La consejera canaria socialista Carolina Darias será la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, han confirmado fuentes de Moncloa. Darias es la actual responsable de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias (@PresiCan). El Ejecutivo ha destacado de ella que, a sus 54 años, conjuga un perfil técnico con carácter político y que se trata de una mujer del partido. La nueva ministra será la responsable de las administraciones del Estado y, especialmente, de las relaciones con las comunidades autónomas, y tendrá que hacer efectiva la subida del salario de los empleados públicos pendiente de aprobación para el año 2020.
La nueva ministra fue delegada del Gobierno en Canarias entre 2008 y 2011, año en que fue elegida consejera y portavoz del Cabildo de Gran Canaria. En el año 2015 asumió la presidencia del Parlamento de Canarias durante la IX Legislatura y desde julio de 2019 es consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.
Biografía
Darias, nacida en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1965, es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Administración Pública de Canarias.
En el año 1999 fue elegida concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; y desde 2004 al 2008 fue subdelegada del Gobierno en Las Palmas, para posteriormente ser elegida diputada del Parlamento de Canarias para la VII Legislatura, en la que ocupó la Portavocía de Sanidad del Grupo Socialista, hasta que desempeñó el puesto de directora de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Competencias
Su departamento tiene que afrontar la interlocución con las comunidades autónomas en un momento en que muchos gobiernos regionales miran con sospecha las negociaciones que va a iniciar Pedro Sánchez con la Generalitat de Cataluña y la creación de una mesa entre ambos ejecutivos, pactada por el PSOE y ERC.
Para ello, el Gobierno se ha comprometido a institucionalizar la Conferencia de Presidentes de manera que su trabajo tenga continuidad, se reúna una vez al año y normalice la colaboración entre gobiernos. Está por ver si Cataluña y el País Vasco volverán a este foro porque no quisieron participar en la última reunión de 2017, aunque Euskadi sí acudió a una reunión preparatoria convocada en 2018 por la entonces ministra Meritxell Batet.
Financiación
La gran cuestión pendiente entre el Gobierno y las comunidades autónomas es la financiación, asunto que deberá negociar este ministerio junto al de Hacienda, que es el que finalmente cerrará el pacto y lo traducirá en una ley para su aprobación en el Congreso. El sistema sigue vigente con la fórmula de reparto de recursos aprobada en 2009 y que debió renovarse en 2014, porque es una norma pensada para su actualización cada cinco años. Esa ley de hace once años sigue en vigor y las cifras se actualizan año tras año, pero sólo una reforma en las Cortes permite decidir un cambio en el reparto del dinero, a través de qué fondos, con qué criterios y en qué cuantía.
El Gobierno quiere también impulsar todas las comisiones y conferencias sectoriales que comparte con los ejecutivos autonómicos, en las que se toman decisiones sobre competencias compartidas y transferidas como educación o sanidad, o asuntos europeos como el reparto de fondos como la PAC, entre otras muchas cuestiones.
El pacto PSOE-Unidas Podemos prevé reforzar estas comisiones y crear "nuevos mecanismos intergubernamentales en los que las comunidades autónomas puedan intercambiar información y pareceres respecto a competencias de titularidad estatal".
