Investidura de Feijóo: los mayores reivindican un Gobierno que resuelva sus problemas pendientes

Los diputados mayores, grandes ausentes en el nuevo Congreso: sólo el 5% tiene más de 65 años

 

El tiempo pasa y los problemas no resueltos de los mayores se acumulan a la espera de la formación de un Gobierno. Este martes, dos meses después de los resultados inciertos de las elecciones del 23J, ha llegado por fin el día de la verdad para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (62 años). Hoy ha dado comienzo la primera jornada de debate en el Congreso de los Diputados para el primer candidato elegido por el Rey para presentarse a la investidura, que tendrá que explicar este mediodía su propuesta de país ante la Cámara, que se completará con la votación final este miércoles. Una puesta en escena, que debía celebrarse sí o sí para cumplir con los plazos parlamentarios, pero que todo apunta a que se quedará a en investidura fallida, en medio del debate sobre la amnistía a los independentistas y el presunto llamamiento a "socialistas" descontentos para que apoyen su investidura.

Por el momento, el líder popular ha logrado únicamente los apoyos de su grupo parlamentario, de los diputados de Vox, del único representante de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, y de Cristina Valido, de Coalición Canaria. En total, 172, a cuatro de la mayoría absoluta – dejando por imposible apoyos como los del PNV–, por lo que casi todo el mundo asume que la votación que se producirá este miércoles en el Congreso – y que tendrá una segunda vuelta en caso de no lograr mayoría absoluta el viernes 29 de octubre– dejará a Feijóo a las puertas de la Moncloa. Tanto es así que la presidenta de la Comunidad de Madrid, y líder del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, ya pidió hace unos días una repetición electoral. Ésta deberá convocarse en caso de que en un plazo de otros dos meses, el candidato socialista, Pedro Sánchez, tampoco reúna los apoyos suficientes para ser investido.

Y los mayores, ¿pa' cuándo?

Pero más allá del rifirrafe político que se espera durante las próximas jornadas, queda por ver si los asuntos que preocupan los mayores de 65 años – que ya son el 20% de la población– ocupan un rol central en los discursos dentro de un Congreso con apenas un 5% de diputados sénior, ahora que no estamos en campaña electoral. Lo que está claro es que tras estar todo el verano con un Gobierno en funciones, muchas de las medidas que afectan a los jubilados que quedaron suspendidas por el adelanto electoral del julio 23J, seguirán como mínimo hasta 2024 en el tintero.

Todo ello pese a que solucionar asuntos como la revalorización de las pensiones, las listas de espera de Sanidad o mejorar la atención a la dependencia son "urgentes", según explican a 65YMÁS diferentes plataformas de mayores. En lo concreto, el pasado Gobierno dejó por cerrar asuntos tan relevantes como la reforma de la jubilación parcial o la Ley del Cliente Financiero, impulsada por el jubilado Carlos San Juan. También está por ver si finalmente se consumará el blindaje de las pensiones en la Constitución prometido por Pedro Sánchez en campaña o todo dependerá de la interpretación de "revalorización" de Feijóo tras sus polémicas palabras al respecto durante la campaña electoral.

Sanidad: el reto de las vacunas Covid y acabar con listas de espera

La sanidad es una de las grandes preocupaciones de los mayores y uno de los retos de cara a los próximos meses será abordar la campaña de vacunación conjunta de gripe y Covid que empieza esta semana y que priorizará a los mayores de 60 años e inmunodeprimidos. Pese a depender de las comunidades autónomas, el ministerio de Sanidad, tiene mucho que decir en este asunto ya que es el encargado de fijar fechas, así como de la compra de dosis más o menos actualizadas a las nuevas variantes. 

Las listas de espera de la Sanidad y mayor inversión en esta materia son otro asunto pendiente que tendrá que hacer frente el próximo Ejecutivo. Por eso desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas (@PlataformaPMP) piden la implementación de un Plan Nacional de Salud para las Personas Mayores y con Discapacidad, que pone el foco en en el fortalecimiento de la salud pública, de la salud mental y la atención primaria, así como en los cuidados, en la coordinación sociosanitaria, y en la ampliación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

¿Qué pasará con las pensiones en 2024?

Después de la salud, la principal preocupación de las personas mayores es la economía. Por eso este mismo miércoles 27 de septiembre, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (@merp_org) convoca una concentración frente al Congreso de los Diputados para exigir a los partidos políticos presentes en el Parlamento, y al aspirante a presidente del Gobierno, en particular, que promuevan una reforma que blinde las pensiones en la Constitución.  "Somos 47 millones de potenciales pensionistas. ¡Vamos a ser parte activa de la investidura!" aseguran. Y si no es elegido, lo haremos en la de Pedro Sánchez", anuncian los miembros de la MERP, recordando que el candidato socialista se comprometió a este blindaje en la Carta Magna durante la campaña del 23J.

