Ya hay nuevo Gobierno PSOE-Unidas Podemos, ¿qué pasará ahora con las pensiones?

Parecía imposible, pero después de ocho meses en funciones el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez echa a andar a partir de hoy tras lograr el respaldo -por la mínima- de la mayoría simple del Congreso (167 diputados) en la segunda votación celebrada este martes 7 de enero. Un Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos (@ahorapodemos), que ya empieza acelerado y acumula muchas tareas pendientes entre las que destaca la aprobación de la subida de las pensiones conforme al IPC en 2020 (en torno al 0,9%). Se trata de una promesa electoral del PSOE (@PSOE) que quedó supeditada a la formación del nuevo Gobierno, y que ha mantenido en vilo a los más de 8,8 millones de pensionistas en nuestro país a la espera de su aprobación. Este será uno de los puntos más esperados del primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo que previsiblemente se celebrará la próxima semana, momento en el que se verá si las pensiones son una "prioridad para el nuevo Gobierno", tal como ha manifestado en varias ocasiones. 

Durante su discurso de investidura ante el Congreso hace unos días, el ahora presidente Pedro Sánchez, ya avanzó que presentará a la oposición y a los agentes sociales "un nuevo Pacto de Toledo que garantice mediante el blindaje en la Constitución la sostenibilidad y la suficiencia" del sistema público de pensiones, comprometiéndose con la revalorización por ley de las pensiones conforme al IPC y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y no contributivas, tal como confirma también el acuerdo de Gobierno firmado con Unidas Podemos. Se espera que el incremento de las pensiones sea una de las primeras medidas a tomar y que se podría tramitar por la vía rápida en el Congreso, ya que todos los grupos parlamentarios están a favor o sino, tendría que recurrir a un Real Decreto Ley.

El nuevo Gobierno se ha comprometido además a la "reducción de la brecha de género" en las pensiones y la ampliación de las pensiones de viudedad "para parejas sin vínculo matrimonial", según destacó Sánchez en su discurso. Por otro lado, propuso "la reforma y la reorganización" del sistema de Seguridad Social "en el marco del diálogo social" para asegurar "un aumento estructural de ingresos" y "limitar los gastos impropios del sistema", también presente entre los compromisos firmados con Unidas Podemos. Pero de momento, son solo promesas a la espera de que sean aprobadas, ante una férrea oposición que no se lo pondrá nada fácil al nuevo Ejecutivo.

Mientras tanto, pensiones congeladas

Hasta que los compromisos se conviertan en realidad, los pensionistas han iniciado el año 2020 con la misma pensión que en noviembre (porque en diciembre hubo paga extra). Todo ello después de que en 2019 los pensionistas experimentaran un alza del 1,6% en sus prestaciones (la media se sitúa en 1.143,55 euros), pero renunciando a la prometida revalorización por parte del PSOE. Tampoco han tenido para este mes de enero la actualización anual del 0,25%, establecida por el Ejecutivo del PP en la reforma de las pensiones de 2013 y recogida en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social. Esta medida fue suspendida el pasado 27 de diciembre en el último Consejo de Ministros, "para evitar duplicar costes y procedimientos". "Es mejor aplicar la revalorización del 0,9% de una vez cuando el Gobierno esté "plenamente operativo" y con caracter retroactivo desde el 1 de enero de 2020", según informó la ministra en funciones Isabel Celáa. Aún así, muchos pensionistas consideran este índice de revalorización es "molesto", ya que se queda corto y no llega a tiempo.

La ministra en funciones Isabel Celaá, en el último Consejo de Ministros. Europa Press

 

"Lo malo es que los gobernantes, empezando por su presidente, habían anunciado en diversas ocasiones que la actualización de las pensiones se haría en diciembre. Lo tomamos como un compromiso firme, como otros que se hicieron en campañas electorales y fuera de ellas. Si se corrige, que nadie se extrañe de que se entienda como un chantaje a otros partidos", opinaba el presidente de 65ymás, Fernándo Ónega, tras conocer la noticia. En efecto, así lo había estipulado el Gobierno en funciones en el Plan Presupuestario para el próximo año enviado a la Comisión Europea. "Fue sorprendente que no tuviesen ese gesto con los pensionistas, tal como se habían comprometido, y después de haber aprobado otras leyes menores durante su Gobierno en funciones. Esperemos que ésta sea una de las primeras medidas que aprueben, como muy tarde antes de terminar enero", opina Eduardo Rodríguez Rovira, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (@CEOMA_ong). El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (@NagusiakBizkaia) también ha mostrado su "indignación" por la "congelación" de las pensiones en diciembre y ha insistido en que continuarán con sus protestas hasta que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros.

