El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, apuesta por ampliar la red pública de residencias y por financiar el fortalecimiento de los recursos públicos con un sistema fiscal más progresivo y con mayor capacidad recaudatoria en su Informe de Progreso 2020, el primero del Gobierno en el que hace balance de sus primeros seis meses y de la gestión de la crisis del Covid-19, y en el que examina la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en España.
Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el Informe de Progreso sobre la #Agenda2030; un análisis sobre dónde estamos como país y adónde queremos llegar en el futuro.
— Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) July 14, 2020
Un informe que deja claro que frente a la crisis hemos de apostar por #MásAgenda2030QueNunca. HILO pic.twitter.com/VOFFZRpP9t
"Resulta urgente revisar nuestro sistema tributario para dotarlo de mayor progresividad y capacidad recaudatoria, para que sea un verdadero catalizador de la justicia social y la reducción de la desigualdad, de forma que nuestro país se aproxime a los estándares de justicia fiscal a nivel europeo, que es además condición de posibilidad de llevar a cabo la reconstrucción", subraya Iglesias en el Informe, que ha presentado este martes 14 de julio en el Consejo de Ministros.
El próximo 25 de septiembre se cumplirán cinco años de la Resolución de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En estos cinco años, según se precisa en el informe, "muchas heridas" de la sociedad "han seguido muy abiertas", como "la pobreza, la desigualdad, la precariedad y la indefensión", pero también destaca que ha sido "un tiempo en el que lo mejor del país, su gente, ha defendido, a veces incluso sin saberlo, el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible".
Pacto de cuidados
Entre las medidas que propone para alcanzar el cumplimiento de los ODS en 2030, destaca un Pacto por los Cuidados que sea impulsado en esta legislatura, "capaz de diseñar un sistema estatal de cuidados sostenido desde lo público", y que combine tres dimensiones: el derecho a recibir cuidados y facilitar su acceso a toda la población; el derecho a cuidar en condiciones de igualdad y el derecho a trabajar en el ámbito de los cuidados en condiciones dignas.
En concreto, para garantizar el derecho a recibir cuidados, Iglesias propone extender y fortalecer el sistema de atención a la dependencia a través de la ampliación de la red pública de residencias, la atención domiciliaria y el aumento de la dotación de recursos de la Ley de Dependencia.
"Ello permitiría, de una vez por todas, cerrar la brecha de 270.000 personas con prestación reconocida que no están percibiendo los recursos que la Ley les reconoce", subraya.
Conseguirlo, también pasa, a su juicio, por la universalización de la educación infantil de cero a tres años, "que además de ser un instrumento clave para el desarrollo de niñas y niños, cumplen una importante función de facilitación de la conciliación". En la actualidad, según advierte, la red pública cubre el 32% de la población en ese tramo de edad.
"La universalización de la primera etapa de la educación infantil (de 0 a 3 años) es también una herramienta poderosa para luchar contra la pobreza y a favor de la equidad", añade, señalando el efecto positivo en el desempeño educativo futuro de los niños y niñas más vulnerables, pero también, en su salud física y mental, su seguridad emocional y en el desarrollo de sus capacidades.
También propone "valorar socialmente los cuidados no remunerados, garantizando las condiciones económicas y de tiempo para poder llevarlos a cabo" de forma que "la conciliación no suponga una renuncia para las mujeres y que cuidar, sin que la sociedad los penalice, sea también un derecho de los hombres"; y dignificar socialmente y mejorar las condiciones de las empleadas del hogar que trabajan en "una enorme precariedad", ratificando el Convenio 189 de la OIT sobre Trabajo Decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
Para llevar a cabo este fortalecimiento de lo público, el vicepresidente segundo insiste en la "urgencia" de "aumentar la progresividad y capacidad recaudatoria del sistema fiscal", invirtiendo la tendencia de los últimos años en los que se ha dado "más peso a los impuestos indirectos, que tienen un carácter más regresivo" y que "han contribuido al aumento de la desigualdad".
Asimismo, señala que España se encuentra entre los países con menor presión fiscal de la UE, "lo que tiene un importante coste en términos de disponibilidad de ingresos públicos para financiar servicios públicos de calidad y generar incentivos para la impulsar el modelo productivo hacia la sostenibilidad".
Según precisa, citando cifras de Eurostat, en 2019 la presión fiscal de España se situó seis puntos por debajo de la media europea, concretamente un 39,1% frente al 45,1%, siete puntos por debajo de la media de los países de la eurozona, que alcanzaba en dicho año el 46,5%.
Iglesias señala que el Gobierno, a través de las distintas medidas sanitarias, sociales y económicas adoptadas en el marco de la pandemia, ha tratado de "erigir un muro de contención" y defiende que "fortalecer los recursos públicos resulta clave para consolidar esta respuesta a la crisis y garantizar la gestión sostenible de los niveles de deuda a los que se tendrá que hacer frente" y "que no se conviertan en una carga para la población".
Reindustrialización verde
Por otra parte, en el documento, Iglesias apuesta por una reindustrialización verde después de que la crisis sanitaria de la COVID-19 haya puesto de manifiesto la dependencia exterior para el suministro de bienes y equipos básicos que han sido fundamentales para garantizar la protección de la salud de la población.
"Nuestra vulnerabilidad frente a la amenaza climática sigue presente y es necesario que la reactivación económica vaya orientada a la reducción de nuestra dependencia exterior en productos y equipos básicos, y abordarlo siendo conscientes de los límites ambientales de nuestro planeta. Necesitamos, por tanto, impulsar una recuperación verde, inclusiva y de mirada larga", subraya.
En el informe, el vicepresidente segundo también aborda otros asuntos que requieren medidas para cumplir con los ODS en 2030 como la necesidad de romper con la brecha de género o la reducción de la pobreza, concretamente, la que afecta a la infancia.
"La pobreza infantil es una realidad preocupante de nuestro país que permaneció oculta durante muchos años. Supone una grave vulneración de derechos con consecuencias devastadoras para quienes la padecen", indica, al tiempo que recuerda que en 2018, el 29,5% de los niños, niñas y adolescentes españoles se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social.
En todo caso, destaca el "efecto mitigador" que pueden tener medidas como el Ingreso Mínimo Vital, aprobado recientemente por el Gobierno, y "del que podrían beneficiarse solo en este año un millón de hogares, en los que viven 2,3 millones de personas".
