El Gobierno aprueba la Ley de Paridad: al menos un 40% de mujeres en sector público y privado

El Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo este martes la Ley de Representación Paritaria, que obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales. La norma, que actualiza otra de 2007, se había aprobado ya en segunda vuelta y remitido al Congreso en la pasada legislatura, pero decayó por la convocatoria de elecciones generales.

"La meritocracia sin paridad no es posible", ha dicho la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, que se estrena así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la defensa de una norma que en el pasado defendió la vicepresidenta Nadia Calviño, en lugar de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero. Alegría ha atribuido este cambio a la modificación de "competencias" en los ministerios en la nueva legislatura.

Redondo ha destacado que la norma es "motivo de esperanza" y ha recalcado que se trata de una ley "justa, eficiente y ambiciosa". También ha recordado que la aprobación de esta ley tiene lugar "en un momento especialmente duro, especialmente oscuro", tras los últimos asesinatos machistas, con cinco mujeres y una niña fallecidas en una semana.

"Creo que esta ley es un motivo de esperanza, es una luz en medio del túnel y, desde luego, también pretende remover ese machismo estructural, ese problema enorme que tiene la sociedad española, como es el machismo estructural. A través de leyes como esta, a través de las leyes de paridad, también removemos esas realidades tan acendradas y tan secularmente instauradas en nuestra sociedad", ha subrayado.

Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha destacado que esta es "la primera ley de este Gobierno de coalición", que camina por "la senda clara de derechos y de igualdad".

"Derechos de unos frente a recortes de otros", ha destacado Alegría, recordando que la primera ley que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero fue la ley contra la violencia machista, mientras que la primera ley que aprobó el gobierno de Aznar fue "una ley que liberalizó el suelo" y la primera que aprobó el gobierno de Rajoy fue "un decreto de recortes para los servicios públicos".

"Con esta ley claramente hacemos un país más justo, un país más igualitario y por tanto un país mejor. Este gobierno saben todos ustedes que es un gobierno feminista y por eso no es casualidad que esta sea la primera ley que aprobamos en nuestro Consejo de Ministros", ha insistido Alegría.

El primer plazo para las empresas del IBEX vence el 30 de junio de 2024

El primer plazo que marca la Ley de Representación Paritaria, en lo que afecta a las empresas del IBEX 35, vencerá el 30 de junio de 2024, fecha en la que deberán contar con un mínimo del 40% de consejeras. Por lo tanto, la ley deberá estar aprobada antes de esa fecha, en menos de siete meses.

El Consejo de Ministros la ha aprobado este martes y da por buenos los dictámenes que los órganos consultivos emitieron en la pasada legislatura y que el texto que se ha aprobado es el mismo al que dio luz verde el anterior Ejecutivo y que decayó por la convocatoria de elecciones. Ahora falta la tramitación parlamentaria en el Congreso y en el Senado para que la norma pueda publicarse en el BOE y entrar en vigor.

"En los consejos de administración de las sociedades más importantes, las sociedades más grandes, la sociedades del IBEX, que van a ser las que den ejemplo, se aplicará esta regla 60-40, por lo tanto, el principio de presencia equilibrada, a partir del 30 de junio de 2024 del próximo año", ha indicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Por su parte, las empresas de más de 500 millones de capitalización bursátil tendrán algo más de tiempo para aplicar esta disposición, hasta el 30 de junio de 2025; y las sociedades cotizadas que no lleguen a los 500 millones de euros de capitalización bursátil, hasta el 30 de junio de 2026.

Actualmente, según señala el Ministerio de Igualdad, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6% en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras).

Con la nueva norma, los consejos de administración de las sociedades cotizadas y de las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores o una cifra de negocios de más de 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones deberán tener una composición acorde con el principio de paridad: el número de mujeres no podrá ser inferior al 40% del total de los miembros del consejo.

Para lograrlo, la norma establece que deberán adaptarse los procesos de selección para asegurar el cumplimiento de esta disposición, debiendo, en caso de empate entre varios candidatos, elegir al del sexo menos representado en el consejo. En el caso de las sociedades cotizadas se establece como infracción grave el incumplimiento de estas previsiones.

En el ámbito político, la nueva norma modifica la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las conocidas como listas cremallera. Es decir, establece que las candidaturas estén integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa, en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares.

También dicta que el Consejo de Ministros también tendrá que cumplir con el principio de representación equilibrada, consistente en que ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% de los puestos en dicho órgano. Este principio se aplicará a la hora de nombrar a las personas titulares de las vicepresidencias y de los ministerios.

En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos, como por ejemplo las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales de cada ministerio, deberán incorporar también este principio en los próximos cinco años. La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal.

Igualmente, el principio de representación equilibrada deberá cumplirse en las juntas de gobierno de los colegios profesionales, que además deberán incluir en su memoria anual el número de miembros desglosados por sexo y, en caso de no alcanzar el porcentaje establecido, aclarar los motivos y las medidas adoptadas para alcanzarlo.

También se deberá cumplir con el principio de representación equilibrada en los tribunales, jurados y órganos colegiados constituidos para otorgar premios o condecoraciones de la Administración General del Estado o entidades integrantes del sector público institucional estatal o cuando sean presididos por representantes de aquellas.