Reacciones de la oposición

Por su parte, la oposición, encabezada por el Partido Popular (@populares), anunciaba que recurriría la congelación de las pensiones de diciembre ante el Tribunal Constitucional. Desde Ciudadanos (@CiudadanosCs) afearon a Pedro Sánchez por “supeditar” las pensiones a la negociación con ERC para garantizar su investidura y desde Coalición Canaria (@Coalicion_GC) tacharon de “chantaje” la decisión. En las filas populares han aprovechado, además, para cargar contra el presidente en funciones por no comparecer para explicar la situación, como venía siendo habitual desde que instauró esta tradición el expresidente Rodríguez Zapatero. Casado, mostró su malestar en redes sociales al asegurar que "los pensionistas no pueden ser rehenes de las negociaciones con independentistas".

El PP recurrirá al Constitucional la congelación de las pensiones. Los pensionistas no pueden ser rehenes de las negociaciones con independentistas.#SánchezCongelaLasPensiones como en 2010 y las quebraron en 1996. No permitiremos que vuelvan a hacerlo.https://t.co/Oi826TyzZO

— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 29, 2019

Ante tanta polémica, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, tuvo que salir a defender la decisión del Gobierno de mantener las pensiones congeladas hasta que lo apruebe el nuevo Gobierno. El mensaje del PSOE se mantiene firme: no se renuncia “en absoluto” a subir las pensiones. “Al contrario, es una prioridad para el Ejecutivo y una cuestión de máxima relevancia para los pensionistas, como derecho reconocido en nuestra Constitución”, afirman desde Moncloa.

Cuánto podrían subir

El compromiso de subir las pensiones en función del IPC (Índice Precios al Consumo), que aparece también el el acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno, genera un abanico de posibilidades. Mientras que el Gobierno se ha comprometido a subirlas en torno al 0,8-0,9%- lo que supondría 11 euros más de media para los jubilados-, las previsiones de entidades económicas lo situarían por encima de ese umbral. El Banco de España (@BancoDeEspana), por ejemplo, pronostica una inflación del 1,2% para este año, mientras que el panel de economistas de Funcas (@FUNCASES) cree que la tasa media anual será del 1%. Como consecuencia, los pensionistas, seguirán sufriendo una pérdida de poder adquisitivo, según los expertos. "Una cosa son las pensiones mínimas y no contributivas, para las que se debería establecer medidas concretas de Acción Social, y otras las actualizaciones que se deberían aplicar al resto de las pensiones. Y esto es urgente", opina Eduardo Rodríguez de CEOMA.

Respecto a este asunto, PSOE y Unidas Podemos han acordado eliminar el Factor de Sostenibilidad –que liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida de cada momento- y el Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social –que desvinculaba el crecimiento de las pensiones del IPC-, aprobados en la Ley 23/2013, lo cual podría afectar a las actualizaciones de las pensiones. No obstante, el Gobierno seguramente tendrá que afrontar una reforma del Sistema de pensiones para hacer frente al coste de la subida de las pensiones, con un gasto en récord que cerró el año en los 9.759 millones de euros destinados al pago de las prestaciones, un 4,7% más que el año anterior.

Otras medidas urgentes para los mayores

Otras de las medidas que llevan meses pendientes de la formación de un nuevo Gobierno y de la aprobación de nuevos presupuestos- recordemos que hasta ahora se ha trabajado con los prorrogados de Rajoy- son la aprobación de la ley de eutanasia, que se quedó en el tintero en la anterior legislatura del PSOE o la eliminación del copago farmacéutico, prometido por los socialistas. En este sentido, el acuerdo PSOE-Unidas Podemos, se compromete a la "eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012 a a lo largo de la legislatura, empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Estableceremos garantías para que no puedan introducirse otros nuevos que no atiendan a la situación socioeconómica de las personas, incluidos los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos ortoprotésicos y por los dietéticos, a través de la derogación de los artículos que habilitan estos copagos en el RD-Ley 16/2012". 

Pero desde la sociedad civil y las asociaciones de mayores, lo que reclaman son cambios urgentes en Sanidad y la ley de Dependencia para acabar con la falta de recursos y las listas de espera interminables. "Después de más de 13 años de la Ley de Dependencia, se han visto sus deficiencias. Es urgente que se ponga al día, ya ha pasado su periodo de prueba", opina Eduardo Rodríguez de CEOMA. En este sentido, Pedro Sánchez, se ha comprometido en su discurso de investidura a elevar hasta el 7% del PIB la inversión en sanidad durante la próxima legislatura y garantizar su acceso universal. En el acuerdo con Podemos también se especifica que se mejorará "la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para reducir las listas de espera al menos un 75% y mejorar "las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia". También se contempla la aprobación de "la Estrategia frente a la Soledad no Deseada" y la elaboración de un "Programa de acreditación de calidad de Residencias de Mayores, en coordinación con las comunidades autónomas". Pero como en todos los arranques de investidura, habrá que esperar al menos hasta los primeros 100 días para ver si se acometen las reformas más urgentes.