Compromisos económicos de Sánchez con los sénior: llenar la hucha de las pensiones y frenar su paro

Medidas de Sánchez para "blindar la vida de los mayores": pensiones, dependencia y listas de espera

 

Arranca una nueva legislatura –con Pedro Sánchez elegido por tercera vez como presidente este jueves en el Congreso de los Diputados con el apoyo de 179 escaños– y con ella, las promesas hechas durante la campaña electoral 23J y en los acuerdos de investidura se convierten ahora en compromisos, que el tiempo dirá si se cumplen. Más allá de las relacionadas con la amnistía o las medidas autonómicas pactadas con los independentistas o partidos nacionalistas que han centrado gran parte del debate, Sánchez se ha comprometido a numerosas medidas económicas para la próxima legislatura.

Entre ellas destaca la reforma del Estatuto de los Trabajadores para que el salario mínimo interprofesional (SMI) sea cada año el 60% del salario medio en España, lo que apunta será una de las principales medidas que apruebe el nuevo Gobierno. Pero también otras muchas que afectan a los sénior, como la revalorización de las pensiones con el IPC, un plan de choque contra el paro de larga duración de mayores de 45 años o la promesa de fortalecer el fondo de pensiones anualmente con 5.000 millones más, presentes en sus acuerdos de investidura, fundamentalmente con Sumar. También el compromiso de aprobar la figura del Defensor del Cliente Financiero, impulsado por el jubilado Carlos San Juan para mejorar la inclusión financiera de los mayores.

Fortalecer la 'hucha' de las pensiones con 5.000 euros anuales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se ha comprometido durante su discurso de investidura a destinar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social – conocido como la 'hucha de las pensiones– 5.000 millones de euros cada año "para que los trabajadores de hoy tengan pensiones dignas cuando se retiren en la edad de jubilación" siguiendo la recomendación del Pacto de Toledo. Esto supone, como ya prometió en campaña electoral, nutrir con aproximadamente 20.000 millones de euros el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para que ésta alcance los 45.000 millones de euros en el año 2030.

Estos fondos procederán del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que este año ya ha permitido dotar a la hucha de las pensiones de más de 3.000 millones de euros adicionales. El  MEI, que entró en vigor el 1 de enero de este año, consiste en una cotización adicional que en la actualidad es del 0,6%, pero que subirá progresivamente hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año, siendo un punto porcentual a cargo de la empresa y los 0,2 puntos restantes a cargo del trabajador. Esta sobrecuota se mantendrá en el 1,2% de 2030 a 2050 y podrá aumentar de manera automática si el gasto en pensiones sobrepasa el 15% del PIB.

Seguridad Social: revalorización de las pensiones y jubilación parcial

En materia de Seguridad Social, el nuevo Gobierno se ha comprometido durante el discurso de investidura a seguir actualizando las pensiones con el IPC. Esto supone, según la reforma de Escrivá – una actualización en torno a un 4% para las contributivas– y a seguir aumentando las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, hasta alcanzar la media europea. Un compromisos presente en el  acuerdo alcanzado con Sumar. También en ese texto figura la promesa de seguir progresando en la eliminación de la brecha de género de las pensiones, incluyendo nuevos mecanismos para reducir dicha brecha que afecta especialmente a las mujeres mayores. 

El texto del acuerdo con Sumar también concretaba que se llevará a cabo una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades a partir de cierta edad, especialmente de la industria manufacturera. Un aspecto que quedó pendiente dentro de la reforma de las pensiones del ministro José Luis Escrivá con la convocatoria anticipada de elecciones.

Lucha contra el paro sénior y reforma de los subsidios por desempleo

El compromiso de avanzar en políticas de pleno empleo "no solo para los jóvenes, sino también para los parados de larga duración de 50 años -los que llevan más de un año sin trabajo-" se incluían entre las 230 medidas que forman parte del acuerdo PSOE-Sumar. La coalición se compromete a impulsar un plan de choque frente al paro de larga duración, atendiendo especialmente a los mayores de 45 años. El texto contempla el despliegue de los servicios garantizados por la Ley de Empleo para que las personas en desempleo de larga duración cuenten con un perfil individualizado a lo largo del año 2024.

