas de ellas vinculadas a los acuerdos de legislatura como el desarrollo de líneas AVE, la ampliación de carreteras o la transferencia efectiva de competencias como Rodalies a Cataluña o Cercanías al País Vasco, tendrán un camino complicado. Queda en el aire también la puesta en marcha de miles de viviendas sociales para amortiguar los elevados precios del alquiler.

También quedan congeladas las previsiones de convocar nuevos procesos de oposición pública, más allá de los que ya se encuentran en marcha, a a la espera de unas nuevas cuentas públicas. Otra de las medidas, la futura aprobación de la Ley en apoyo a los enfermos de ELA, también se mantiene congelada. Aunque la norma sea aprobada, sin financiación, no será posible aplicarla, así como el aumento de los permisos de paternidad de las actuales 16 semanas a 20 semanas.