Respecto a la revalorización de las pensiones, aún hay dudas en caso de que Feijóo sea investido presidente sobre la manera en las que las podría actualizar. Si no hay cambios, la reforma de las pensiones de Escrivá se impondría y todas las pensiones volverían a subir conforme al IPC (Índice de Precios al Consumidor) interanual – que se conocerá en noviembre–, igual que lo han hecho este 2023, con mayores porcentajes para los no contributivas. “Todo el mundo debería tener tranquilidad económica en su vida y reconocido sus derechos”, reivindicaban durante la campaña electoral desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (@CEOMA_ong). De ahí que los pensionistas de la Coordinadora de Pensionistas (@CoespeOficial) también exijan "una pensión mínima de 1.080 euros con efectos retroactivos a enero de 2023". También queda pendiente ver en qué quedan los últimos flecos de la reforma de las pensiones en cuanto a jubilación activa y parcial, que no llegaron a rematarse en al anterior legislatura.

¡Vamos a ser parte activa de la investidura! Por eso nos concentraremos frente al Congreso en la investidura de Alberto Núñez Feijoó. Y si no es elegido, lo haremos en la de Pedro Sánchez.

¿Nos acompañas?#Somos47millones de pensionistas#BlindarLasPensiones en la Constitución pic.twitter.com/7qFkAets4L

— Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (@merp_org) September 18, 2023

Mejoras en la Atención a la Dependencia

Los servicios sociales también se suman a la lista de necesidades urgentes de los mayores. Por eso las diferentes asociaciones de mayores piden que se reduzcan los plazos de valoración de la dependencia, así como aumentar las partidas presupuestarias para las personas dependientes. Así, se atreven a pedir desde la PMP un Pacto de Estado en Materia de Cuidados de Larga Duración, al cual es imprescindible que se sumen todas las Administraciones Públicas, incluidas las Comunidades Autónomas y las entidades locales. 

Poniendo el foco en las necesidades de las personas mayores más vulnerables con necesidad de apoyo y cuidados, CEOMA cree que es necesario respetar sus preferencias "dónde quieren vivir y como” y "qué tipo de servicios quieren recibir.  Respecto a las residencias, los mayores exigen mayor coordinación con el sistema sanitario y hospitalario público, incrementar plazas públicas y concertadas para garantizar el acceso universal mediante evaluaciones socio-sanitarias, y luchas contra el maltrato eliminando las sujeciones físicas o químicas.

Garantizar la inclusión financiera de los mayores

En materia legislativa, una de las leyes de calado que se quedaron sin ver la luz la pasada legislatura es el proyecto de Ley de creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero– que podría retormar o no un nuevo Gobierno–. Pese a que se aprobó en Consejo de Ministros a finales de 2022, se quedó paralizada en el Senado por el anticipo electoral. La ley consistía en la creación de una nueva agencia de supervisión que venía a unificar los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias, además de garantizar la atención presencial para colectivos vulnerables como los mayores de 65 años, reivindicación impulsada por el médico jubilado y promotor de la campaña 'Soy Mayor, no idiota', Carlos San Juan.

De hecho, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, llegó a decir que este organismo era "muy esperado" y había conllevado "mucho trabajo" con diferentes ministerios, la industria, asociaciones de clientes financieros, así como asociaciones de mayores. Según la ley, la medida tendría que aplicarse a bancos, aseguradoras y gestoras de inversión. Su papel será clave para acabar contra la indefensión de los clientes financieros: será gratuito, sus dictámenes se emitirán en un plazo máximo de 90 días naturales y, sobre todo, porque sus resoluciones serán vinculantes, cosa que ahora no ocurría. Pero como reconocía Carlos San Juan a este periódico la ley se quedó "a puntito" de aprobarse. "Pero tras la convocatoria electoral y la entrada del Gobierno en funciones, me temo que habrá que volver a empezar de 0. Me siento frustrado, porque estuvimos a punto, pero ahora soy bastante pesimista".

Auditoría de la Seguridad Social

Respecto a otro de los asuntos pendientes que más reivindica el movimiento de pensionistas está hacer públicos los resultados de la Auditoría de Cuentas de la Seguridad Social. Según la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, el Gobierno, "en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social".

Además, la norma fija que "dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos". Es decir, el plazo para finalizar la auditoría expiró en julio de 2022, pese a lo cual, un año después, no se conoce el resultado de tal auditoría. Sin embargo, las últimas noticias sobre la auditoría las ofreció el ministro Escrivá, que en su última comparecencia ante el Pacto de Toledo entregó a la comisión un informe sobre las cuentas de la Seguridad Social, pero cuyo contenido no se ha dado a conocer. Fuentes del Ministerio señalan a 65YMÁS que la publicación del informe corresponde al Pacto de Toledo, no al ministerio. 

Las "injustas" penalizaciones de los jubilados anticipados

La publicación de dicha auditoría cuentas es una lucha a la que se suman la Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar con 40 o más años de cotización, ASJUBI40 (@asjubi40), que busca desde hace años reparación para los "injustos y discriminatorios coeficientes reductores de pensión" que sufren cerca de 800.000 jubilados, después de haber cotizado más de 40 años a la Seguridad Social. 

Un "castigo inmerecido", según lo definen, que padecerán hasta que se mueran, por el solo hecho de haberse retirado antes de la edad legal y que el anterior ministro Escrivá dejó sin resolver por completo. Por eso han llevado la causa ante la Justicia europea, a través del Parlamento y de la Comisión, incluso del Defensor del Pueblo comunitario, ante lo que ellos consideran "el ninguneo al que les han sometido en la reforma de las pensiones, diseñada por el ministro José Luis Escrivá, y aprobada por los sindicatos UGT y CCOO".