Al mismo tiempo, durante la campaña para la investidura las dos formaciones se han comprometido a reformar los subsidios por desempleo, con el objetivo de incentivar la incorporación de los parados al mercado laboral. Según ha trascendido este lunes, uno de los cambios puestos sobre la mesa es que dichos subsidios sean de mayor importe los primeros meses de cobro, para luego descender progresivamente, aunque sin que se vaya a producir una reducción de la cantidad total a percibir por los beneficiarios, algo que tendrá que negociarse con los sindicatos. 

Traspaso de la gestión de las pensiones al País Vasco

Los acuerdos alcanzados por el PSOE con grupos nacionalistas como el PNV incluyen además una vieja reivindicación en cuanto a la gestión de las pensiones: la transferencia, en el plazo de dos años, de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi; un aspecto que está incluido en el Estatuto de Guernica, de 1979, pero que hasta la fecha no se ha materializado.

A falta de conocer los detalles de esta eventual cesión, numerosos expertos ya han dado la voz de alerta, asegurando que esta medida supondría poner en riesgo, incluso romper, la caja única de las pensiones. En este sentido el economista José Carlos Díez (@josecdiez), alerta que el sistema de pensiones en el País Vasco tuvo un déficit en 2022 de 4.000 millones de euros. "Son una de las poblaciones más envejecidas y tiene una ratio de número de cotizantes por jubilado de 1,7, muy inferior a la de Madrid, que con 2,8 de nuevo vuelve a ser el principal contribuidor al sistema, como sucede en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)".

Cuotas reducidas para autónomos

Al mismo tiempo, y para el colectivo de autónomos, PSOE y Sumar se han comprometido a extender la posibilidad de aplicar la cuota reducida (tarifa plana) a la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de la actividad en los que se produzcan caídas de sus ingresos por debajo del SMI, cuando declaren por estimación directa, todo ello sin pérdida de derechos de protección social.

Asimismo, se comprometían a actualizar la representatividad del colectivo de autónomos "mediante un sistema basado en principios democráticos" y a impulsar una ley de participación institucional que regule la presencia de los agentes sociales en los diversos órganos de las administraciones públicas.

SMI, pacto de rentas y reducción jornada laboral

Asimismo, PSOE y Sumar se ha comprometido en su acuerdo de legislatura a la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la convergencia con los países del entorno español. En lo que respecta al SMI, garantizan que seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, estableciéndose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará "acompasado al 60% del salario medio", lo que apunta será una de las primeras medidas que podría aprobar el nuevo Gobierno. 

Al mismo tiempo, los dos socios de Gobierno, anunciaron la aprobación de una jornada máxima legal que se reducirá hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, de manera progresiva: bajará hasta los 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los agentes sociales que evalúe los resultados de esta medida y siga avanzando en la disminución de la jornada legal "teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas". Asimismo, se establecerán garantías para los trabajadores frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral. 

Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y brecha digital

El acuerdo con Sumar también incluye la aprobación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero creada en 2022 "para proteger a la ciudadanía en relación con sus reclamaciones en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera". Además se comprometen a la eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla, asegura el texto. Se trata de una de las medidas que se quedó pendientes de aprobar con la convocatoria anticipada de elecciones del 23J.

La coalición también prometía, en coordinación con el Banco de España, "un plan para evitar la exclusión financiera de algunos colectivos sociales y las consecuencias derivadas del cierre de oficinas y cajeros en los territorios con menor población", que afecta especialmente a los mayores. En este sentido, Sánchez ha anunciado que en esta legislatura van a "continuar simplificando todos los trámites administrativos" y van a "establecer un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía con horarios flexibles y sin cita previa obligatoria para asegurar que la digitalización de los trámites administrativos no genere exclusión de colectivos", entre los que se encuentran muchos mayores afectados por la brecha digital.

Reforma fiscal para las ayudas a la Dependencia

Sánchez se ha comprometido además a aumentar los recursos destinado a al sistema de Dependencia. "Este martes, en el último Consejo de Ministros inyectamos 1.000 millones de euros al Sistema Nacional de Dependencia, a través de las Comunidades Autónomas y vamos a seguir apostando por ese modelo asistencial de mayor calidad y que priorice la atención domiciliaria". Según figura en el acuerdo de investidura de PSOE-Sumar, se aumentará la financiación de la Administración General del Estado hasta que alcance el 50% del total, asegurando que las CCAA mantengan su inversión propia. 

El pacto de legislatura con Sumar también incluye el desarrollo de una reforma fiscal orientada a las familias y coordinada con la política de gasto social. "Para ello mejoraremos los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto", asegura el texto.

Otras medidas

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar contiene muchas otras medidas sociales y económicas. A continuación, resumimos las principales:

Derechos Sociales

• Mejorar los programas de turismo y de termalismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
• Abordar el reto de la soledad no deseada a través de una Estrategia Nacional
• Cartera de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia
• Medidas sociales para combatir el impacto de la guerra en Ucrania
• Mejora del Ingreso Mínimo Vital
• Marco común de Atención Temprana
• Nueva Ley de Familias que reconozca las diferentes modalidades de familia
• Ley de Garantía de la Igualdad de Acceso a los Servicios Sociales
• Incremento progresivo del IPREM
• Reforma en el artículo 49 de la Constitución para suprimir el término "disminuidos"

Sanidad

• Fortalecer la atención primaria
• Acabar con las listas de espera. Tiempos de espera: 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 para consultas externas especializadas y 30 para pruebas complementarias
• Incrementar la cartera de servicios y prestaciones de la Sanidad pública
• Programa específico de ayuda directa para a compra de gafas y lentillas a menores de 18 años
• Asegurar el derecho a la salud mental
• Aumentar las plazas de sanitarios
• Integrar las necesidades de las enfermedades raras

Vivienda

• Aumentar el parque público de vivienda hasta el 20% del total
• Contención de los precios, incluidos los incentivos fiscales y los mecanismos de regulación de los alquileres
• Revisar la regulación de los alojamientos turísticos en zonas tensionadas
• Ampliar hasta la renta media (37.800 euros) el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas
• Consolidar el Bono de Alquiler Joven
• Desarrollar y aplicar la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial
• Trabajar para erradicar el sinhogarismo

Transporte

• Prórroga de los descuentos en los abonos de transporte a todo el año 2024
• Facilitar el acceso al vehículo eléctrico
• Impulsar el transporte ferroviario
• Reducir los vuelos domésticos en rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración inferior a las dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales
• Ampliar y acelerar la ejecución del Corredor Mediterráneo y del Corredor Sagunto-Zaragoza-Bilbao
• Reabrir la línea Zaragoza-Canfranc-Pau
• Ampliar y modernizar la red de Cercanías valenciana y la línea Alicante-Murcia

Política climática

• Reindustrialización mediante la estrategia 'España, Potencia Industrial Verde'
• Plan contra el calor: Centros educativos contra la crisis climática. En el espacio universitario, planes estratégicos y Campus Verdes como parte de la sostenibilidad urbana. En el ámbito de las residencias para personas mayores, plan que garantice espacios de interior y exterior adaptados a las condiciones climáticas.
• Desarrollo de energía renovables asegurando el equilibrio territorial
• Descarbonización en distintos sectores industriales y económicos
• Revisión de los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética
• Reforzar el papel del Instituto de Transición Justa
• Simplificación y agilización de los trámites para la protección e integración ambiental, patrimonial, social y territorial
• Reforma del mercado eléctrico
• Creación del organismo regulador Comisión Nacional de Energía
• Despliegue racional del hidrógeno renovable
• Revisión de la estrategia contra la Pobreza Energética ​​​​​

Igualdad

• Reforzar la lucha contra las violencias machistas
• Blindar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
• Ley integral contra la trata de personas
• Ley contra el Racismo
• Pacto de Estado a favor de los derechos de las personas LGTBI+ y para la erradicación de los discursos de odio y discriminación

Impuestos

• Hacer más progresivo el IRPF e igualar la tributación de las rentas del capital y el trabajo
• Promover un Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal
• Establecer una tributación mínima suficiente en el Impuesto sobre Sociedades
• Revisar los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas
• Impulsar una herramienta personalizada para que cada español sepa exactamente a qué se destinan los impuestos que paga

Administración pública

• Nuevo modelo de financiación autonómica
• Mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado
• Garantizar por ley un tiempo máximo de respuesta en los servicios públicos
• Establecer un tiempo máximo de 30 días para la recepción de prestaciones sociales